Proyectos para visibilizar el espectro autista y favorecer la accesibilidad en transporte estuvieron sobre la mesa de la comisión de Discapacidad de Diputados. Sin embargo, acaparó toda la atención la promulgación de la Emergencia en Discapacidad y el funcionamiento de ANDIS, actualmente intervenida por Alejandro Vilches tras las denuncias de corrupción por las que el gobierno desplazó a su extitular, Diego Spagnuolo.

La cita parlamentaria tuvo lugar este martes, tan solo horas después de que el Congreso comunicara formalmente al Poder Ejecutivo la sanción definitiva de la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, que se impuso el último jueves en el Senado por insistencia dejando firme el rechazo al veto presidencial.

En medio del cimbronazo político que significó el duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional evalúa todavía si judicializa o no la norma, tal como lo había anticipado Javier Milei. Por el momento, la oposición exige que sea aplicada de inmediato ya que aseguran no existe sustento judicial para demorarla, por lo que se deberían destinar las partidas implicadas.

“La ley ya es ley y tienen que ponerla en marcha rápidamente”, sostuvo el presidente de la comisión, Daniel Arroyo (UxP), al abrir la reunión, señalando que el primer paso es la reasignación de partidas presupuestarias a la ANDIS. «El Jefe de Gabinete debe hacer lo que básicamente hace todos los días ya que no hay presupuesto, sacando de una partida presupuestaria y poniendo en otra», apuntó.

El segundo paso, en palabras de Arroyo, es retrotraer el nomenclador de prestaciones a valores previos a la devaluación: «Es muy sencillo, es ir para atrás a diciembre del 2023 con el nomenclador, antes que tuviéramos 120% de inflación. Claramente, va a reordenar un nomenclador que hoy está trabado, afectando a familias y personas con discapacidad que no están pudiendo acceder a traslados, medicamentos, terapias, y complicando el funcionando de hogares y centros de día».

Arroyo advirtió, a su vez, que la puesta en marcha de la norma no impide que continúen las cuestionadas auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral, pero sí advirtió que obliga a focalizarlas en casos con problemas detectados y no en un proceso masivo que aseguran terminó afectando a miles de personas con discapacidad por irregularidades en la citación.

En ese sentido, indicó como tercer y último punto de la Emergencia en Discapacidad respecto a que se tome como lenguaje la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidad, destinado a que «ningún gobierno, ni este, ni los próximos veinte, puedan maltratar a las personas con discapacidad de sus familias, imperando el respeto en términos prácticos».

El foco en la ANDIS

En la reunión se pasaron a la firma una serie de iniciativas de distintos bloques que apuntaron, principalmente, al funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre ellas, declaraciones como el de Victoria Tolosa Paz (UxP) y proyectos de resolución como el impulsado por el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) que apuntan a que se restituyan las pensiones no contributivas suspendidas por las auditorías.

En ese sentido, Tolosa Paz reclamó que en la próxima sesión se rechace el decreto 843/24, donde dijo que “se metió de fondo la mano de (Federico) Sturzenegger”, e insistió en “voltear en la próxima sesión el decreto infame que permitió este descalabro con las personas con discapacidad”.

Por otra parte, se pasó a la firma el proyecto de resolución del tucumano Roberto Sánchez (UCR) solicitando informes sobre las contrataciones irregulares de la ANDIS, en línea con las denuncias judiciales por retornos en la compra de medicamentos. Y también otra iniciativa de Eduardo Valdés (UxP) para exigir explicaciones sobre el destino de los recursos ahorrados con las bajas de pensiones.

Otro de los proyectos de ley que avanzó en la reunión apunta a reestructurar la conducción de la ANDIS, establecida por el Decreto N° 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Uno de los autores del texto, el legislador Juan Marino (UxP), informó que se aceptaron cambios sobre el texto original, por lo que la propuesta será acompañada por otros bloques opositores y quedó a la firma con modificaciones técnicas. “Elaboramos este proyecto en consulta con distintas organizaciones de y para personas con discapacidad y queremos avanzar en el dictamen hoy para luego poder emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poder avanzar en el recinto para que la ANDIS funcione como tiene que funcionar”, señaló el legislador.

Inclusión y accesibilidad

Más allá de los expedientes vinculados a la ANDIS, la comisión avanzó en proyectos de concientización y accesibilidad, como la creación del «Programa Banco Azul» y la modificación del símbolo de discapacidad en automotores, en línea con estándares internacionales.

En primer lugar, pasó a la firma el proyecto de ley que tiene como objeto promover la instalación de bancos azules en espacios públicos de paseo y recreación, y medidas específicas inclusivas para personas con TEA. La diputada Eugenia Alianiello (UxP), como autora de la iniciativa, explicó que “no venimos a incluirlos, sino que nosotros debemos incluirnos en su mundo, en su forma de ver la vida, de interpretar los sonidos, ruidos y colores de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados”. “Es un proyecto muy sencillo, de poco impacto económico y con un amplio superávit en empatía y amor”, subrayó.

Más adelante, Jorge Chica (UxP) explicó el proyecto de su autoría acerca de los automotores para discapacitados – Ley 19279 – que apunta a modificar el artículo 12 sobre identificación con el Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal. La norma también logró el acompañamiento de sus pares. “Representa la igualdad de condiciones, siendo un símbolo que nos ayuda a educar, pero sobre todo a concientizar a nuestra sociedad”, afirmó y, en el mismo sentido agregó: “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”

Por otra parte, los legisladores avalaron el proyecto de la diputada Ana Carla Carrizo (Democracia para Siempre) para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el XI Congreso Internacional Biomédico sobre autismo y desafíos del neurodesarrollo – Bioactitud 2025, a realizarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.