Luego de varias semanas sin sobresaltos para el gobierno en materia judicial, la segunda mitad del año promete movimientos importantes en causas sensibles para la gestión libertaria. En la investigación que tiene como protagonista al jefe de Gabinete Manuel Adorni todo indica que se viene un pedido de explicaciones sobre su patrimonio, mientras que ANDIS y $Libra avanzan no sin dificultades sobre pericias que podrían ser determinantes.

En ese horizonte judicial, los expedientes que más preocupan en Balcarce 50 son los que tienen a Adorni como protagonista, y que están en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito, que tiene bajo la lupa la aparente desproporción entre ingresos formales y gastos que ha hecho el funcionario en los últimos dos años, y también la del vuelo privado a Punta del Este que hizo con su amigo Marcelo Grandío, contratista de la Televisión Pública.

Por estos días, Pollicita avanza en los detalles de un requerimiento de justificación que es altamente probable que tengan que responder Adorni y su defensa. Se trata de un pedido previsto en este tipo de causas, mediante el cual se le exige a un funcionario público que aclare el origen de un incremento patrimonial que luce significativo. En expedientes por enriquecimiento ilícito opera la inversión de la carga de la prueba, motivo por el cual pasa a ser el propio imputado el que tiene que demostrar que su dinero no fue mal habido.

Pese a las intenciones judiciales de avanzar, la demora del jefe de Gabinete en presentar su declaración jurada es el principal escollo. En la Justicia explicaron a Tiempo que en causas similares a la de Adorni a esta altura el trabajo suele estar un poco más avanzado en materia de análisis básicamente porque ya suele estar incorporada la declaración patrimonial exigida por la Oficina Anticorrupción.

Pero en el caso del jefe de Gabinete eso no pasó. Hasta el momento, desde el gobierno solo han salido versiones: que la presentaría al filo del 31 de mayo, que sería los primeros días de junio y la última que podría ser cerca del próximo fin de semana.

De todos modos, en la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) avanzan a paso rápido en el análisis fino de los números del jefe de Gabinete. Hay, por lo menos, dos semanas de trabajo por delante: tienen que estudiar ingresos formales, gastos, erogaciones en efectivo y transacciones cripto. De ahí saldrá un informe que deberá ser cotejado con la declaración jurada que nunca llega. El funcionario tiene tiempo hasta el 31 de julio para presentarla. Cuando todo eso pase, el funcionario tendría que dar explicaciones.

Por otro lado, en la causa que investiga la escapada en vuelo privado que hizo Adorni junto a su familia durante los feriados de carnaval de febrero, el juez Lijo espera el resultado de una serie de medidas que ordenó para definir si corresponde fijar una fecha de indagatoria, según supo Tiempo.

Los audios de Spagnuolo

La causa que investiga posibles sobreprecios y retornos millonarios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en tanto, avanza sobre un punto clave: la pericia de los audios que dio a conocer el streaming Carnaval y que motivaron las denuncias que se usaron para el inicio de la investigación. En los últimos días se supo que el juez Lijo pidió que el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, aporte su voz para realizar el estudio sobre esas piezas sonoras que para la defensa fueron editadas con inteligencia artificial.

Los abogados del ex titular del organismo rechazaron que Spagnuolo tenga que aportar un registro de su voz en los Tribunales porque dicen que sería exponerlo a una autoincriminación.

En la Justicia, en tanto, señalaron a Tiempo que esa negativa busca “embarrar la cancha” e insisten con que quedó claro en los dictámenes del fiscal Franco Picardi y los procesamientos que los audios en los que Spagnuolo relataba un supuesto esquema de corrupción en torno a contratos de medicamentos para personas con discapacidad no fueron usados como prueba.

Igualmente se adelantaron a la posibilidad de que la pericia concluya que fueron editados y afirman que no tendría ningún efecto concreto sobre la causa y lo que se hizo hasta ahora. Sostuvieron, en ese punto, que la aparición de un solo fragmento sin edición será suficiente para determinar que se trata de la voz de Spagnuolo y que habla de corrupción. No obstante, detrás de esa disputa la causa busca profundizar en un entramado que habría generado un perjuicio millonario para el Estado en general y las personas con discapacidad en particular.

La causa $Libra

Donde el panorama está más complicado es en la causa $Libra, que tiene como principal imputado a Javier Milei.

El fiscal Eduardo Taiano espera que le remitan un informe sobre una serie de transferencias que hizo Davis por cerca de U$S 4 millones el 30 de enero de 2025, día en que fue a la Casa Rosada a reunirse con Milei. Pero apareció un problema: según reveló días atrás La Nación, el organismo al que se le encargó ese estudio avisó, con ocho meses de demora, que no tenía las licencias de los softwares para avanzar en esa tarea. Frente a eso, el trabajo se le encomendó al área de Ciberdelito de la Policía Federal, que estaría trabajando para salir del asunto. En una de las querellas están convencidos de que pasará la feria judicial de invierno y el Mundial de Fútbol y que no habrá novedades trascendentales. Con algo de picardía, hay quienes dicen que en la Rosada ya ni se acuerdan de que la causa existe. «