Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) relevó 717 conflictos laborales entre enero de 2024 y febrero de 2026, en el marco de los primeros dos años de gestión de Javier Milei. Los casos incluyeron despidos, suspensiones y cierres de empresas, con fuerte impacto en la industria y los servicios. Santa Fe se consolidó como el segundo foco de conflictividad del país.

El estudio vincula este escenario con el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura importadora, medidas que modificaron la dinámica productiva y afectaron la actividad económica, el empleo y los salarios. Más del 62% de los conflictos se concentró en la industria, especialmente en los rubros textil, alimenticio y metalúrgico, sectores sensibles a la competencia externa y a la caída del consumo interno.

Los servicios representaron casi el 17% de los casos, con epicentro en recreación, gastronomía, transporte, medios y sanidad. También se registraron conflictos en el sector primario (9,5%), comercio (8,2%) y construcción (3,3%). La principal causa fueron los despidos, que explicaron el 63,6% de los episodios relevados. En ese período se perdieron más de 270 mil puestos registrados, según datos oficiales.

Las pequeñas y medianas empresas encabezaron la estadística con el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes compañías nacionales. En muchos casos, las firmas optaron por reducir personal o reemplazar producción local por importaciones. Las empresas estatales tuvieron una incidencia menor en el total.

Geográficamente, casi la mitad de los conflictos se concentró en la región centro: Buenos Aires lideró con el 25,8%, seguida por Santa Fe (10,5%), Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Fuera de ese núcleo, Tierra del Fuego y Tucumán también mostraron niveles significativos de tensión laboral.

El informe advierte además un agravamiento tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. Hasta septiembre de ese año el promedio era de 24 conflictos mensuales; desde entonces trepó a 42 por mes. El textil aparece como el rubro más golpeado, afectado por la competencia de plataformas internacionales y por cierres y recortes en plantas industriales.

En la metalurgia y el sector automotor se multiplicaron suspensiones y despidos, mientras que la industria alimenticia sumó más de 80 conflictos en todo el país. Empresas lácteas, avícolas y bodegas regionales enfrentan crisis financieras, deudas acumuladas o caídas en la producción. El panorama, según el Cepa, expone una persistente tensión en el mercado laboral en un contexto de transformación estructural de la economía.