Colegio de Rosario prohibió celulares por una denuncia de fotos falsas con IA
Un grupo de estudiantes del Verbo Encarnado fue apartado y dejó de ir a clases. La institución de La Paz al 500 dice que aplica los protocolos de la ley Ema, mientras el caso se viraliza en las redes y la Justicia todavía no registra medidas.
El Colegio Verbo Encarnado, en La Paz al 500, en el barrio República de la Sexta, prohibió desde este viernes el uso de teléfonos celulares en el nivel secundario después de una denuncia por violencia digital: la viralización de fotos de alumnas que habían sido tomadas sin su consentimiento.
El alerta se encendió el miércoles, cuando las autoridades de la institución confesional –de gestión privada y con jardín, primaria, secundaria y profesorado– supieron que esas imágenes habían empezado a circular entre estudiantes. Desde entonces, también empezaron a analizar si se usó inteligencia artificial para crear deepfakes, es decir imágenes falsas de una persona que, a simple vista, parecen reales.
«Conductas como la difusión de fotos íntimas sin consentimiento, hostigamientos o manipulaciones de imágenes con IA ya no se consideran simples juegos de chicos, sino vulneraciones graves que requieren intervención pedagógica y acompañamiento institucional», planteó el equipo directivo en un mensaje que hizo llegar a toda la comunidad educativa el jueves.
En el mismo texto, el colegio pidió tiempo y paciencia para abordar el caso «con la relevancia y seriedad que lo amerita», advirtió que «las prisas, exigencias de una resolución inmediata y drástica» pueden llevar a equivocaciones y llamó la atención de las familias para evitar la «justicia por mano propia»: «Esta mala decisión no sólo los compromete ante lo sucedido, sino que no conduce a ningún bien, menos la convivencia y la paz», señalaron.
La respuesta institucional incluyó, además, el pedido de frenar la viralización «de forma inmediata» y de «fortalecer medidas de cuidado y responsabilidad civil» de todas las partes. Según la institución, en las últimas semanas ya se venía trabajando con grupos de la secundaria con las herramientas de la ley Ema, la norma provincial que crea un sistema de prevención y abordaje de la violencia digital en el ámbito educativo.
Fuentes del Ministerio de Educación de Santa Fe confirmaron que un grupo de estudiantes fue apartado por la acusación y dejó de ir a la escuela desde que se conoció el hecho. La cartera provincial y la institución acordaron reuniones con las familias de los adolescentes involucrados, mientras las clases del secundario siguen con normalidad. El colegio, por su parte, garantizó la atención a las familias del nivel con cita previa para hablar del tema.
Los celulares, mientras tanto, quedaron guardados en los casilleros desde el ingreso al salón hasta el horario de salida de clases. La restricción alcanza también al kiosco: los directivos les pidieron a las familias que manden a sus hijos con dinero o tarjeta para las compras dentro del establecimiento.
Los propios directivos recordaron que el nuevo Régimen Penal Juvenil permite abrir una causa a partir de los 14 años ante la denuncia de delitos cometidos dentro o fuera de los entornos digitales. Sin embargo, voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron este viernes que no había registro de medidas vinculadas al caso.
La repercusión digital llegó antes que la judicial. El jueves al mediodía, un usuario publicó en la red social X la foto de tres adolescentes con el uniforme del colegio, señalados como los responsables de las imágenes, y el posteo superó los 1.400 retuits y los 4.800 «me gusta» en pocas horas. Buena parte de las respuestas pedía difundir los nombres de los chicos o directamente «escracharlos«; otras advertían que publicar la foto de menores también es un delito y reclamaban bajarla. «Si los responsables fueran villeros nadie me estaría pidiendo que borre la foto», contestó el autor del mensaje.
En Instagram, la cuenta @elobservadorsff publicó el jueves un posteo con más de 1.700 «me gusta» y 142 comentarios: «Alumnas de primer año en adelante habrían denunciado la circulación de fotos reales y creadas con inteligencia artificial de estudiantes. ¿Y la respuesta de la institución? Sacarles los celulares, como si eso solucionara el problema». Los comentarios se repartieron entre quienes apuntaron contra la escuela, los que respondieron que «la educación nace en casa» y los que reclamaron una regulación del uso de la inteligencia artificial.
Antecedentes
El episodio rosarino se suma a una seguidilla de casos en colegios argentinos por imágenes sexuales falsas creadas con IA por compañeros. En el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, dos alumnos de 15 años fueron imputados y la investigación alcanza a entre 45 y 50 alumnas; en el Instituto Pío XII Leonardo Murialdo de Villa Bosch, las estudiantes denunciaron hechos que se repiten desde 2024; hubo episodios similares en San Pablo, Tucumán, y en la Universidad Nacional de Salta. Un informe de la Internet Watch Foundation difundido esta semana contabilizó 6.310 imágenes generadas con IA que cumplían la definición legal de material de abuso sexual infantil entre enero y junio de este año, contra 4.512 de todo 2025: el 98% representaba a niñas.
Normativa local
Santa Fe fue la primera provincia del país en contar con una ley específica contra la violencia digital en las escuelas: la 14.471, conocida como ley Ema, sancionada el 30 de julio y publicada en el Boletín Oficial a fines de agosto. La norma obliga a los establecimientos públicos y privados a actuar con celeridad y confidencialidad, pedir la baja urgente del material a las plataformas y acompañar a las víctimas con asistencia psicológica, pedagógica, digital y legal, además de evitar su revictimización. El Concejo Municipal de Rosario adhirió a esa ley en agosto pasado y la provincia también se sumó a la Ley Olimpia (14.297). En paralelo, la diputada provincial Celia Arena presentó un proyecto para actualizar el Código de Faltas con sanciones específicas para quienes creen o difundan imágenes, audios y videos manipulados con IA, que incluye el cese inmediato de la difusión y la eliminación del contenido.
Ante un caso de violencia digital, las recomendaciones oficiales apuntan a escuchar y acompañar a la víctima sin responsabilizarla, guardar las pruebas antes de que desaparezcan –capturas de pantalla, nombres de usuario, enlaces y fechas–, no descargar ni reenviar el material y denunciar. La línea 102 orienta y acompaña en situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes, la 137 asiste en casos de violencia familiar y sexual, y cualquier fiscalía recibe la denuncia con las pruebas reunidas.