El gobierno de Maximiliano Pullaro terminó una semana de análisis y reordenamiento de prioridades tras un año inédito, que tuvo tres elecciones y la reforma constitucional, con el gobernador como protagonista excluyente. El tercer puesto de Provincias Unidas el domingo pasado y los modestos 18 puntos que cosechó cortaron un raid de 22 meses de invicto en los objetivos políticos que la Casa Gris se propuso. “Al fin Pullaro se desinfló un poco”, se regocijó un dirigente de larga trayectoria en el peronismo.

El gobernador escuchó a ministros, dirigentes y aliados a lo largo de la semana. El traspié se lee en el contexto de una elección nacional y no de un castigo a la gestión, en la que los electores que en abril votaron por Provincias Unidas esta vez priorizaron apuntalar a Milei ante el riesgo de un reempoderamiento del kirchnerismo, uno de los mensajes sobre los que LLA y Provincias Unidas machacaron a dúo y sin descanso. Lo capitalizaron los libertarios.

El martes a la noche Pullaro reunió un grupo de dirigentes radicales: Fabián Bastía, Lisandro Enrico, Gustavo Puccini, Santiago Mascheroni, Felipe Michlig, Victoria Tejeda, Julián Galdeano, Juan Cruz Cándido y Silvana Di Stéfano fueron de la partida. El análisis continuó al día siguiente en la reunión semanal de gabinete, donde la vicegobernadora y diputada electa Gisela Scaglia fue aplaudida en reconocimiento a su trabajo como candidata. Es la única que dejará el cargo. Pullaro ratificó el gabinete y el plan del gobierno.

Los análisis

Entre los análisis que circularon puertas adentro del gobierno, algunas voces consideraron un exceso haber involucrado tanto al gobernador y la vicegobernadora en una elección nacional. Mucho en riesgo y poco por ganar, aunque admiten que meses atrás parecía haber un espacio vacante en el escenario nacional, que terminó siendo mucho más chico de lo que entonces parecía.

Hubo otros análisis menos resultadistas que dieron lugar a la necesidad de un espacio de reflexión política en relación con la gestión.

El vínculo con los empleados públicos, y en especial con los docentes, es tema de debate. Los más duros sostienen que, por más que le dieran al gremio docente todo lo que reclama, no se gana nada. Se remiten a los gobiernos del Frente Progresista y al de Omar Perotti, que, a pesar de distintos gestos y políticas afines, tarde o temprano recibieron paros e indiferencia electoral como respuesta.

Hay coincidencia en que el plan Asistencia Perfecta, que garantizó los 180 días de clases al año, es un activo a defender, pero al mismo tiempo hay una parte importante de Unidos que cree que es necesario “hacer algo” para salir del punto en el que quedó trabada la relación con el sector, que esgrime maltrato discursivo, salarios bajos y una paritaria pisada en la que el gobierno define de forma unilateral los criterios de actualización y aumentos.

Fruto del debate que se viene dando dentro de Unidos, es posible que la Casa Gris desescale la confrontación discursiva, pero no está en sus planes revisar la política salarial de seguimiento de la inflación ni el premio Asistencia Perfecta.

Además del socialismo, que mantiene un vínculo histórico con el sector docente y otros sindicatos, los senadores del oficialismo también están inquietos porque en sus departamentos les toca absorber el malestar de maestros, policías y agentes de salud que en muchos casos nombraron, promovieron o ascendieron ellos. Más acostumbrados a las palmadas y los agradecimientos que a los conflictos, temen que ese malestar les desgaste la base electoral de aquí a dos años.

¿Y Pullaro qué piensa?

El proyecto de presupuesto provincial que se presentó esta semana es una señal de continuidad con 2025, año en el que la combinación de baja de precios y caída de actividad impactó en la recaudación tributaria. Solo la coparticipación federal cayó un 17% entre enero y septiembre. Aun así, el gobierno logró un ahorro en el gasto que supera los 720 mil millones a septiembre, lo que le permitió financiar la inversión en capital, en especial en rutas y seguridad.

El presupuesto 2026 prevé un ahorro anual de 1,7 billones que irán a financiar gastos de capital. “Con la firme convicción de redoblar el esfuerzo en el desarrollo productivo provincial, la inversión vial, el fortalecimiento de la educación, la seguridad y la salud, el Proyecto de Presupuesto 2026 contempla un Gasto de Capital de $1.912.344,3 millones (1,9 billones), un 15,6% superior al previsto en el Presupuesto Inicial 2025, planteando como meta que el Gasto de Capital represente el 13,6% del Gasto Total”, dice el proyecto de ley presentado el viernes a la Legislatura.

En definitiva, el gobierno mantiene y profundiza el plan, con la inversión en capital como bandera plantada en el corazón del presupuesto provincial. Por más que los gremios estatales protesten y pujen por una porción de ese ahorro para mejorar salarios, Pullaro lo quiere puesto en caminos, seguridad, aulas y hospitales, y no en gasto corriente.

Más aún, hay otras fuentes de crédito público previstas en el presupuesto para robustecer la inversión, algunas que dormían el sueño de los justos en los escritorios de Buenos Aires. Los cambios políticos de los últimos meses cambiaron el panorama.

Luz verde al crédito

Es el caso de los créditos de la Comisión Andina de Fomento: son 150 millones de dólares destinados a los accesos viales del Gran Rosario y los Juegos Odesur. Esta semana trascendió que la Secretaría de Finanzas nacional finalmente habilitó las garantías para tomar el dinero. Efectivamente ocurrió, pero no como resultado del “abuenamiento” de Javier Milei tras la victoria del domingo pasado, sino de otros dos hechos anteriores.

En primer lugar, la derrota que el gobierno sufrió en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, y que le hizo tomar nota de la necesidad de revertir su aislamiento político. En esa oportunidad fue que dio luz verde a los préstamos de la CAF. En segundo lugar, los legisladores nacionales cercanos al gobernador Pullaro no acompañaron la limitación del uso de decretos de necesidad y urgencia que la Casa Rosada consideraba una ley kirchnerista que tenía como único fin desestabilizar al gobierno libertario.

Además de los créditos de la CAF, Economía también habilitó de palabra la garantía para emitir títulos de deuda por hasta 1.000 millones de dólares en el mercado de capitales. Con el repentino descenso del riesgo país a 650 puntos y augurios de que podría hundirse más todavía, las condiciones varían a favor de tomar el dinero. En la actualidad la tasa podría ser de un 8%, contra 12 de hace un mes. Si ese escenario se consolida y una primera colocación de CABA abre el mercado de forma exitosa, el ministro de Economía Pablo Olivares está dispuesto a usar la ventana de oportunidad que se presente de acá a fin de año. Por las dudas, ya aclaró que los servicios de deuda en dólares representan el 1,3% del gasto total, por lo que un eventual aumento del tipo de cambio no comprometería las cuentas provinciales.

Bajar de la superestructura

Como se dijo, el oficialismo santafesino no ve en la derrota electoral indicios de un voto castigo a la gestión, por más que ésta estuvo todo el tiempo en el centro de la campaña. Salvo unas pocas excepciones, los oficialismos provinciales fueron derrotados por la ola violeta. En el caso de Provincias Unidas, los gobiernos de Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz corrieron la misma suerte que el de Santa Fe. La única excepción fue Corrientes. Además, el mapa comparativo del voto a convencionales constituyentes de abril pasado con el de hace una semana es elocuente. Reafirma que hubo un reordenamiento del electorado no peronista que comparten La Libertad Avanza y Unidos, votando mayoritariamente la lista de Pullaro por cargos provinciales y a la de Milei el domingo.

Sin embargo, la campaña electoral expuso debilidades que en el futuro sí pueden ser determinantes. Por ejemplo, el contraste en los cierres de campaña de LLA y de Unidos el jueves previo a la elección. El de Provincias Unidas fue un acto de y para funcionarios, punto final de una campaña en la que se apostó a que hablaran políticos más que la gente. Como dijo un dirigente radical: “Por momentos sentí que le hablábamos a nuestro propio algoritmo, a los convencidos y no salíamos del círculo”.

El riesgo latente es que la vocación de la Casa Gris por ordenar y controlar todos los rincones del tablero político, que hasta el domingo le había permitido alcanzar todos los objetivos que se proponía, no lo convierta en un gobierno de superestructura política y productiva y descuidar demandas sociales históricas, más vinculadas a la vida cotidiana de las personas, y que es el terreno donde se define buena parte del voto ciudadano. Sobre todo en los grandes centros urbanos, algunas de esas demandas que habían pasado a segundo plano por el reguero de violencia narcocriminal, inevitablemente asoman a la superficie después de los notables resultados obtenidos en materia de seguridad.

Denuncias cruzadas

El otro tema que se habló mucho en la semana es la denuncia judicial de los apoderados de Provincias Unidas por el desvío de 21 millones de pesos de la asociación civil 29 de Abril para financiar publicidad electoral a favor de Fuerza Patria.

La más complicada en la investigación es la asociación civil, cuyo jefe político es Oscar Cachi Martínez, que deberá dar explicaciones sobre el origen del dinero y por qué una entidad de apoyo a inundados paga publicidad electoral. Sin embargo, la presentación alcanza también a Caren Tepp, que como primera candidata fue incluida en la publicidad de Martínez, y ahora está obligada a rendir cuentas en la Justicia por algo de lo que posiblemente no haya participado.

Es difícil no asociar esta denuncia a un incidente judicial previo. En el tramo final de la campaña, los apoderados de Fuerza Patria hicieron una presentación contra el gobierno provincial por infringir los plazos para actos de gobierno. Para el comando de campaña de Provincias Unidas significó romper una suerte de pacto no escrito que dice que la campaña no se judicializa y se tolera cierta flexibilidad normativa. Aquella denuncia le provocó contratiempos a Gisela Scaglia, que en su paso por el norte provincial junto con el gobernador debió enmudecer durante un día y medio hasta que se aclare la situación por consejo de los asesores legales, y dejar que otros hablaran por ella por temor a una sanción de la autoridad electoral.