El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social había sido creado en 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”. “Este instrumento fue utilizado con finalidades políticas y clientelisticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. En esta línea, las Auditorias efectuadas por la SIGEN pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros”, informa el texto.

En tanto, el FFSU había sido creado por la Ley N° 27.078 y “se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC, con servicios pagados por los usuarios. Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN. Entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera”.

En cuanto al fondo PRODAF, fue creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito. En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el fondo “cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución”.