El fondo contra las inundaciones terminó en plazo fijo: $290.676 millones
Axel Kicillof denunciará a Milei y a Caputo por malversación: de los $402.931 millones que la ley asigna a obras hídricas, la Nación ejecutó apenas el 36,7%. Con El Niño ya en su etapa más riesgosa, la plata que debía frenar el agua está colocada en letras del propio Estado.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo por el manejo de los fondos que por ley deben financiar las obras que evitan inundaciones. Lo hizo el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto a su par de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de ARBA, Cristian Girard, en una conferencia de prensa en La Plata: «Por instrucción del gobernador vamos a denunciar penalmente al presidente de la Nación, Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad en la presunta comisión de delitos». La presentación, que según anticiparon se concretará en las próximas horas, incluye las figuras de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el centro del expediente está el Fondo de Infraestructura Hídrica, que se nutre del 4,31% del Impuesto a los Combustibles que se paga en cada estación de servicio del país y que, por normativa, tiene asignación específica: prevenir inundaciones y recuperar tierras productivas.
Los números que la Provincia puso sobre la mesa son el corazón de la denuncia. En el promedio de 2024, 2025 y 2026, la asignación por ley fue de $402.931 millones, mientras que el gasto de capital en obras alcanzó los $147.834 millones: el 36,7%, es decir que se invirtió «uno de cada tres pesos». Y el dato más filoso: al cierre del primer trimestre de 2026 el fondo contaba con $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones —el 85,49%— estaban colocados en Letras del Tesoro. «No hacen obras hídricas pero sí timba financiera», resumió Katopodis. Con ese dinero, sostuvo la Provincia, se podrían haber hecho 40 obras como la adecuación del cauce del río Areco (a $7.583 millones cada una), 8 como la reconstrucción del Canal Maldonado de Bahía Blanca (Etapa II, $35.619 millones) o 3 como el mejoramiento del tramo medio del río Luján (Etapa II A, $106.349 millones).
El desvío no es una foto de un solo trimestre. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en Presupuesto Abierto calculó que el fideicomiso ejecutó el 11,7% en 2024 ($12.709 millones sobre $108.651 millones recaudados) y el 20,6% en 2025 ($43.069 millones sobre $208.869 millones); en el primer semestre de 2026 el porcentaje subió al 63,8%, pero sin revertir el acumulado. A abril de 2026, cerca del 88% de los recursos específicos del fondo estaban prestados al Tesoro, según el mismo informe. La diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal) llegó a una cifra parecida por la vía de un pedido de acceso a la información pública: sobre $354.197 millones, $303.370 millones estaban colocados en Letras del Tesoro Nacional. Y el proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso proyecta que unos $133.000 millones sigan en instrumentos financieros en lugar de convertirse en obras.
A la subejecución se suma otro frente: los créditos internacionales que la Nación no avala. Katopodis detalló que la Provincia tiene dos préstamos por USD 320 millones esperando autorizaciones nacionales: USD 200 millones para obras en las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que alcanzan a cinco municipios, y USD 120 millones para intervenciones hidráulicas en el nodo Bragado, sobre la cuenca del río Salado, con impacto en 13 distritos. Mientras tanto, según la Provincia, otras diez jurisdicciones recibieron avales para 18 préstamos por USD 1.973 millones. Y el préstamo BIRF 9516-AR del Banco Mundial, de USD 200 millones, aprobado en agosto de 2023 para infraestructura resiliente al clima y gestión del riesgo de inundaciones urbanas, no se ejecutó en obras: de acuerdo con la administración bonaerense, esos fondos se usaron para financiar deuda del Estado. «El Gobierno sigue recaudando ese impuesto en todas las estaciones de servicio del país. Se lo está robando el Gobierno nacional y no hace las obras que debería hacer», disparó el ministro.
El timing del expediente no es casual. La conferencia se hizo a pocos días de que las lluvias intensas elevaran los caudales del Paraná y el Uruguay y dejaran, según el relevamiento de Página/12 del 14 de octubre, al menos 400 personas afectadas en el Litoral, con familias evacuadas y pérdidas materiales. Los mapas de humedad de suelo que mostró la cartera bonaerense revelan que entre la primera y la segunda semana de octubre la superficie saturada se extendió en buena parte del territorio bonaerense. «Después de tres años estaríamos muchísimo mejor preparados para enfrentar la llegada del Súper Niño», dijo Katopodis, que adelantó que harán «responsables a los funcionarios nacionales de los daños y los perjuicios» que ocurran en la provincia. Cabe aclarar que se trata de acusaciones de un gobierno provincial contra funcionarios nacionales: ninguna está probada y será la Justicia federal la que deba investigarlas.
¿Y por Santa Fe?
Para Rosario y el sur de Santa Fe el dato no es abstracto. La ciudad está al final de las cuencas de los arroyos Ludueña y Saladillo, que reúnen unas 450 mil hectáreas, y el trimestre octubre-noviembre-diciembre es el período crítico del fenómeno. La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta para la región núcleo lluvias 30% superiores a las normales en octubre, 70% en noviembre y 90% en diciembre. Frente a eso, Santa Fe declaró la emergencia hídrica por ley (14.447) hasta abril de 2027, con un Fondo de Emergencia Hídrica de $10.000 millones, 90 bombas, un mapa de 100 localidades en riesgo y cuatro helicópteros; el municipio sumó 12 estaciones meteorológicas y lleva limpiados 53,5 kilómetros de arroyos y canales y 124.302 metros lineales de desagües, mientras la Provincia licitó el reacondicionamiento de la presa retardadora del Ludueña por unos $1.000 millones. Es decir: mientras la Nación tiene el fondo nacional contra las inundaciones en letras, Santa Fe y Rosario ponen la caja y el trabajo para enfrentar el agua que viene.