La ex directora del Hospital Provincial, dos médicos de la guardia de ese centro de salud y un médico del SIES fueron condenados por atender sin perspectiva de género a una médica víctima de abuso sexual. La decisión judicial fue impulsada por Gimena Corral, quien sufrió un abuso sexual el 7 de julio de 2019 y fue revictimizada durante la atención: la trataron por un coma etílico, sin revisarla ni contenerla por la violencia sexual que había sufrido.

“Se trata de la primera sentencia de daños y perjuicios que responsabiliza civilmente a profesionales de la salud por revictimizar a una mujer que llegó a una guardia golpeada, ensangrentada y abusada, y a la que rotularon como ‘borracha’”, adelantó la abogada de la víctima, María Victoria San Juan Soria, especialista en litigio con perspectiva de género.

La resolución judicial fija una indemnización por daño moral y obliga a los condenados a capacitarse en perspectiva de género, de acuerdo con la Ley Micaela.

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“Fueron años de lucha y finalmente se hizo justicia. La única justicia es la justicia reparativa, y esta sentencia lo es”, afirmó San Juan Soria.

La decisión fue tomada por el Juzgado Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual N.º 5 de Rosario, a cargo de Edgardo Bonomelli.

La condena alcanza al médico del móvil del SIES, a dos médicos de la guardia del Hospital Provincial y a la entonces directora del Hospital Provincial de Rosario, quienes deberán pagar una indemnización económica más intereses.

Lo que entendió el juez es que atendieron a Gimena sin protocolo de violencia de género ni de abuso sexual, la etiquetaron como borracha y la dejaron casi diez horas sin asistencia adecuada en la guardia.

En la madrugada del 7 de julio de 2019, Gimena Corral fue drogada, robada, abusada sexualmente y golpeada en plena calle, en Maipú al 2200 de Rosario.

Un vecino la encontró tirada, ensangrentada, con la ropa interior rasgada, y llamó al 911 y al SIES. El médico de la ambulancia la conocía: eran colegas. La consignó como alcoholizada y la trasladó al Hospital Provincial sin registrar ni transmitir ninguna sospecha de violencia sexual.

En la guardia del Hospital Provincial, el diagnóstico de ingreso fue “intoxicación aguda etílica”, sin medición alguna. Nadie activó el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. No se le ofreció anticoncepción de emergencia ni profilaxis para infecciones de transmisión sexual. No se la revisó. No se avisó a su familia.

Cuando su madre llegó, seis horas después, Gimena todavía tenía la cara cubierta de sangre seca y pidió gasas para limpiarla.

También la familia de Gimena —la madre, la hermana, el novio— preguntó en el centro de salud si había sido violada. La respuesta que recibió fue: “Quedate tranquila, ya la revisamos”. La historia clínica no registra esa revisación.

En tanto, en el ámbito penal, el agresor fue condenado y cumple prisión efectiva por abuso sexual y robo agravado.

Para Gimena —según expresó—, “la violencia más cruenta” fue la ejercida por sus colegas que la estigmatizaron, “una violencia institucional que había quedado impune”.

Bonomelli consideró que en la guardia del Hospital Provincial “existió un estereotipo y violencia institucional”, que la hipótesis de la violencia sexual “fue evidentemente desplazada por la del alcohol” y que ese desplazamiento “es la expresión de un estereotipo que el ordenamiento obliga a erradicar”.

Calificó lo ocurrido como violencia institucional en los términos de la Ley 26.485 y aplicó la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, entre otras normativas.

“Lo que debía ser la primera respuesta reparadora del sistema de salud se convirtió en una segunda experiencia de violencia”, dijo San Juan Soria.

La propia directora admitió en el juicio que los médicos no aplicaron los protocolos “porque consideraron que no había abuso” y que las capacitaciones que se comprometió a hacer nunca se concretaron.

El juez concluyó que no hubo “una falta aislada de un profesional sino una falla estructural”.

Además de la indemnización, la sentencia ordena a los cuatro condenados acreditar la aprobación de la capacitación en género y violencia contra las mujeres prevista por la Ley Micaela.

La profesional consideró que el fallo es histórico porque “hasta ahora, la responsabilidad civil de los profesionales de la salud se discutía casi exclusivamente en clave de mala praxis: si el tratamiento agravó o no una lesión. En este caso, la pericia médica dijo que la atención no agravó las lesiones físicas y, sin embargo, la condena prosperó”.

La demanda fue impulsada desde el primer día por la abogada rosarina María Victoria San Juan Soria, quien decidió encuadrar el caso como violencia de género institucional y revictimización.

El resultado es un precedente jurisprudencial en materia de daños y perjuicios: por primera vez un tribunal civil declara que la falta de perspectiva de género en la atención sanitaria de una víctima de abuso sexual es violencia institucional y constituye, por sí misma, un daño resarcible.

San Juan Soria acompañó a Gimena durante todo el proceso, en un litigio que llevó años y en el que enfrentó a cuatro profesionales, dos aseguradoras y la estructura de un hospital público.

“Se hizo justicia. Durante siete años a Gimena Corral la pusieron en el lugar de culpable: la médica borracha. Los que debían cuidarla la estigmatizaron, la dejaron en un rincón de la guardia y le mintieron a su familia. Este fallo la devuelve al lugar que corresponde, el de víctima, y señala a los responsables”, expresó la profesional.

Por su parte, Gimena Corral manifestó su alivio. “Siento que ahora sí puedo salir a gritarle al mundo que no fue mi culpa. Siento que mi reclamo fue válido. Que por fin alguien le da validez a mi reclamo. Hoy sí me siento víctima, hoy se me reivindicó como víctima, y eso me pone contenta, ¿sabés por qué? Porque ya no es mi culpa. Ahora sí la culpa es de ellos”, expresó.