El fiscal Moreno sostuvo que como toda causa penal necesita tener imputados y que los allanamientos  buscaban recabar la información para saber quiénes van a ser imputados. Y destacó que en principio los sospechosos son las personas denunciadas por los defraudados

El fiscal Miguel Moreno que investiga la denuncia que realizaron varios productores agropecuarios contra Vicentín en el marco de una estafa con granos por unos 58 millones de dólares analiza la información que obtuvo durante diversos allanamientos en la empresa. El objetivo es establecer las responsabilidades del directorio, abogados y síndicos en la causa para proceder con las imputaciones penales.

Según explicó la causa inicia a partir de denuncia de productores agropecuarios por la entrega de cereal a través de la modalidad de contrato con precio a fijar. Esta modalidad es común entre los productores y consiste en entregar cereal a la empresa y en determinado momento el productor decide fijar precio, y ahí conforme a los precios del mercado de ese día se establece la contraprestación por parte de de Vicentín. “Lo que ellos denunciaron es que entregaron mediante esta modalidad granos a Vicentín y que su contrato y las obligaciones no fueron honradas, ellos consideran que fueron estafados. Y aclaran que al momento de hacer la operación no fueron informados sobre la realidad económica de la empresa, en cuanto que no tenía posibilidades de honrar esos contratos es decir realizar la contraprestación es decir pagar el precio de esa compra”.

Se trata de 6 productores agropecuarios que denuncian el delito estafa. “Frente al otro grupo de acreedores es sensiblemente menor, porque del otro lado tenemos los bancos internacionales que reclaman una deuda superior a los 500 millones de dólares. Los productores en todo su conjunto están reclamando una suma que puede ser de entre 7 y 8 millones con excepción del corre acopio Grassi que se sumó al final al que le deben unos 50 millones de dólares”, detalló Moreno.

En los allanamientos realizados esta semana se secuestró información física y digital. En la sede de Avellaneda de la empresa no lograron abrir una caja fuerte que había, además necesitan obtener datos de terminales informáticas “que si no contamos con colaboración del personal de Vicentín se complica”.

Las medidas están destinadas deslindar o precisar responsabilidades. “Estamos investigando estafas, ahora siendo una sociedad la que comete las estafas tenemos que ver cómo se conformó la cuestión social para precisar el aporte que cada una de las personas involucradas en este proceso”.

Sobre la relación con la Bolsa de Comercio, Moreno sostuvo que fue utilizada por la firma como un escenario mediante el cual, si bien creemos que la empresa utiliza el registro de cada contrato de compra de granos de la bolsa de comercio para exhibir una salud financiera que no era tal, Vicentín recibía granos que en los balances mostraba como propio sin exhibir que esos granos no habían sido pagados. Es decir sólo se exhibían como pasivo corriente sin precisar que como no habían sido pagados a los productores, también eran pasivo corriente. Tenemos que relevar toda la información que nos trajimos, nos va a llevar un tiempo importante.

Moreno destacó que el trámite judicial debe realizarse en Rosario porque los hechos tuvieron lugar en esta ciudad, “No veo que sea que sea más beneficioso para la investigación de ninguna de las partes que la causa se radica en Reconquista, puesto que en Reconquista sólo está la sede social formal Vicentín mientras que el núcleo de los negocios en el gran Rosario”.

Sobre los pasos a seguir Moreno sostuvo que como toda causa penal necesita tener imputados y que los allanamientos  buscaban recabar la información para saber quiénes van a ser imputados. Y destacó que en principio los sospechosos son las personas denunciadas por los defraudados. “Son las personas que integran el directorio, síndicos, representantes legales que fueron los que avalaron contratos con bancos y corredores agropecuarios toda la gente que integraba el directorio los últimos dos años previos al concurso preventivo”.
fuente: elciudadanoweb.com
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