La fiscal María Verónica Ballari será suspendida por la Legislatura de Santa Fe debido a demoras en la imputación de un hombre denunciado por violencia de género por Ailén Ayelén Oggero, la enfermera rosarina de 32 años que fue asesinada en febrero de 2025 cuando salía de su casa de barrio Belgrano para dirigirse a trabajar. La sanción contempla tres meses de suspensión sin percepción de haberes y se hará efectiva tras el tratamiento legislativo previsto para esta semana.

El caso de Oggero generó una fuerte conmoción pública y numerosos cuestionamientos al accionar judicial. La víctima había denunciado en noviembre de 2024 a su expareja, Jonathan Oscar Omill, por amenazas, agresiones físicas, privación ilegítima de la libertad y otros episodios de violencia de género. Sin embargo, la imputación formal llegó recién después del femicidio, ocurrido el 18 de febrero del año pasado.

La enfermera fue atacada por un sicario que le disparó cuando salía de su vivienda ubicada en Prusia al 6700. Recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar. Horas después del crimen, Omill fue detenido e imputado por los hechos de violencia denunciados previamente por la víctima. Tiempo más tarde fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión mediante un juicio abreviado.

Pese a las sospechas expresadas por familiares y allegados de la víctima, Omill nunca fue imputado por el homicidio. La investigación continúa sin detenidos ni acusados por el femicidio y mantiene abiertas distintas hipótesis. Una de ellas apunta a una posible instigación por parte de la expareja, mientras que otra vincula el crimen con conflictos relacionados con el entorno de una mujer ligada al narcotráfico en Rosario.

La demora en la actuación judicial sobre las denuncias previas fue uno de los principales cuestionamientos planteados por la familia de Oggero. Según la acusación que derivó en la sanción disciplinaria, la fiscal contaba desde meses antes con información sobre amenazas, agresiones y situaciones de riesgo sufridas por la víctima, quien incluso tenía vigente una restricción de acercamiento contra su agresor.

Mientras la investigación por el asesinato sigue sin avances concretos en la identificación de los autores materiales e intelectuales, la suspensión de Ballari se convierte en una de las primeras consecuencias institucionales derivadas de un caso que volvió a poner en debate la respuesta del sistema judicial ante las denuncias por violencia de género.