El 38% de los rosarinos identifica la inseguridad como el principal problema de la ciudad, según una encuesta de Innova. Aunque el 64% considera que la seguridad mejoró desde la llegada de Maximiliano Pullaro al gobierno, el delito continúa encabezando las preocupaciones. En ese escenario, la Legislatura debate nuevas facultades de control policial en la calle, cuestionadas por referentes opositores como el diputado Marcos Corach y en una provincia con antecedentes de agentes condenados e imputados por delitos graves.

La encuesta de Innova se realizó mediante 400 entrevistas domiciliarias a residentes de Rosario mayores de 16 años, entre el 17 y el 19 de octubre. El estudio informa un margen de error de más o menos 4,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. . Los datos permiten medir tanto las prioridades de la población como su evaluación de la política de seguridad provincial.

• La inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los rosarinos. El 38% de los consultados la señaló como el problema más importante de la ciudad. El relevamiento muestra una diferencia entre la persistencia del problema y la percepción sobre su evolución. El 64% de los rosarinos considera que la seguridad mejoró desde que Maximiliano Pullaro asumió la gobernación, mientras que el 34% está en desacuerdo. A su vez, la gestión provincial obtiene un 58% de valoraciones positivas y un 41% negativas.
• El desempleo aparece segundo, con el 14%; la pobreza y el narcotráfico comparten el tercer puesto, con el 12% cada uno. Después se ubican la obra pública, con el 7%; la corrupción, con el 6%; el transporte, con el 5%; la educación, con el 3%; y la Justicia y la salud, con el 2% cada una.
• La evaluación de la gestión municipal presenta otro balance: el 54% de los encuestados calificó negativamente la administración de Pablo Javkin y el 46% lo hizo de manera positiva.

Ciudad de Santa Fe

En la ciudad capital, la inseguridad ocupa también el primer lugar, aunque con una incidencia menor que en Rosario. El 32% de los consultados por Innova la señaló como el principal problema, seis puntos por debajo del registro rosarino.

El desempleo quedó segundo, con el 18%, mientras que la obra pública y la corrupción reunieron el 11% cada una. La pobreza alcanzó el 8% y el narcotráfico, el 6%. La comparación muestra que el desempleo tiene mayor peso en la capital provincial, mientras que en Rosario se destacan más la inseguridad y el narcotráfico.

En la evaluación de la política de seguridad, el contraste también es marcado. En Santa Fe capital, el 49% considera que la seguridad mejoró desde la llegada de Pullaro, frente al 47% que no comparte esa afirmación. En Rosario, el acuerdo alcanza al 64%.

La gestión provincial registra en la capital un 57% de opiniones positivas y un 41% negativas. El intendente Juan Pablo Poletti obtiene un 50% de valoraciones favorables y un 48% desfavorables.

Más facultades para controlar en la calle

Los resultados se conocen mientras el gobierno provincial impulsa reformas para ampliar las herramientas de intervención policial. Una de las iniciativas que avanzó en la Legislatura santafesina propone controles de teléfonos celulares en la vía pública para verificar el código identificatorio de cada aparato (IMEI), y determinar si tiene una denuncia por robo, y eventualmente retenerlo. El diputado Corach criticó duramente el proyecto de ley que tuvo media sanción en Diputados y sostuvo que la medida otorga un poder desmedido a las fuerzas de seguridad. “La seguridad no puede construirse convirtiendo a los ciudadanos en sospechosos ni dejándolos a merced de decisiones arbitrarias de las fuerzas de seguridad sin una orden judicial”, remarcó.

Casos

El debate adquiere otra dimensión a la luz de los expedientes judiciales que involucraron a policías santafesinos durante el último año. En Rosario, un suboficial de la Policía de Acción Táctica fue condenado a ocho años de prisión por encabezar un grupo que realizó allanamientos ilegales para robar droga y dinero y sometió a detenidos a tormentos. En otra causa, diez agentes fueron imputados por la agresión a un hombre al que, según la acusación fiscal, rociaron con alcohol y prendieron fuego para después presentar el episodio como un accidente.

También hubo investigaciones sobre efectivos de la Brigada Motorizada acusados de extorsionar, plantar pruebas y fabricar causas penales. A esos expedientes se suma el fraude con combustible en la Unidad Regional II, que alcanzó a la cúpula policial rosarina y derivó en acusaciones contra policías y civiles por el desvío de fondos destinados a los patrulleros.

Los casos tienen distintos estados procesales: hay condenas y también imputaciones y acusaciones pendientes de resolución. No permiten generalizar sobre toda la fuerza, pero sí documentan los riesgos de una actuación policial sin controles suficientes. La discusión sobre nuevas atribuciones debe considerar esos antecedentes, además de la eficacia que el Gobierno les atribuye para combatir el delito.