“Estoy en la sala de espera del sanatorio para hacerme una tomografía que pedí el 28 de enero. Recién ahora me la autorizan”. La escena que describió ayer Martín Truffa al atender a Rosario/12 se repite en su vida. Está afiliado a Ospat desde hace casi 15 años, pero hace un tiempo comenzó su tratamiento contra un linfoma no Hodgkin. Lo que debería ser una carrera contra la enfermedad se transformó, según denuncia, en una carrera contra la burocracia.

Tiene 48 años, trabaja como empleado administrativo en la oficina técnica de una empresa constructora y es padre de tres hijos. En 2021 fue trasplantado de hígado. “Esa parte la cumplieron –recuerda–. No tenían convenio con ningún sanatorio donde se hacen trasplantes y tuvieron que hacer un acuerdo para que me operaran en el Hospital Privado de Rosario”. Pero incluso entonces debió recurrir a la Superintendencia de Salud para que le entregaran la medicación postrasplante, tratamientos costosos y de por vida.

El año pasado, al detectarse una dureza en el cuello, llegaron nuevos estudios y el diagnóstico: linfoma no Hodgkin. Comenzó con un esquema de cuatro quimioterapias semanales. “Hasta ahí todo bien. Me internaron en el Hospital Italiano y me hicieron la primera quimio. Pero cuando el tratamiento no funcionó y tuve que volver a internarme, me dijeron que ya no tenía más cobertura ahí”, relata.

Ahí empezó, dice, “el problema de verdad”. Fue derivado al ICR de Rosario, donde –según cuenta– recibió una quimioterapia más potente, aun cuando ese centro no realiza habitualmente ese tipo de prácticas. “Me encontré con médicos maravillosos que hicieron más de lo que podían”, agradece. Luego lo enviaron al Sanatorio Plaza. Y más tarde, al Sanatorio Laprida. En cada traslado, nuevos trámites, autorizaciones y demoras.

“Para alguien que está haciendo quimioterapia es un caos. Cuando empezás a adaptarte a un lugar y a los profesionales, te mandan a otro lado. Eso afecta la cabeza y el cuerpo”, explica. Los ciclos de quimio deben administrarse cada 21 días. Sin embargo, la autorización de la medicación presentada el 28 de enero sigue figurando como “pendiente” en la aplicación digital que la obra social implementó este año.

“En la aplicación me figura que voy a tener la cobertura, pero está pendiente y sin designación de droguería. No sé cuándo me voy a hacer la próxima quimio porque, al no tener la medicación, no sé cuándo me la van a dar”, advierte. Y resume: “Vos no podés tener un atraso de un mes para una medicación oncológica. Son cada 21 días”.

Las demoras no son el único obstáculo. En medio del tratamiento, debió afrontar gastos de su bolsillo. Un ejemplo: análisis específicos para pacientes oncológicos que el sanatorio rechazaba por diferencias en los códigos de facturación con la obra social. “Ospat ponía unos códigos y el sanatorio los rechazaba porque no eran los suyos. Se tiraban la pelota entre ellos y yo quedaba en el medio. Terminé pagando 22 mil pesos de mi bolsillo porque necesitaba los análisis”, cuenta.

También tuvo que abonar un coseguro de 90 mil pesos para una tomografía, pese a su condición de paciente trasplantado. “¿Quién me informa que tengo que pagar un coseguro? Me lo dijeron después de llamar y llamar. Comunicarse por teléfono es una odisea. Hemos estado una hora y veinte con el ring hasta que alguien atiende”, describe, resignado.

El cambio de sistema digital en la obra social, que reemplazó el envío de órdenes por mail por una aplicación donde el afiliado debe cargar recetas y estudios, sumó más demoras. “Ellos dicen que tienen atraso porque están implementando el nuevo sistema. Pero mientras tanto yo tengo que hacerme una quimioterapia. Siempre hablás con un telemarketer que toma el reclamo y lo pasa. Nadie te resuelve nada”, señala.

A la falta de respuestas se agregó el cierre de la sucursal local de la obra social del turf, ubicada en la esquina de San Juan y Pueyrredón. “Supuestamente cerraron porque hubo gente que fue a agredir. Pero para nosotros es peor: no tenés a nadie a quien mostrarle un papel, decirle ‘acá está el laboratorio que me pedís’. No hay atención presencial”, lamenta.

En el camino, Truffa acudió a la Superintendencia de Salud y al Ministerio Público para destrabar autorizaciones. “Siempre tengo que ir a otro lado para que ellos aceleren las cosas”, resume.

Mientras tanto, intenta sostener cierta rutina laboral. “Me hice el estudio y prometí que iba a volver a trabajar”, dice. Pero la preocupación es constante. “Todo el tiempo hablamos con mi esposa sobre cómo seguir, qué hacer, dónde defender mis derechos. Es agotador y triste”.

El impacto no es sólo administrativo. La interrupción o demora en los ciclos de quimioterapia puede comprometer la eficacia del tratamiento. “Sé que si la quimio se demora, las cosas se pueden complicar”, advierte. Y agrega: “Hay personas que están solas, que no tienen un recurso para defenderse. Eso me duele más”.

Martín se afilió a Ospat en 2011 por recomendación de compañeros de trabajo. “Mientras no lo necesitás, está todo bien. Como pasa con todas”, reflexiona. Pero hoy siente que su derecho a la salud depende de un trámite pendiente en una aplicación. “Dudaba en hacerlo público, pero no doy más”, confiesa.

La enfermedad no espera. Los plazos médicos tampoco. Entre tomografías tardías, medicaciones sin designación de droguería y teléfonos que no atienden, la pelea de Martín no es sólo contra el cáncer: es contra la incertidumbre de no saber si el próximo ciclo llegará a tiempo.