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Violencia familiar

Un empresario de la construcción quedó detenido por amedrentar a su familia
Fue imputado por desobedecer en diez oportunidades las ordenes de restricciones que su familia había solicitado en su contra. Los hostigamientos estaban dirigidos a sus hermanos y cuñados

 

Un empresario de 47 años dedicado al rubro construcción que ya tuvo su espacio en las crónicas policiales cuando fue imputado por integrar una organización que defraudó a cinco personas en la construcción de edificios a través de fideicomisos fue acusado ahora por el fiscal Fernando Dalmau por hostigar y amenazar a sus familiares, además de violar una decena de veces la órdenes de prohibición de acercamiento. El juez Hernán Postma dispuso su arresto preventivo por un mes.

En la imputación que se llevó a cabo este miércoles se conoció el contexto de estos episodios de violencia contra sus allegados que lleva más de una década.

En una de las declaraciones, María Cecilia, una de sus hermanas, describió que todo empezó en 2009 cuando el acusado, Pablo Jorge Hancevic, tuvo problemas económicos con Nicolás, el hermano mayor de la familia, e involucró a todos en el conflicto. Desde allí comenzaron los hostigamientos, las agresiones en redes sociales y la violencia física que derivaron en denuncias penales por parte de su hermano mayor, que lo llevó a solicitar una restricción de acercamiento en 2012 y falleció en 2017.

María Cecilia explicó que a pesar de ello mantuvieron el vínculo con su hermano Pablo. Sin embargo, en 2014 volvió a tener problemas económicos con un negocio que tenía con un socio, vinculado a la construcción. En ese momento volvieron los hostigamientos que incluyeron a sus hermanos y cuñados donde los hacía responsables porque no le iba bien, los amenazaba: “Ya van a ver lo que les va a pasar”, les repetía cada vez que podía.

Una de las víctimas sumó que a partir de ese momento empezó a crecer el nivel de agresividad a través de llamadas, mails y redes sociales contra todos los que tenían relación con él, quería que intervinieran en su disputa con su socio.

En 2016 la familia resolvió cortar definitivamente el vínculo, lo bloquearon de los celulares, de las redes sociales pero Pablo se la ingenió para mandar mails amenazantes, según contó la imputación.

La mujer puso como ejemplo un violento episodio de agosto de 2020 cuando estaba junto a sus hermanos, cuñadas e hijos en una casa de campo en la provincia de Entre Ríos. La propiedad pertenece a una firma familiar a la que Pablo perteneció hasta el 2014 cuando vendió sus acciones, contó la víctima.

Ese día, vieron que el conductor de un auto estacionó en la entrada. Quién se bajó fue Pablo con dos de sus hijos menores. Le pidieron que se fuera pero empujó a uno de sus hermanos y se sentó en la mesa. Le reiteraron el pedido y se fue encima de una de sus cuñadas para pegarle. Sus hermanos varones lo frenaron y sus hijos, menores de edad, le pidieron irse. Se retiró a los gritos y amenazando. Ello derivó en una denuncia y el pedido de una restricción de acercamiento. Las que fueron notificadas en agosto de 2020.

En la decisión el juzgado dispuso la prohibición de acceso a cualquier ámbito material donde su hermana y su pareja desarrollen actividades laborales, en forma autónoma o en relación de dependencia, y asimismo a los lugares donde concurre también su grupo familiar. Se le prohibió también acercarse a un radio de 200 metros o realizar actos de hostigamiento, de perturbación o intimidación, incluidas las comunicaciones telefónicas, vía mail, Facebook y/o cualquier red social, o violencia que afecte al grupo familiar.

Su cuñada Bárbara también solicitó una prohibición de acercamiento por cualquier medio que fue otorgada por el Juzgado Civil 85 de la Ciudad de Buenos Aires (Caba) en 2021 e incluye a su familia en el resguardo. El marido de esta mujer es mellizo del imputado.

Según la imputación del fiscal Fernando Dalmau, a pesar de ello el empresario envió el 31 de octubre de 2020 dos correos electrónicos a su hermano Federico, su cuñada Bárbara y su hermana Cecilia. Entre el 1º y el 3 de diciembre ese año mandó 9 correos electrónicos a las víctimas y sumó entre los destinatarios a Eugenio, esposo de María Cecilia con mensajes amenazantes.

Uno de ellos decía: “Te vuelvo a decir Eugenio me vas a meter en cana pero te juro que tengo una guardada, de arriba no te la llevás”. Estos hostigamientos y amenazas duraron hasta el 29 de diciembre y retornaron a finales de febrero. También mandó en marzo y en abril en tres oportunidades.

Cecilia contó que el 4 de febrero estaba con amigas en el club Jockey cuando lo vio a unos 50 metros, cruzaron miradas y le hizo una seña como que le iba a cortar el cuello. “Él se quedó ahí un rato, sacó a la hija de la pileta y se fue”, agregó la víctima y señaló que, desde ese momento, no volvió a verlo pero sigue mandándole mails especialmente a su marido con amenazas. También a sus hermanos y ha amenazado con quemar la casa de campo.

El fiscal imputó a Pablo Hancevic por 10 hechos de desobediencia a una orden judicial y el delito de amenazas en calidad de autor. A su vez el juez Postma que presidió la audiencia dictó una medida de prisión preventiva por 30 días.

La causa de estafas
El 3 de julio de 2019, el empresario fue imputado también por el fiscal Dalmau junto a cuatro personas por “haber conformado una asociación criminal cuyas finalidades fueron sustraer bienes fideicomisos con la intención de incorporarlos a su patrimonio y de realizar maniobras de ocultamiento y transformación para impedir la agresión judicial ante legítimos reclamos”.

La causa investiga un presunto fraude en la construcción de edificios y la mecánica era ingresar fondos a las empresas constructoras FH SRL y FH OBRAS SRL, disponiendo una pequeña parte para la construcción de las grandes obras y desviando el resto para beneficio de los arrestados, indica la acusación.

En esa oportunidad, al único que se le dictó la prisión domiciliaria fue a Pablo Hancevic, medida que sorteó con una alternativa de la libertad bajo fianza por un monto de 10 millones de pesos “con la garantía de inmuebles”.

En tanto, los otros imputados siguen el proceso en libertad con obligación de constituir domicilio, firma semanal en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y prohibición de salida del país mientras avanza la pesquisa sobre su responsabilidad en la causa.
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