La que abrió una oficina paralela
La Legislatura de Santa Fe , en sesión conjunta de ambas cámaras, suspendió ayer, provisoria y temporalmente, a la fiscal de Cañada de Gómez, Gabriela Lescano. La sanción, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, incluye la reducción del 50% del sueldo y la prohibición del ingreso a cualquier oficina del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Con la presencia de 40 diputados y 11 senadores, la suspensión de la funcionaria del MPA fue votada por unanimidad. Quien informó la recomendación de sancionar a Lescano fue la diputada y presidenta de la comisión Bicameral de Acuerdos, Lionella Cattalini. Esa sugerencia se originó con la recomendación hecha por la diputada acusadora Silvana Di Stéfano.
La fiscal Lescano fue denunciada por alquilar en una galería de la ciudad de Cañada de Gómez una oficina externa donde trabajaba sobre diferentes legajos de investigación una persona ajena al Ministerio Público de la Acusación (MPA). La funcionaria del MPA había denunciado una persecución en su contra a raíz de las causas que investiga. Sin embargo, la Comisión Bicameral siguió adelante con sus tareas y emitió un dictamen mediante el cual se aconsejó a diputados y senadores que suspendan de sus funciones a la fiscal de Cañada de Gómez.
La fiscal era objeto de una investigación interna cuando tomó la curiosa decisión de atarse con cadenas a la sede del Poder Judicial. Ahora, su defensa planteó a los legisladores que la fiscal no está en condiciones de salud mentales para poder defenderse y pidió sin éxito que fuera pospuesta la resolución hoy votada sin ningún voto en contra o abstención.
El único orador fue el diputado Nicolás Mayoraz que explicó que siempre se abstiene o rechaza las suspensiones provisorias de fiscales y defensores, porque considera que esa medida resulta en la práctica adelantar un castigo, sin que se haya resuelto la situación del involucrado. Pero explicó que decidió hacer una excepción a esa norma que se ha autoimpuesto por la gravedad de las faltas cometidas por Lescano. En esa línea recordó que la fiscal había alquilado una oficina y contaba con personal contratado de su bolsillo para crear una suerte de “fiscalía paralela” al saber del expediente en su contra que considera “una persecución”.
Cabe recordar que hay tres expedientes vinculados a otros tantos fiscales, pero solo se avanzó en el marco de la reunión de diputados y senadores con este único caso. Mentras sigue sin una decisión de fondo lo que suceda con su par Aldo Gerosa, suspendido fiscal de Reconquista, y con Matías Edery fiscal de Rosario sobre la calidad de su vinculación con una informante que integra la banda de Los Monos.
El fiscal Gerosa está acusado de presionar a una menor violada durante años por Marcelo Galaz, ex funcionario municipal y dirigente del radicalismo norteño. La diputada provincial socialista Erika Hynes, quien es la acusadora ante la Comisión de Acuerdos, explicó cuando se dictó su suspensión que la medida es «preventiva» ya que también buscó quitarlo de la Unidad de Violencia de Género de Reconquista “mientras continúa la investigación» indicó la legisladora.