María Cecilia Vranicich, Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó este viernes iniciar un «proceso de monitoreo» por 90 días en tres áreas claves de la Fiscalía Regional de Rosario. La decisión se tomó en el marco de la denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su par, Matías Edery, por supuesto encubrimiento a Mariana Ortigala, imputada como parte de la banda de Los Monos. Pero además, horas después se conoció que la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren, decidió apartar tanto a Socca como a Moreno de la causa que investiga las extorsiones por parte de la banda narcocriminal y de la que surgieron los elementos con los que denunciaron a Edery. Un día antes, Iribarren también había desplazado provisoriamente al fiscal denunciado de todas las causas vinculadas a Ortigala, hasta que se esclarezca la situación.

En un comunicado difundido este viernes, la jefa de los fiscales de Santa Fe informó que se pondrá la lupa sobre la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el Equipo de Trabajo para el Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego y la Unidad de Homicidios Dolosos. Asimismo, propuso que la ejecución de ese procedimiento esté a cargo de la Auditoría General de Gestión, a cargo de Leandro Mai, y que la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General preste apoyo institucional.

En el escrito, Vranicich da cuenta que con “la situación de gravedad institucional” que atraviesa la Fiscalía Regional de Rosario se “han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo”. Y agrega que eso “no puede constituir un obstáculo para que el Ministerio Público de la Acusación asuma como prioridad dar una respuesta unificada, eficiente, eficaz a los múltiples hechos delictivos generadores de violencias altamente lesivas focalizadas en la ciudad y en el departamento de Rosario”.

En ese marco, y con el fin de “evitar mayores consecuencias dañosas para la institución y restaurar la cohesión interna”, el comunicado interpela a los distintos órganos fiscales “a realizar sus denuncias, presentaciones, defensas y/o planteos por los carriles institucionales correspondientes”. En definitiva, a terminar con las polémicas a través de los medios.

Luego de que se conociera la decisión del MPA, la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren, decidió apartar a los fiscales Socca y Moreno de las causas en las que investigan extorsiones realizadas por parte de la banda de Los Monos; investigación en la cual surgieron los elementos con los que denunciaron a Edery. Según explicó en un escrito, el apartamiento fue sugerido por la propia Vranicich. Las investigaciones ahora quedaron en manos de Juliana González. El jueves, Iribarren había adoptado una postura similar desplazando provisoriamente a Edery de las causas vinculadas con Mariana Ortigala.

La acusación contra Edery se da en el marco de una investigación por extorsiones contra el dueño de una agencia de quinielas por parte de Los Monos, donde Ortigala quedó imputada y detenida como partícipe del delito y presunta testaferro de Ariel Máximo “Guille” Cantero. Si bien Edery había notificado a sus superiores que la mujer oficiaba de “informante”, durante la audiencia los fiscales difundieron una serie de chats obtenidos en la investigación que, a su entender, trascienden la relación profesional. Para la dupla, Ortigala es señalada como “una narco protegida” por el fiscal, algo que Edery niega de plano en el descargo que esta semana presentó ante la Auditoría General.

Al confirmarse la denuncia, la instrucción contra Edery quedó a cargo de las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, de la ciudad de Santa Fe, quienes este jueves llevaron adelante un operativo en la Agencia de Criminalidad Organizada para recopilar información sobre la causa. De esa inspección se llevaron documentación sobre los casos a cargo de Edery que involucran a Ortigala, así como también los teléfonos del fiscal y de una empleada de la dependencia.

Denuncias cruzadas

A su vez, en un día por de más movido, este jueves el defensor Leonel Iesari, abogado de Mariana Ortigala, denunció a los fiscales Socca y Moreno ante el auditor del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai. En concreto, el abogado denuncia que se incumplió el deber de protección respecto a su defendida en la causa en la que se la investiga por presuntas extorsiones.

En esa línea, dejó clara su oposición a que en las audiencias se mostrara el video del allanamiento en el domicilio de Ortigala, porque en ese material quedaba expuesto el vínculo con Edery. Puntualmente, en el video se ve a agentes policiales indagando a la mujer y diciendo que usaba un celular “para pasarle información al fiscal Matías Edery”.

Iesari cuestionó que tanto Socca como Moreno “solicitaron de manera manifiesta e insistente que se reproduzca dicho video” porque lo relaciona con un hecho violento. Durante la noche del 19 de septiembre, horas después de desarrollada la audiencia, se registró un ataque a balazos en una estación de servicios de la zona norte de la ciudad, donde los atacantes dejaron una nota intimidante dirigida a Edery amenazándolo con que “deje de hablar por teléfono” con Ortigala.

El abogado consideró que la vida de su defendida está en peligro. Recordó que en 2020 la mujer fue víctima de un ataque a balazos y que el fin de semana previo a las audiencias recientes fue baleado el Complejo Penitenciario Rosario donde se encuentra detenida. “Todo ello no hace más que demostrar el riesgo inminente que padece Ortigala y que más allá de que debe ser investigada en la Investigación Penal Preparatoria que la tiene como imputada, este defensor entiende que la conducta abusiva que desplegaron los fiscales Socca y Moreno al reproducir este video ha puesto a Ortigala en un total estado de vulnerabilidad y no respetándosele sus derechos humanos fundamentales”, evaluó.