La exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del Conicet en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, marca un nuevo capítulo en la controversia por el futuro de la ciencia pública argentina. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dispuso la máxima sanción disciplinaria contra la especialista, que coordinó el sitio argentino del proyecto internacional SPRINT, dedicado a estudiar el impacto de los productos fitosanitarios en los ecosistemas y la salud humana. Las autoridades fundamentaron la medida en presuntas irregularidades administrativas, pero Aparicio y quienes respaldan su trayectoria cuestionan las imputaciones y denuncian que el caso puede convertirse en un antecedente de disciplinamiento para quienes investigan temas ambientalmente sensibles.

Entre los argumentos del sumario figuran supuestas irregularidades en el uso de fondos, el incumplimiento de la vía jerárquica, modificaciones en el protocolo bioético, la concentración de análisis biológicos en laboratorios extranjeros y la participación de un colaborador sin designación formal en el acceso a datos confidenciales. Aparicio rechazó las acusaciones y sostuvo que la sanción responde a un trasfondo político. En una entrevista publicada por Página/12 el 26 de septiembre, advirtió: “Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren”. También anticipó que agotaría las instancias administrativas para llevar el caso a la Justicia. Con la resolución de su exoneración, esa vía quedó agotada, según la información difundida.

El conflicto contrasta con el respaldo institucional que el propio INTA había otorgado al proyecto SPRINT en 2020. Financiada con 14 millones de euros del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, la iniciativa internacional permitió al equipo argentino adquirir insumos para analizar la presencia de más de 200 plaguicidas en distintos sistemas productivos. Los resultados documentaron mezclas de estos compuestos en muestras de suelo, cursos de agua, materia fecal, orina y sangre. Según los datos difundidos por el equipo, los productores convencionales presentaban concentraciones significativamente mayores que quienes trabajaban con modelos agroecológicos. La investigación puso así en el centro de la discusión pública la denominada “ruta del plaguicida” y sus posibles consecuencias para el ambiente y la población.

Las tensiones aumentaron a medida que avanzó el proyecto. De acuerdo con los antecedentes expuestos por quienes defienden a Aparicio, en 2023 se prohibieron reuniones explicativas con productores y, en 2024, se resolvió retirar a la Argentina de la iniciativa. A esas decisiones les siguió el sumario administrativo que terminó con la expulsión de la investigadora. Sus respaldos sostienen que los fondos internacionales ingresaron a las cuentas del INTA, siguieron los procedimientos administrativos correspondientes y fueron objeto de auditorías favorables en el país y en Europa. Estos antecedentes son centrales para quienes cuestionan la sanción, aunque la evaluación definitiva de las imputaciones y de los procedimientos deberá considerar la documentación administrativa completa y los argumentos de todas las partes involucradas.

La decisión provocó una reacción de organizaciones, académicos e instituciones que impulsaron una carta pública en defensa de la ciencia estatal y de la libertad de investigación. Los firmantes destacan la trayectoria de Aparicio, que registra 91 artículos publicados, 270 coautorías y más de 3.100 citas en la base bibliográfica Scopus. Para sus defensores, el caso excede la situación laboral de una investigadora: plantea interrogantes sobre las condiciones en las que se produce conocimiento científico cuando sus resultados involucran actividades productivas de gran peso económico y social. La exoneración deja abierta una disputa que podría trasladarse a los tribunales y que vuelve a poner en discusión el lugar de la investigación pública, la independencia de los equipos científicos y el derecho de la sociedad a conocer los efectos de los productos utilizados en el modelo agropecuario argentino.