La desregulación del mercado de alquileres, y el deterioro del salario ante la suba de precios expone un escenario de síntomas preocupantes que van in crescendo, según confirman actores cercanos a las inquietudes de los inquilinos. Un rasgo que no se veía desde la post crisis 2001 es el aumento de las consultas de garantes por evitar embargos o consecuencias gravosas por los aprietos de quienes son sus fiados. Aumento de la morosidad en las expensas. Jóvenes que habían comenzado a emanciparse pero que por no poder afrontar los costos de alquilar retornan al hogar familiar. En la otra punta, inquilinos jubilados que por el mismo motivo acuden a sus hijos por ayuda o por vivienda. Universitarios que rescinden locaciones y regresan a sus localidades de origen, resignando sus estudios o intentando continuarlos de otro modo. Diversas secuelas que ya se cuentan en numerosos casos como para marcar tendencia.

El foco está puesto en la bisagra que supuso la derogación de la ley de alquileres en el comienzo de la gestión Milei con el DNU 70/23. «Decían que la oferta locativa aumentaría y bajarían los valores. Al contrario: se aceleraron los aumentos de alquileres, con índices de dudosa procedencia como el de contratos de locación que promedia inflación y salarios pero que sin embargo ajusta por encima del Indice de Precios al Consumidor, como si los salarios le ganaran a la inflación. Además, en una política nacional que obliga cerrar paritarias por debajo del 1 por ciento mensual», fustigó Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda, en la Oficina de Defensa del Consumidor municipal.

«La situación es grave, los aumentos en los alquileres duplican o triplican la inflación mensual. Claramente, es lo que el mercado inmobiliario buscó con la desregulación total y el verso de la oferta y la demanda», sostuvo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos en la provincia de Santa Fe. «Nunca vimos una situación así, los inquilinos se quedaron sin ningún tipo de protección y totalmente desamparados», agregó.

En este contexto, surgen los síntomas. «Hace tiempo vengo observando y advirtiendo: crecieron las consultas de garantes, es el síntoma del momento, el garante que se enteró que el inquilino tiene deuda, que fue intimado por el dueño o la inmobiliaria y quiere escindirse de ese contrato en el que él es fiador», observó. «Vienen a buscar asesoramiento para evitar un embargo judicial», reveló D’Orazio.

«Esta realidad llevó a que el principal problema hoy sea la dificultad para sostener el pago del alquiler –terció Artola– lo que se manifiesta, por un lado, en la rescisión anticipada de contratos. Según la última encuesta que hicimos el 30% de los inquilinos tuvo que rescindir su contrato porque no podía pagarlo», reveló el referente de la Federación de Inquilinos. Asimismo, confirmó la tendencia de «jóvenes que no pueden sostener el pago o renovar el contrato y se vuelven a vivir con sus familias, o al revés, adultos mayores que no pueden pagar el alquiler y se van a vivir con los hijos. Otros se van a lugares más chicos o alejados, o directamente van a vivir a pensiones o alquilan habitaciones compartidas», añadió.

En la Oficina del Consumidor municipal confirman estos casos. «Gente que se reagrupa y donde antes vivían 1 o 2 ahora viven 4 personas. Inquilinos que se mudaron de barrio Martin a Abasto, o de Abasto a Tiro Suizo, para achicar costos», puso de ejemplo D’Orazio. Y el caso de universitarios de otras localidades que rescindieron contratos el año pasado por no sostener el canon de locación.

De acuerdo a los casos que llegan al mostrador de la Oficina municipal, se nota que oscurece el panorama de quienes alquilan.  Por ejemplo, en el atraso en el pago de expensas, que en promedio general aumentó en Rosario del 1% al 3%. «La morosidad varía, en clase media alta no hay gran incidencia, casi cero, pero hay otros consorcios con morosidad de 10 o 20, y hasta 30% en algunos casos y hablo de la zona central, el macrocentro. En los barrios populares, los Fonavi, quizás sea más del 50%. La crisis hace mella, la morosidad afecta y genera un doble juego: incrementa el valor de la expensa por soportar la morosidad de otras unidades. Y el inquilino está pagando un cargo que normalmente en otro momento le correspondía al propietario», señaló D’Orazio. Uno de los efectos de la desregulación del mercado, donde ahora el inquilino carga con expensas ordinarias no habituales, expensas extraordinarias e impuestos que gravan el inmueble, según los casos. Antes del DNU, no.

“Hoy los contratos tienen aumentos cada tres meses, muy por encima de la inflación y por un plazo de duración entre uno y dos años. Si a esto le sumamos los gastos de ingreso (comisión inmobiliaria, sellado, depósito) y los aumentos en los servicios e impuestos, el combo es fatal», cuestionó Artola.

El mercado se calienta a un ritmo mayor que la inflación oficial. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) difundió los valores locativos de departamentos en lo que va de abril. Se están pactando contratos con aumentos 4%; 6,1%; y 12,5% para los departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, respectivamente en cuanto a los valores de marzo.

El promedio de los precios de monoambientes es de $260.000, de los departamentos de dos ambientes es de $350.000 y el de tres ambientes $450.000. Los aumentos interanuales fueron de 73,3%, 89,2% y 87,5% respectivamente.

Aunque el informe observó que la disponibilidad de unidades aumentó 24% interanual, en la opinión de D’Orazio eso no es fidedigno. «La demanda decayó respecto de diciembre de 2023, aunque los corredores digan lo contrario. Si voy a la plataforma, sí hay mayor número de inmuebles ofrecidos, pero hay que ver qué cantidad de operaciones hay. Si tengo 1000 inmuebles más, pero en diciembre tenía 300.000 contratos en vigencia y hoy tengo 290.000 no hay un incremento de oferta, hay retracción de demanda», observó el funcionario municipal.