El senador provincial Armando Traferri presentó este jueves una denuncia formal ante la fiscal general Cecilia Vranicich contra los fiscales rosarinos José Luis Caterina y Marisol Fabbro. En su planteo, el legislador sostiene que ambos funcionarios habrían intentado inducir a un abogado a declarar en su contra, ofreciéndole de manera improcedente la posibilidad de acogerse a la figura del imputado colaborador.

La presentación se basa en una serie de correos electrónicos que recientemente salieron a la luz. Según se detalla, esos mensajes fueron enviados desde la casilla institucional de Caterina a Víctor Corvalán, defensor del abogado rosarino José Fernández Chemes. Allí, de acuerdo a la denuncia, los fiscales anticipan su intención de impulsar imputaciones por asociación ilícita en expedientes donde Fernández Chemes no figura como acusado y le proponen ingresar al régimen del “arrepentido” con una supuesta “situación de prioridad” frente a otros involucrados. Además, le habrían exigido mantener “estricta confidencialidad y reserva” y fijado un plazo de 72 horas para responder.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que ese ofrecimiento carecería de sustento legal. Los abogados Néstor y Mariana Oroño, patrocinantes de Traferri, remarcan que la figura del imputado colaborador “solo puede celebrarse con quien aparece como autor o partícipe del delito o los delitos y se encuentra sometido a proceso”. En ese sentido, subrayan que Fernández Chemes no reviste la condición de imputado en la causa mencionada en las comunicaciones.

A partir de ello, la denuncia sostiene que “los fiscales Caterina y Fabbro habrían ofrecido un beneficio legalmente imposible de otorgar en dicho marco, lo cual evidencia que el mail enviado no habría sido un acto legalmente válido, sino un simple instrumento fáctico e ilícito de presión sobre el referido letrado”.

El escrito también introduce una crítica más amplia al mecanismo utilizado, al que define como una “subasta de delaciones”. Según el texto: “Esta modalidad para convertirlo en un dispositivo de delación sin anclajes normativos o comprometidos con la verdad. Mutando su ratio legis de utilidad procesal, a una especie de herramienta de persecución política”.

En cuanto a la calificación de los hechos, Traferri plantea que podrían encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y coacción. Sobre el primer punto, argumenta que se habría hecho un uso indebido del proceso penal, apartándose de las reglas para “negociar” imputaciones bajo reserva. Respecto del prevaricato, sostiene que se habría alterado el orden del procedimiento al insinuar imputaciones antes de reunir pruebas. En relación con la coacción, indica que la referencia a futuras imputaciones, junto con la exigencia de una respuesta inmediata, constituiría un mecanismo de presión indebida.

El legislador también reiteró que las investigaciones en su contra forman parte de una persecución política que, según afirma, se inició en 2020. En ese marco, mencionó declaraciones del exfiscal Gustavo Ponce Asahad y del empresario Leonardo Peiti, quienes obtuvieron beneficios procesales tras acogerse como arrepentidos.

Además, vinculó el origen de las acusaciones a una supuesta maniobra impulsada por el exministro de Seguridad Marcelo Sain, actualmente imputado por espionaje ilegal, con intervención de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Este último fue apartado de la causa, mientras que Schiappa Pietra continúa ligado al proceso como asesor.

En su presentación, Traferri solicitó que la investigación no se tramite en Rosario, sino que sea remitida a una fiscalía de la Primera Circunscripción, con sede en la ciudad de Santa Fe, al considerar que en esa jurisdicción se garantizaría mayor imparcialidad.

La denuncia se conoce semanas después de una presentación ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura vinculada al mismo episodio y días después de que el propio senador afirmara que fue “juzgado en ausencia” en otra causa judicial.