Cristian Auguadra deberá presentarse ante el Congreso para explicar el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y cómo el organismo interactúa con otras áreas claves como Seguridad y Defensa, fundamentalmente después de que Javier Milei ampliara las facultades para el espionaje con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el 31 de diciembre pasado.

El año arrancó convulsionado en materia de espionaje. Desde distintos sectores, hubo repudio al DNU 941 que modificó el sistema de inteligencia y habilitó a la SIDE, por ejemplo, a hacer “aprehensiones” de personas o a convocar a los militares para que hagan tareas internas.

Pese a la preocupación casi generalizada, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) recién se convocó más de siete meses después. La reunión que tuvo lugar en la tarde del martes fue calma. Casi una presentación en sociedad, la describieron algunos de sus asistentes.

La CBI quedó en manos de Sebastián Pareja, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), después de unas escaramuzas del oficialismo con el PRO porque Cristian Ritondo denunció públicamente que le habían prometido la presidencia del cuerpo pero lo habían desairado. En la interna libertaria, Pareja es un aliado de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Pareja tiene la tarea de controlar a Auguadra, que llegó a la cima de la SIDE con el beneplácito del asesor presidencial Santiago Caputo.

Para la reunión de este martes, Pareja había hecho la tarea: se había entrevistado con los integrantes de la CBI y había mantenido contactos con Auguadra, según pudo reconstruir Página/12. De allí, surgió la necesidad de convocarlo para que expliqué cómo está funcionando la SIDE –que ya tuvo tres responsables distintos durante la era Milei–.

Durante la reunión, se decidió también avanzar con una serie de pedidos de informes para definir una serie de cursos de acción, más allá de la situación particular de la SIDE. En primer lugar, se pretende saber qué impacto tuvo el DNU 941 en el Ministerio de Defensa y qué cambios promovió el ministro Carlos Presti en la cartera.

En segundo lugar, se aprobó un pedido de informes para Alejandra Monteoliva para conocer algunos cambios que habrían tenido lugar dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). En la CBI tienen la información de que Miguel Gómez Goldin habría sido designado director de coordinación del subsistema de inteligencia criminal, aunque el nombramiento no fue oficializado.

La llegada de un hombre ligado al ecosistema de Patricia Bullrich coincidió con la salida del exfiscal platense Marcelo Romero, que días atrás confirmó su renuncia ante el medio 0221. Allí dijo que en el Ministerio de Seguridad estaba “todo el mundo excitado con el poder” y que había “mucha paranoia y persecuta”.

También desde el peronismo se promovió un pedido para que la CBI acceda a la causa que tramita en San Isidro y donde se investiga a Facundo Leal, extitular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Leal fue toda una caja de sorpresas porque cuando allanaron su departamento encontraron todo tipo de parafernalia para hacer espionaje: desde cámaras o grabadores ocultos hasta detectores de radiofrecuencia, inhibidores de señal y un teléfono satelital.

La CBI quiere analizar qué hay en el expediente que tramita en el juzgado de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez. Es posible que lo que se busque es iniciar una investigación dentro del propio Congreso para determinar a quién espiaba Leal con estos aparatos. La CBI tiene antecedentes de este tipo: lo hizo con distintos casos de espionaje ocurridos desde el macrismo, desde el accionar de los Súper Mario Bros, la llamada Gestapo antisindical o la vigilancia a las familias del ARA San Juan.

La discusión sobre los alcances del DNU 941 quedará para cuando comparezca Auguadra. Los tribunales no se mostraron especialmente proactivos con este tema. A fines de mayo, la jueza Rita Ailán rechazó la medida cautelar que había pedido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para frenar la reforma de Milei.

El 1 de julio, el fiscal Miguel Gilligan dictaminó a favor de admitir la acción de amparo colectivo que formuló el organismo de derechos humanos. Sin embargo, una semana después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal anuló todo lo actuado –que no había sido demasiado, pero que inevitablemente seguirá sumando retrasos–.

Los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriano entendieron que Ailán, antes de rechazar la cautelar, debió haber inscrito la cuestión como un proceso colectivo, siguiendo los parámetros que establece la Corte Suprema. Como no lo hizo, afirmaron que se encontraban afectadas las garantías del debido proceso legal y ordenaron que se sortee un nuevo juez para que analice la acción promovida por el CELS.