Lo definió la Justicia Federal ante un pedido de Procelac y de la UIF. Sienta un precedente de no esperar sentencia para que el Estado utilice los activos. «Si no hay condena, se reintegran los bienes», dicen en las fiscalías.
La Justicia Federal de Rosario ordenó el decomiso sin condena de los bienes que estaban a nombre de Andrés «Pillín» Bracamonte, el hombre que lideró la barra brava de Rosario Central durante más de dos décadas, hasta que fue brutalmente asesinado junto a su segundo en la hinchada el 9 de noviembre de 2024 a la salida de un partido contra San Lorenzo.
La medida judicial es una novedad que en la Justicia Federal resulta una novedad y que afecta a bienes que fueron secuestrados en su momento a Bracamonte por pedido de fiscales provinciales de Santa Fe que lo investigaron por lavado de dinero, pero que según dijeron a LPO funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Rosario le fueron devueltos al ex líder de la barra, por no haberse probado los delitos atribuidos.
Ahora que a la Justicia Federal de Rosario le fue asignada la competencia de la causa por lavado, los fiscales federales de la Procuración de Lavado de Activos y los querellantes de la UIF (Unidad de Información Financiera) conjuntamente le pidieron a los jueces que le saquen definitivamente esos bienes a Pillín a causa de su fallecimiento. Esto implica que no se disponen para sus sucesores legales que forman parte de su familia por provenir de acciones delictivas que básicamente tienen que ver con ingresos de sociedades que controlaba Bracamonte que vendían indumentarias con exclusividad al club Rosario Central, y con viandas expendidas a empresarios que contrataban trabajadores de la UOCRA.
A fines de septiembre los fiscales federales Diego Velasco y Juan Argibay Molina solicitaron allanamientos y el decomiso de una gran cantidad de bienes y activos en manos de familiares de Bracamonte que, aseguran, son producto del blanqueo de actividades delictivas.
Los bienes que acaban de disponerse este martes que sean decomisados de manera anticipada no son numerosos. Se trata de una camioneta Ford Ranger, un inmueble de la calle Álvarez Thomas 1870 en barrio Alberdi y las participaciones que Pillín tenía en sociedades como ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.
En la provincia de Santa Fe el decomiso sin condena es motivo de fuertes controversias. Esto porque en las persecuciones penales de los últimos años en especial contra referentes del comercio de drogas, aunque no exclusivamente, se impulsaron incautaciones de bienes que luego se subastan en remates públicos, con recaudaciones que luego se destinan mayormente a reparar a víctimas de delitos. Estas subastas son muy promocionados por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes Patrimoniales (APRAD). La polémica es porque hubo casos en que los juicios finalizaron sin llegar a condenas donde previamente bienes decomisados a los inicialmente imputados.
Los fiscales federales que impulsaron las incautaciones de los bienes de Pillín lo hacen debido a su fallecimiento y para que no integren el legado destinado a sus sucesores. Y plantean en su argumentación de que en la mayoría de los casos lo que ocurre no es lo anteriormente aludido, que una sentencia sin condena implique lo agraviante del decomiso anticipado, sino que los bienes producto del delito, mayormente, quedaban sin recuperación.
«Mayormente pasa porque a veces los implicados mueren de viejos, o porque los matan, o porque prescribió el caso antes de que haya una sentencia. Entonces desde 2011 está incorporada a la legislación argentina la figura del decomiso anticipado. Y en una mayoría de casos esos bienes ni siquiera se discuten. Un narco no paga a un abogado para iniciar un proceso que le devuelva un bien que no se va a poder fundamentar en un origen lícito», le dice a LPO un colaborador del Ministerio Público Fiscal de Rosario.
Para los fiscales y la UIF esta decisión, avalada ahora por el juez federal Carlos Vera Barros, supone habilitar una herramienta con mirada de largo plazo y sienta un precedente en la Justicia Federal. «El Estado invierte la carga para no ser tonto. No se puede hacer el decomiso cuando la causa prescribió, o dejarlos que los bienes queden inmóviles y se arruinen sin utilizarlos. Y en los pocos casos donde se pueda llegar a una sentencia sin condena el costo emergente de reparar a quien se le incautó un bien se deberá hacer con valor constante pero tendrá un costo menor para el Estado, en relación a todo lo que pudo utilizarse que no será reclamado», le indicó a este medio un funcionario de la Procelac.
Hace dos semanas, el 17 de octubre, el gobierno santafesino informó de manera oficial que durante los seis remates concretados durante la gestión de Pullaro con bienes secuestrados por hechos delictivos la provincia lleva recaudados 6.600 millones de pesos, que se destinan según reportan a reparar a víctimas de ilícitos y a sostener políticas sociales.
En 2023 los fiscales provinciales iniciaron una pesquisa bancaria y financiera contra Pillín y el entonces líder en Rosario de la Uocra Carlos Vergara. Fue a partir de que se conociera públicamente que el fiscal provincial Miguel Moreno encaraba una pesquisa similar que hacía foco en ellos. Los fiscales federales solicitaron informes a organismos tributarios, bancarios, societarios y registrales. Esto fue nueve meses antes, aclaran en sus escritos, del homicidio de Bracamonte. Durante todo el trámite en la esfera provincial la defensa del líder de la barra había cuestionado la prueba en las audiencias imputativas y pedido la competencia de la Justicia Federal.
Moreno había ordenado por primera vez en 2020 una causa contra Bracamonte señalando que el jefe barrabrava procuraba ocultar dinero sucio con el armado de al menos cuatro empresas de servicios que tenía al club Rosario Central entre sus clientes. Pillín estuvo cinco meses preso y terminó en libertad. Moreno señaló en audiencia que Pillín se valió de amenazas, intimidaciones y extorsiones para generar un espacio de poder desde la barra y luego «crear un verdadero negocio ilícito y millonario». Y más adelante describió negocios con viandas, baños químicos y coimas a empresas y contratistas de obras en el Gran Rosario en una presunta asociación ilícita junto con Vergara, quien había estado al frente del gremio de la construcción.
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Ahora los bienes vueltos a decomisar se dispondrán de manera definitiva más allá de la evolución que tenga la Justicia Federal en las causas por lavado contra el entorno de Bracamonte.
Natalia Agusti, apoderada de la UIF, se sumó al pedido de decomiso sin condena de los bienes de Pillín. Reportó que surge de las constancias de la causa que se investigan maniobras de lavado de activos provenientes de principalmente extorsiones y coacciones ejercidas sobre empresas contratistas de la industria de la construcción, así como con actividades desarrolladas desde la conducción de la barra brava del Club Atlético Rosario Central.
«En ese contexto, la investigación permitió identificar una estructura patrimonial integrada por bienes inmuebles, vehículos de alta gama y participaciones societarias, cuya adquisición y utilización resultarían incompatibles con la capacidad económica formalmente declarada por Bracamonte», declaró. Y que hay una manifiesta incongruencia entre el perfil económico declarado por Bracamonte y su patrimonio, además de la utilización sistemática de personas interpuestas y estructuras societarias para registrar y administrar activos.
«El fallecimiento del imputado no puede constituir un obstáculo para el recupero de aquellos bienes cuyo origen ilícito se encuentre comprobado, sin perjuicio del debido resguardo de los derechos de sus herederos y de los terceros que invoquen derechos legítimos sobre ellos», sostuvo la apoderada de la UIF. En primera instancia el juez Vera Barros le dio la razón y ordenó que se dispongan los bienes y derechos sobre las empresas de Pillín.