El diputado provincial Miguel Rabbia cuestionó el mal funcionamiento del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y alertó la posibilidad de que ese “desmanejo” esconda una futura privatización. El legislador denunció un “deterioro progresivo” en las prestaciones con costos cada vez más elevados para los afiliados, por lo que reclamó el cumplimiento de una cobertura similar al Plan Médico Obligatorio (PMO) y la incorporación del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en la provisión de medicamentos a afiliados. “No me suena descabellado pensar que están haciendo funcionar muy mal a la obra social de los estatales con el objeto de salir con una solución mágica como podría ser una privatización”, remarcó. Un reclamo similar vienen planteando los gremios estatales, en el marco del plan de lucha iniciado la semana pasada y que se extenderá hasta la próxima.

Según Rabbia, son numerosos, y cada vez más frecuentes, los reclamos de afiliados de Iapos por demoras y trabas a la hora de acceder a prestaciones, además del encarecimiento del servicio. Pese a que la obra social provincial cuenta con el aporte de más de 600 mil afiliados “cautivos” que no pueden elegir otra cobertura, el legislador remarcó que los trabajadores estatales deben “afrontar gastos desproporcionados” para acceder a estudios básicos o medicamentos. Como ejemplo, señaló que la realización de una resonancia puede costar unos 30 mil pesos o la entrega de cientos de bonos, al mismo tiempo que Rosario estuvo cien días sin cobertura de anestesia y dos meses sin cirugías programadas.

Las alertas del diputado provincial giran en un mismo sentido: que la deficiente gestión de la obra social parece encaminada a justificar una futura privatización. “Parece difícil manejar tan mal una cobertura prestacional de salud que cuenta con tantos recursos y que brinda cada vez menos. La decadencia prestacional a la que han sometido a Iapos es notable y no hay reflejo para ponerse en sintonía de las necesidades de la gente”, evaluó en diálogo con Rosario/12. “Esto no es una crisis económica del organismo, sino un funcionamiento deliberadamente ineficiente que empuja a los trabajadores estatales a pagar de su bolsillo lo que debería estar cubierto”, añadió.

El legislador explicó que los trabajadores estatales santafesinos destinan más del doble que los trabajadores que aportan a obras sociales nacionales. Por eso, cuestionó la aplicación de copagos, donde los afiliados terminan pagando una parte importante de la prestación. “Además del descuento que los trabajadores perciben todos los meses de sus recibos de sueldos, cuando se enferman deben cofinanciar esa prestación”, expresó y agregó: “Nosotros apuntamos a que los afiliados puedan tener una participación real en las decisiones que se toman dentro de la obra social y definir el destino de los recursos”.

Para intentar abordar esa situación, Rabbia presentó dos proyectos de ley: uno que busca garantizar un piso prestacional equivalente al PMO y otro que plantea la incorporación del LIF en la provisión de medicamentos. Al momento, sin demasiado avance legislativo. “La intención es que Iapos homologue la cobertura con el programa médico obligatorio de las obras sociales nacionales. Eso eliminaría este financiamiento colateral que han generado en el Iapos para cubrir distintas prestaciones, que están incluidas dentro del PMO”, detalló.

En cuanto a la inclusión del LIF, el legislador completó: “Las obras sociales están muy mal por el costo abusivo que tienen los medicamentos, que hoy se llevan un promedio del 40% de sus recursos. Parece una cuestión lógica que, en un contexto económico grave para la mayoría de las familias santafesinas, el laboratorio farmacéutico provincial esté disponible al menos para los afiliados a la obra social provincial, garantizando la accesibilidad a algunos productos de su elaboración”.

Por último, Rabbia recordó que el gobierno tiene una responsabilidad con la gestión sanitaria de gran parte de los santafesinos y pidió “ampliar la mirada” y escuchar otras propuestas, para llegar al conjunto de los santafesinos. “El Ejecutivo provincial viene avanzando con distintos atropellos, en donde le meten la mano a la caja de jubilaciones, recortan los salarios y aumentan los tributos y servicios. No me suena descabellado pensar que están haciendo funcionar muy mal a la obra social de los estatales con el objeto de salir con una solución mágica como podría ser una privatización”, señaló y agregó: “Buscan generar caos para salir con una solución mágica, que generalmente suele ser peor, como una privatización”.

El miércoles pasado, los docentes públicos de la provincia, nucleados en Amsafé, realizaron una protesta frente a la sede provincial de Iapos, con el fin de visibilizar el mal funcionamiento de la obra social. Allí hicieron entrega de un petitorio denunciando los altos descuentos que sufren los maestros, en relación a sus salarios. Entre las críticas que figuran en el documento se destacan el aumento de un 68% en el valor de los bonos, la exigencia de pagos adicionales en los servicios médicos y demoras en las devoluciones. El reclamo forma parte de un plan de lucha de distintos gremios estatales por tres semanas, que tuvo como punto de inicio el reclamo frente a Iapos.

“Un maestro o una maestra tiene que aportar de 50 mil a 70 mil pesos a la obra social, solamente con el descuento obligatorio. Después está el Iapos solidario, que a marzo aumentó un 100%, cuando nuestro salario aumentó el 13%”, informó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé en una conferencia de prensa que detallaba los motivos de la convocatoria. “Pero no solamente el problema es la gran cantidad de aporte que nosotros hacemos. Cuando querés ir al médico tenés que pagar la consulta, o un plus. Una tomografía nos está costando 60 mil pesos”, se explayó.