El conflicto de los “trapitos” no es un problema de seguridad provincial, sino de gestión municipal. La negativa a ejercer el control revela una estrategia, trasladar responsabilidades mientras el espacio público queda librado a la informalidad.
Desplazarse por Rosario se ha convertido en un ejercicio de resignación. Lo que debería ser un espacio de convivencia regulado por normas claras hoy está atravesado por la informalidad y la coacción. Si bien el deterioro en la infraestructura es evidente, veredas de difícil tránsito y una higiene urbana deficiente, estos no son más que síntomas de un problema más profundo, la ausencia de autoridad estatal en la calle.
Este proceso puede leerse a la luz de la “Teoría de las Ventanas Rotas”, formulada por James Q. Wilson y George L. Kelling: los signos visibles de desorden —vandalismo, suciedad o infracciones menores no sancionadas— generan un efecto de escalamiento al transmitir la percepción de que no hay control ni autoridad. En Rosario, las “ventanas rotas” son múltiples, pero una de las más evidentes es la proliferación de los “trapitos”, fenómeno que ha escalado al centro de la agenda pública por la combinación de hartazgo social y ausencia de respuestas eficaces.
Lo paradójico es que no falta legislación, sino decisión política para aplicarla. Actualmente, el municipio cuenta con una herramienta jurídica concreta: el artículo 300 del Código de Convivencia, impulsado por la actual gestión, que otorga facultades directas a las áreas de control para intervenir ante la exigencia de dinero a cambio de estacionamiento. Sin embargo, en un intento por eludir el costo político o la carga operativa, se construye un relato que busca “provincializar” el conflicto. Trasladar el problema exclusivamente a la órbita de la seguridad provincial implica, en los hechos, resignar competencias propias y diluir responsabilidades en el marco de la tan invocada “autonomía municipal”.
La ausencia de inspectores en la vía pública se vuelve aún más evidente al contrastarla con la “eficiencia” del sector privado. El único personal de control que el ciudadano percibe de manera constante es el de la empresa concesionaria del estacionamiento medido. La contradicción es elocuente: el Estado es omnipresente para garantizar la recaudación, pero se retrae cuando debe proteger al vecino frente a situaciones de intimidación en ese mismo espacio.
Subyace aquí un error de diagnóstico: la fiscalización electrónica no sustituye la presencia estatal. Una cámara puede sancionar, pero no disuadir ni intervenir en tiempo real. Resulta ilusorio pretender gobernar una ciudad desde un centro de monitoreo o a través de gacetillas de prensa. Cuando el municipio omite utilizar las herramientas que él mismo ha creado, no solo falla en el control urbano: erosiona el contrato básico de convivencia y debilita la legitimidad del orden público.