El titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, Gastón Salmain, será indagado el próximo martes en una causa en la se lo investiga por su presunta participación en una asociación ilícita integrada por el financista rosarino del Grupo Unión, Fernando Whpei, y el escribano santafesino Santiago Busaniche. Existe la sospechada de haber favorecido mediante una cautelar la salida 10 millones de dólares a cuentas del exterior entre septiembre de 2023 y abril 2024, que fueron adquiridos al valor oficial cuando aún persistía el cepo y vendidos en los mercados paralelos. Un “arrepentido” declaró que el magistrado y el facilitador de las maniobras (Busaniche) solicitaron el 10% del spread entre el precio oficial y el paralelo, pero la devaluación del comienzo del Gobierno de Javier Milei redujo la brecha y el presunto negocio se achicó significativamente, tanto como para que el juez terminara denunciando a su supuesto cómplice.

Salmain está imputado en ese expediente por cohecho pasivo (coimas) y prevaricato. El martes será indagada por su par Carlos Vera Barros, que citó para el miércoles a Busaniche y un día después a Whpei.

La cautelar de 10 millones

Los fiscales en que fue delegada la investigación, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, consideran que los tres “formaron parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos entre los meses de septiembre de 2023 y hasta abril de 2024, cuando pergeñaron la salida a cuentas del exterior de 10 millones de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente radicado en el Juzgado Federal N°1, a cargo de Salmain”.

La maniobra se originó, según la acusación, en una presentación judicial realizada por Attila Fideicomisos SRL, vinculado a Whpei, que reclamó en septiembre de 2023 una medida cautelar que le permitiera sortear una resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que impedía acceder al Mercado Único Libre de Cambio (MULC).

El argumento consistió en que el fideicomiso había contraído una deuda en dólares en noviembre 2018 con entidades extranjeras, puntualmente con el DB ACF Netherlands y Sollaria Performance Group Hospitallity LLC, que debía cancelar porque corrían elevados intereses. Con ese fin necesitaba 10 millones de dólares.

El imputado colaborador relató que el juez Salmain, que tenía que resolver ese planteo, se reunió previamente con Whpei al menos una vez en su despacho laboral, el 2 de octubre de 2023. En esa ocasión, el financista le entregó el escrito de presentación que realizaría y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle “con Busaniche”, sostuvieron los fiscales.

Velocidad récord

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), Salmain actuó con extrema premura. El 14 de noviembre 2023 formalizó la presentación; el 22 proveyó la demanda; el 27 hizo el traslado de la demanda al Banco Central. El 4 de diciembre firmó un decreto por el que dispuso que vencieron los plazos (algo que no había ocurrido) de contestación que le había otorgado al BCRA y pasó el expediente a resolución.

El 5 emitió una resolución a favor de la medida cautelar solicitada por Whpei y un día después rechazó el recurso de revocatoria contra el libramiento de los oficios que había realizado el BCRA en resguardo de los pocos dólares que atesoraba, en medio de las cíclicas restricciones externas que sufre el país.

“Ante la presentación de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio realizado por el BCRA, y donde solicita el efecto suspensivo, el 14 de diciembre el juez dicta una resolución para rechazar el planteo y concede la apelación con efecto devolutivo, aduciendo que ‘no se encuentran comprendidos en el supuesto del artículo 13 de la ley 26.854’”, sostuvieron los fiscales.

El fideicomiso Attila pudo, entonces, adquirir en el mercado oficial –a pesar del cepo- los 10 millones de dólares. Pero surgió un imprevisto: Milei asumió el 10 de diciembre y su ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso el 12 un aumento del tipo de cambio oficial de $366 a $800. Es decir, una devaluación del 118% en un día.

Un diezmo devaluado

A partir de la declaración del imputado colaborador, los fiscales plantearon en su teoría del caso que el juez Salmain y el “facilitador” Busaniche solicitaron en concepto de coima el pago del 10% de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía a unos 200.000 dólares cuando se cerró el trato.

Lo que las partes no habían previsto era la decisión de política monetaria de Caputo, que llevó el dólar oficial de menos 400 pesos a 800 en 24 horas. Eso provocó, entre otros efectos, que el spread –la brecha entre el oficial y el blue- se redujera drásticamente por la suba de la cotización del primero.

“El retorno supuestamente nunca se ejecuta, porque entre que Salmain saca la sentencia y se ejecuta (es decir, Attila accede a los dólares en el MULC) asume Milei, el srpread se achica y el 10% se reduce”, explicó a Rosario|12 un investigador del caso.

El juez y su presunto operador judicial reclamaron entonces su parte, pero quien tenía que aportarla por haberse beneficiado con la resolución del magistrado no ofrecía los 200 mil dólares supuestamente acordados, sino el 10% de la brecha existente con las cotizaciones de aquellos días.

La misma fuente consultada para esta nota agregó que entonces “se produjo una ruptura” del acuerdo que derivó en “amenazas de denuncias penales contra Whpei”, que se concretaron cuando Salmain remitió -tiempo después- el expediente de la cautelar por los 10 millones de dólares a una Fiscalía y denunció estafa procesal respecto de las actuaciones de Attila SRL.

Con las evidencias documentales y el relato del “arrepentido”, los fiscales acusaron a Salmain por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. Como se trata de ilícitos que solo pueden cometer funcionarios estatales, a Busaniche y Whpei le endilgan las mismas conductas, pero en calidad de partícipes necesarios. Esta semana, los tres ser indagados por el juez Vera Barros.