El Gobierno nacional volvió a mover el mismo registro: una resolución, un anexo y miles de personas que se enteran por el banco de que ya no cobran. A las 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral que la Secretaría Nacional de Discapacidad había dejado sin efecto por la Resolución 3695/2026, publicada el 29 de octubre, se sumaron 4.329 suspensiones más por la Resolución 3702/2026, del 3 de noviembre. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó el total: 26.141 beneficios alcanzados.

El trámite para recuperarlos tampoco es el mismo que antes. La Resolución 3697/2026 sacó a la ANSES como canal presencial para presentar la documentación y puso en su lugar a las dependencias habilitadas del PAMI. Los titulares tienen 60 días corridos desde la notificación para pedir la rehabilitación con estudios médicos actualizados, pero las organizaciones del sector advierten que la notificación es, en los hechos, una incógnita: el artículo 5 de la norma remite a la Ley 19.549 y a su reglamento, sin fijar un mecanismo concreto ni un plazo para completar las comunicaciones individuales.

«Esta resolución vuelve a evidenciar una despreocupación palmaria por el derecho de defensa», señalaron en un comunicado conjunto REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, la APDH, ACIJ, RALS y la Asociación Civil Andar. «El ejercicio del derecho de defensa supone la obligación de notificar a la persona y darle la oportunidad de producir prueba antes de que la suspensión se efectivice», agregaron.

La mitad del dato que no se difundió

El número que las resoluciones no dicen es el otro: mientras se suspende, no se otorga. Según la respuesta a un pedido de acceso a la información presentado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), en todo 2025 no se otorgó ninguna pensión por invalidez laboral. Desde 2024 hasta hoy se aprobaron 5.825, a pesar de que a diciembre de 2023 había 587.373 solicitudes en trámite y de que entre 2024 y lo que va de 2026 se presentaron otras 198.628: una pensión aprobada cada 34 pedidos nuevos, sin contar los que ya estaban esperando.

A eso se suma un hueco legal que ya tiene años: la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, creada por la ley 27.793, sigue sin procedimiento implementado. La consecuencia es una sola: la puerta de entrada al sistema está cerrada mientras la puerta de salida se abre por resolución. Se estima que apenas el 20 por ciento de las personas con discapacidad en el país cobra una pensión, y que desde el inicio de la gestión de Javier Milei hay 71 mil pensionados menos, según las estadísticas de seguridad social.

Un ingreso por debajo de la línea de la indigencia

La pensión por invalidez y vejez quedó en noviembre en 310.910,92 pesos, que con el bono de 70.000 llega a 380.910,92. La canasta básica de bienes y servicios para un adulto que mide el INDEC está en 546.926 pesos: el ingreso de una persona con discapacidad quedó 160 mil pesos por debajo de ese umbral, y esa medición ni siquiera contempla las necesidades específicas que impone una discapacidad. El bono, además, está congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024.

El antecedente judicial tampoco es un detalle. En septiembre de 2025 el Juzgado Federal de Catamarca N° 2 dictó una cautelar en la causa iniciada por el Defensor del Pueblo y otras organizaciones contra la ex ANDIS; el 17 de octubre de ese año la extendió a todo el país y ordenó restablecer las pensiones y pagar los haberes retenidos. La ANDIS instrumentó la restitución con la Resolución 13.901/2025. El escenario cambió el 12 de febrero de 2026, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó la sentencia de primera instancia: ese fallo es el argumento central de las nuevas suspensiones. Las organizaciones remarcan que esa sentencia no está firme, porque hay recursos pendientes ante la Corte Suprema.

La versión oficial

El Gobierno sostiene que se trata de una auditoría y no de un recorte. Ravier explicó que las pensiones por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y no tienen medios de subsistencia, y que la suspensión no implica afirmar que los titulares no tengan una incapacidad, sino que no hay información suficiente para verificar que siguen cumpliendo los requisitos. Entre los casos que expuso figuran 38 beneficiarios con dos o más vehículos a su nombre, 26 con dos o más inmuebles, 40 con al menos una propiedad de más de una hectárea y uno con un avión. Las entidades responden que la mayoría de las suspensiones responde a cuestiones administrativas y que un bien registrado no prueba un fraude.

El Senado, listo; el presupuesto, en contra

El telón político se mueve en paralelo. Patricia Bullrich anunció el jueves 12 en sus redes que el bloque oficialista está «listo para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado» y que el país que se está construyendo es «con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera». La nueva norma reemplazaría a la ley de emergencia, que vence el 31 de diciembre, y el Senado podría tratarla el 19 de noviembre. El problema es la caja: para el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley necesita un presupuesto nuevo y la eliminación de cláusulas del proyecto 2027, como la que borra el nomenclador único de discapacidad. «Si el presupuesto no cambia, la ley se cae», resumió Pablo Molero, coordinador del Foro.

El proyecto de Presupuesto 2027, además, fija la pensión por invalidez laboral en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y elimina el Certificado Único de Discapacidad como vía directa de acceso, según el análisis que el diputado provincial Walter Agosto presentó sobre el impacto en Santa Fe. Con el haber mínimo de diciembre en 453.929,95 pesos, el 70 por ciento son 317.750,96: menos que la pensión actual con bono y muy lejos de la canasta que mide el INDEC.

Lo que no se ejecuta

El otro ajuste es el que no aparece en ninguna resolución: el de las partidas que existen y no se gastan. A noviembre, el 61 por ciento de los programas y metas que el presupuesto abierto registra como orientados a personas con discapacidad muestra una ejecución inferior al 50 por ciento. Las acciones de prevención y control de discapacidades devengaron el 33,42 por ciento; la atención a personas con discapacidades psicofísicas, el 43,81; las acciones de integración, el 46. Y la Secretaría de Trabajo informó en su rendición trimestral que los beneficios mensuales otorgados a la promoción del empleo fueron 53 por ciento menos que los previstos para 2026, con el argumento de «cuestiones administrativas que dificultaron la aprobación de proyectos en el plazo estipulado».

El resultado se mide en un dato que el propio Estado relevó: el 87,4 por ciento de las personas con discapacidad estaba desempleada, contra una desocupación general que el INDEC ubica en 7,9 por ciento. «A comienzos de este gobierno el único organismo que cumplía el piso de cupo laboral del 4 por ciento era la Agencia Nacional de Discapacidad, hoy desaparecida en un cuartito del fondo del Ministerio de Salud», dijo Laura Alcaide, de la Asamblea Discas en Lucha. En Rosario, donde el sector viene marchando desde 2024 por el atraso arancelario y la poda de prestaciones, la cuenta la pagan las mismas familias: 26.141 personas que hoy tienen que demostrar, otra vez y por escrito, que su discapacidad existe.