Residuos del ajuste en el cordón industrial
Nación y Provincia inhabilitaron a IDM para operar residuos peligrosos. La actividad mermó, y se beneficia la única competidora. Pagan los trabajadores.
Una puja de empresas, una sanción del gobierno en materia ambiental, merma de actividad, y la consecuencia la pagan más de 70 trabajadores que ahora ven tambalear su fuente laboral y cobran solo el 60 por ciento de su sueldos. Tal es la situación en IDM SA, una empresa en las afueras de San Lorenzo, dedicada al tratamiento de residuos industriales y peligrosos, en crisis por haber perdido su habilitación por las autoridades ambientales de Nación y de Provincia.
El estatus perdido se llama «clave ambiental» y consiste en certificados que una empresa como IDM otorga a otras industrias generadoras de residuos que le confieren el tratamiento y disposición final de sus desechos. Sin esa clave, IDM no puede funcionar. Eso ocurrió en setiembre pasado, y desde entonces comenzaron los problemas para el personal, hoy soportando un régimen de suspensiones rotativas y reducción salarial.
Sin embargo, un mes antes de eso, IDM había sido la empresa elegida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la ministra Patricia Bullrich presente, para quemar media tonelada de cocaína decomisada por fuerzas federales. Poco después, la quita de facultades para operar. Con ello, se benefició la competencia, Grupo Pelco, que así queda en condiciones de avanzar en el todavía reducido mercado del tratamiento de efluentes industriales.
«Estamos a la espera de que la empresa cumpla con lo que le pidió el Ministerio de Ambiente. Si logra hacerlo, podrá volver a operar como tratadora de residuos peligrosos. Estamos en medio de una puja. En este mercado se trata menos del 14 por ciento de los residuos peligrosos que se generan. O sea que hay casi un 90% de residuos peligrosos que se generan y no se tratan, y eso debería controlarlo el Estado. Pero hay intereses cruzados entre empresas y sectores políticos que terminan afectando a los laburantes», explicó Julio Barroso, secretario general del Sindicato de Químicos de San Lorenzo.
Ayer hubo una audiencia de partes en el Ministerio de Trabajo y se decretó un cuarto intermedio, a la espera de que la empresa realice las correcciones operativas que le demanda la autoridad ambiental para recuperar su habilitación. Mientras tanto, 60 operarios del gremio químico, y 13 camioneros, perciben entre el 60 y 65% de los sueldos, con suspensiones rotativas y la planta operando de forma limitada y con turnos reducidos.
El sindicato reclama el pago completo de los salarios y denuncia que las suspensiones aplicadas son ilegales. «No es culpa del trabajador que la planta no funcione, no somos responsables del pasivo laboral ni ambiental de la empresa; IDM asumió el riesgo empresario y debe responder. Nosotros no somos socios, somos empleados», subrayó Barroso. «Al gobernador Pullaro, al presidente Milei, si es como dicen que el futuro se construye produciendo, dejen producir a los compañeros de IDM y que la empresa corrija lo que tenga que corregir, pero con la gente trabajando y cobrando el 100% de su salario», enfatizó.
El conflicto laboral –de paso– pone de relieve una situación no menos grave, y es que casi el 90 por ciento de los residuos peligrosos que genera el polo industrial del Gran Rosario se desecha al suelo o a los cursos de agua sin el debido tratamiento. Y lo poco que se procesa se disputa al parecer en las dos empresas referidas, Pelco en Puerto San Martín, e IDM en San Lorenzo. Un detalle más: la incineración de esos residuos deja inevitablemente un resto de cenizas que se dispone finalmente en cavas. Pelco tiene este recurso, IDM no, por lo tanto debe acudir a su competidora para llevarle la ceniza para su disposición final y pagarle el precio que le imponga. Un costo extra que marca la desigualdad de posición entre ambas. El gremio químico entiende entonces que la patronal de IDM está haciéndole pagar las consecuencias de su desventaja a sus empleados.
La situación mereció un pedido de informes al Ejecutivo que presentó el diputado Carlos Del Frade. «Casi un centenar de empleados de la planta de tratamiento de residuos IDM, denuncian suspensiones y reducción salarial tras no superar una inspección medioambiental. Los trabajadores pidieron que se hagan las modificaciones necesarias pero que no cierre la planta y que les sigan pagan el salario completo. Reclaman la intervención de los gobiernos provincial y nacional para evitar el cierre definitivo del establecimiento», adhirió Del Frade.