Desde la Delegación Santa Fe de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME),
manifestamos nuestra preocupación frente a la media sanción del proyecto de reforma al Código
Procesal Laboral en materia de acceso a la justicia en Riesgos del Trabajo.
Las medidas propuestas introducen mayores exigencias para quienes reclaman, reduciendo
significativamente los plazos para accionar –los 2 años, establecidos hace apenas 5 años, ahora se
reduce a solo 90 días- y sumando nuevas cargas procesales más intensas y costosas, como la exigencia
de informes médicos. Esto dificulta el acceso a una respuesta judicial eficaz.
Lejos de reducir la litigiosidad, esta reforma vuelve más complejo el cobro de indemnizaciones por
parte de los trabajadores y no soluciona los problemas de fondo del sistema.
Este escenario no es nuevo. Comienza a repetirse lo ocurrido hace más de 25 años, cuando el sector
productivo pagaba para estar cubierto frente a los riesgos del trabajo, pero igualmente terminaba
enfrentando demandas civiles para responder por los daños. Es decir, se pagaba el sistema y además se
debía afrontar el reclamo.
Cuando el procedimiento administrativo de comisiones médicas se vuelve más complejo y
restrictivo, y no reconoce adecuadamente las incapacidades o accidentes, lo que ocurre es que los
damnificados optan por la vía civil. Allí encuentran un camino más accesible, con mayores plazos, menos
requisitos y, en muchos casos, indemnizaciones más amplias.
Si bien algunas iniciativas, como el fortalecimiento del Observatorio, pueden resultar valiosas, lo cierto
es que en estos últimos años no se han corregido las deficiencias estructurales del sistema, sino que, por
el contrario, se han profundizado.
En este contexto, las pequeñas y medianas empresas continúan pagando alícuotas costosas para
sostener un sistema que no brinda respuestas adecuadas, ni en prevención ni en reparación, mientras
aumentan los riesgos y la incertidumbre.
Desde APYME Santa Fe consideramos imprescindible avanzar hacia políticas
que fortalezcan el entramado productivo, garanticen un acceso real a la
justicia y construyan un sistema equilibrado que proteja a los trabajadores
sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas.