El Poder Ejecutivo dio por concluida la etapa de consulta a la ciudadanía acerca de la propuesta para designar a Adriana Molina como vocal del Tribunal de Cuentas y, ante la falta de objeciones, el lunes enviará el pliego a la Legislatura que se encuentra de receso administrativo y parlamentario.

No obstante, la decisión de la administración que encabeza Maximiliano Pullaro es remitir en forma digital el mensaje con la propuesta de Molina que deberá ser convalidada luego por la Asamblea Legislativa. El 2 de febrero, en tanto, se enviarán las adhesiones recibidas por el pliego a la Mesa de Entradas del Senado.

«Hemos recibido solo avales» dijo un vocero del Poder Ejecutivo que trabajó en la confección del mensaje a remitir a Legislatura.

Una vez aprobado por la Asamblea Legislativa, el Tribunal de Cuentas volverá a tener los cinco vocales que determina la Ley de Administración. Molina se sentará en el sillón que dejó vacante Lisandro Villar cuando renunció al cargo. De los cinco vocales del Tribunal de Cuentas, dos al menos deben ser abogados, dispone la Ley de Administración.

Hoy Marcelo Terenzio es el único abogado del cuerpo. Los tres restantes, Oscar Biagioni, Sergio Beccari y María del Carmen Crescimanno son contadores públicos.

En diciembre y conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 1655/2014, el Poder Ejecutivo inició el procedimiento para la cobertura de un cargo vacante de vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Durante 15 días hábiles administrativo, la ciudadanía en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y/o de Derechos Humanos tuvieron plazo para enviar por escrito y de modo fundado y documentado las posturas, observaciones y circunstancias que estimen de interés para que sean consideradas por el Poder Ejecutivo. «No hubo objeciones, al contrario, fueron todos apoyos» se insistió ante El Litoral en Casa Gris.

Adriana Molina es abogada, especialista en Derecho de Daños, mediadora y profesora universitaria desde 1987 en la Universidad Nacional del Litoral. Cuenta con una extensa trayectoria en gestión pública, docencia universitaria, investigación jurídica y formación en derecho constitucional, señala el currículum vitae presentado por el Poder Ejecutivo..

Agrega que «ha ocupado cargos de conducción institucional, tanto en el ámbito académico como en el gobierno local, con desempeño destacado en funciones de administración, control, gestión normativa y representación institucional. Su perfil combina solvencia técnica, experiencia en el sector público y compromiso con la legalidad y el fortalecimiento institucional».

Molina fue hasta diciembre de 2025 presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe. En otras dos ocasiones había sido concejal y también fue Secretaria de Gobierno en el ejecutivo capitalino durante la gestión de José Corral.

El pliego de Molina se sumarán a los ya enviados por el Poder Ejecutivo entre fines de diciembre y primeros días de enero que deberán ser considerados por la Asamblea Legislativa. Se trata de tres ministros de la Corte Suprema de Justicia; los dos titulares del Ministerio Público para la circunscripción con cabecera en Venado Tuerto y tres fiscales adjuntos subrogantes para Santa Fe.

En las próximas semanas, el Ejecutivo estaría en condiciones de remitir pliegos de jueces con concursos ya finalizados por el Consejo de la Magistratura.

La Legislatura está en período de receso hasta el 31 del corriente y reanudará sus actividades el primer día hábil de febrero y el miércoles de se reunirá la Comisión de Acuerdos para fijar el cronograma de trabajo en el tratamiento de los pliegos. Los de los tres fiscales y las autoridades para Venado Tuerto están habilitados para ser considerados en el período de Extraordinarias que vencerá el 14 de febrero.

¿Qué es?

Sin cambios en la redacción con respecto a la Constitución de 1962, el Tribunal de Cuentas se origina en esa norma. Cambió el número del artículo y en la nueva Carta Magna es el 144. Dice así:

«Un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten.

Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político.

Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca y las acciones a que dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado. El contralor jurisdiccional administrativo se entenderá sin perjuicio de la atribución de otros órganos de examinar la cuenta de inversión, que contarán previamente con los juicios del Tribunal de Cuentas.

Procedimiento

Un decreto del ex gobernador Antonio Bonfatti, y del ministro de Gobierno, Rubén Galassi, de junio de 2014, establece el procedimiento a seguir para la postulación de un vocal del Tribunal de Cuentas.

«Los procedimientos establecidos en el presente deberán tener por fin asegurar su publicidad y transparencia, como así también facilitar la participación de la ciudadanía en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos», marca el artículo 2 del decreto.

Después detalla los pasos a seguir y la información a recabar antes de enviar el nombre a la Legislatura. Además se dispone que es el Ministerio de Gobierno el encargado de llevar adelante toda la tramitación.