La querella habla una nueva modificación a la razón social de la compañía que debía buscar la embarcación. Desde la empresa niegan cualquier vínculo con el cambio.
Aunque el Gobierno anule en las próximas horas la licitación de empresas para la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre pasado en el Mar Argentino con 44 tripulantes a bordo, continuará la causa judicial que investiga la adjudicación directa de Igeotest. Tras la serie de irregularidades que publicó PERFIL sobre la firma española del argentino Marcelo Devicenzi, una de las querellas amplió la denuncia ante el fiscal federal Federico Delgado, ya que —sostienen— volvió a modificarse la razón social de la compañía preseleccionada en la web del portal Compr.ar. El lunes pasado vencía el plazo del mantenimiento de la oferta de Igeotest, pero este medio detectó que hubo una nueva modificación sustancial en el pliego publicado en Compr.ar. Ahora figura de nuevo Igeotest Sciences, S.L, (NIF: B17511940) la primera empresa que resultó seleccionada y no Igeotest Geociencias y Exploraciones, S.L (NIF: B55178248). Las Bases y Condiciones Generales del pliego dicen que el Estado argentino no podrá contratar los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. “Nuevamente cambios realizados a posteriori del cierre de las ofertas Esta vez, alguien —cuya identidad y cargo desconocemos aún— accedió a la plataforma dependiente del ministerio de Modernización y volvió a ingresar el nombre original y el número de sociedad con el que ofertó la preadjudicada”, sostiene la ampliación de denuncia que presentó la abogada querellante Valeria Carreras, perteneciente al estudio de Fernando Burlando. “Como querellantes queremos la búsqueda como prioridad a través de un proceso transparente, legal, no direccionado y en manos de empresas idóneas”, sostuvo la letrada en diálogo con Perfil. Fuentes de la empresa calificaron de «absolutamente falso» y niegan «rotundamente» cualquier vinculación con la manipulación de los datos. En diálogo con Perfil, no ocultaron su sorpresa por «la sugestiva manipulación de los datos». «La empresa es totalmente ajena a esa modificación», agregaron. En paralelo, y forzada ante este escenario, la compañía emitió un comunicado en el que sostiene que «ha sido objeto de una impugnación no válida (jamás se concretó el sustento económico requerido), plagada de argumentos falsos destinados a sembrar dudas y generar desinformación ante un tema de alta sensibilidad para toda la sociedad, pero especialmente para los familiares de los tripulantes”. Igeotest también extendió por quince días la oferta, en un guiño a Defensa en busca de salvar el negocio. Desde el entorno de Devincenzi confiaron a este medio que el empresario se encuentra sorprendido por el nuevo cambio de razón social y se preguntan, retóricamente: ¿Por qué lo haría si lo perjudica? Mientras Defensa mantiene silencio, incluso ante los mismos familiares, sobre cuál será la alternativa que dispondrán para la búsqueda del navío, se barajan en off the record algunas alternativas. La que más consenso interno logra en el Gobierno es una contratación directa por adjudicación simple por especialidad. Fuentes cercanas al ministerio que conduce Oscar Aguad confiaron que incluso la Armada, sobre quien pesan sospechas sobre su rol en la desaparición, podría tener peso en la selección de la empresa. Desde Modernización desautorizan la versión de Devincenzi. Les resulta llamativo que vuelva a modificarse los datos del pliego y admitieron que en la anterior ocasión, quien modificó la razón social fue la propia compañía. La Oficina Nacional de Contrataciones (dependiente de la cartera) emitió la semana pasada un dictamen categórico que confirma las irregularidades que publicó Perfil sobre Igeotest, y del rol del ministerio de Defensa. Este martes tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del submarino. En el anexo del Senado prestaron declaración el cabo principal Humberto Vilte, y el ex jefe de la Base Naval de Mar del Plata, contraalmirante Gabriel González. Algunos familiares confiaron al salir del recinto que los testigos citados estaban “claramente condicionados” en su relato y que no hubo ningún avance sustancial. Un grupo de ellos continúa encadenado en Plaza de Mayo exigiendo que se retome las tareas de búsqueda y que aceleren la contratación de la tecnología adecuada. (Fuente www.perfil.com).