«El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está mandando cartas documento a padres exigiendo un pago por daños y perjuicios», alertó el organismo de derechos humanos, que recomendó contestar «rechazando cada uno de los términos».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mandó cartas documento a padres de estudiantes que participaron de las tomas de colegios porteños.
«El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está mandando cartas documento a padres exigiendo un pago por daños y perjuicios», alertó el organismo de derechos humanos, hecho que definió como «un nuevo intento de generar temor en la comunidad educativa».
«No hay que dar lugar a esta estrategia», reclamó el CELS a través de su Twitter, exhibiendo una intimación presentada a una de las damnificadas. Finalmente, instaron: «Hay que contestar la carta rechazando cada uno de sus términos».
Días antes, el CELS había afirmado que «no son viables jurídicamente» las denuncias de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta contra los padres de los estudiantes que llevan adelante tomas en diferentes establecimientos educativos. En las tomas, los alumnos exigieron viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.
«El Gobierno de la Ciudad anunció que denunciará penalmente a padres de los alumnos que protestan en las escuelas. Esas denuncias no son viables jurídicamente. No se puede criminalizar estas protestas en lugares de estudios, que están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño», afirmó la organización a través de una serie de mensajes que difundió a través de Twitter.
En vista de esta situación, el CELS acusó al Gobierno porteño de buscar solamente «amedrentar», «generar incertidumbre» y «mostrar una imagen de dureza» frente a la opinión pública a costa del atropello de los derechos de los estudiantes, mientras las demandas que las originaron permanecen sin respuesta.
«Estas amenazas de criminalización, aunque no puedan prosperar judicialmente, buscan amedrentar a la comunidad educativa que apoya los reclamos y también generar incertidumbre en los chicos para que abandonen sus medidas», dijeron desde la entidad.
Y agregaron: «Criminalizar protestas y atemorizar, en lugar de canalizar las demandas, busca mostrar una imagen dura que aparezca como garante del orden público. Esto implica restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta».