Desde Río Negro

Federico “Fred” Machado, el financista que supo moverse en los márgenes del poder político y empresarial argentino, se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la fiscalía federal deTexas. El acuerdo fue presentado este martes ante un juzgado federal de la ciudad de Sherman y busca cerrar una causa que, de avanzar a juicio oral, podría derivar en décadas de prisión para el empresario. Según la notificación judicial firmada por la fiscalía estadounidense, Machado admitió haber integrado una asociación destinada a lavar dinero mediante transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos. También reconoció haber cometido fraude. A cambio, el fiscal Jay Combs aceptó retirar uno de los cargos más gravosos, como el de narcotráfico internacional, que había sido incorporado en la acusación original de 2020.

El acuerdo no fija una pena concreta, pero la expectativa del entorno del empresario es lograr un fuerte recorte de la condena y hasta poder lograr la libertad este año. Machado lleva seis meses detenido en una cárcel de seguridad media en Oklahoma como había anticipado Página/12 y busca que el tribunal compute, además, los 4 años que pasó bajo prisión domiciliaria en Viedma y que en el mes de abril cumplió 5 años de prisión por lo que podría computarse tras la condena, luego de haber sido detenido en Bariloche en abril de 2021. Si ese planteo prospera, la posibilidad de recuperar la libertad en el corto plazo no aparece lejana.

Un caso global, una estrategia defensiva

El expediente que enfrenta Machado es de una dimensión poco habitual, porque existen más de 20 terabytes de documentación, con registros financieros, correos electrónicos, transferencias internacionales y movimientos comerciales en al menos media docena de países. En ese contexto, la vía del acuerdo se volvió la opción más razonable para un acusado que se exponía a una condena ejemplar si el caso llegaba a un jurado.

La acusación también alcanzó a su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023. Ambos habían utilizado fideicomisos para inscribir aeronaves con matrícula estadounidense, una ingeniería legal por la que circularon cientos de millones de dólares. Machado siempre negó haber participado en el tráfico de drogas y logró, ahora, que ese cargo quede por ahora fuera del acuerdo.

El pacto deberá ser homologado por el juez federal Amos Mazzant, un trámite que, según las prácticas habituales del sistema judicial estadounidense, tiene altas probabilidades de ser aprobado. como anticipó el periodista Sebastián Lacunza para el Diario AR.

El acuerdo que podría evitar el juicio oral

La clave del acuerdo está en lo que Machado reconoce y, sobre todo, en lo que logra dejar afuera. El empresario admitió haber participado en maniobras destinadas a ocultar el origen y control de fondos mediante operaciones financieras complejas. También aceptó cargos por fraude. Sin embargo, consiguió que la fiscalía retire la acusación por narcotráfico internacional, uno de los delitos más pesados que enfrentaba desde 2020.

La estrategia defensiva apunta a un objetivo concreto, que es reducir drásticamente la pena y acelerar una eventual salida en libertad. Machado permanece detenido desde noviembre pasado en el Core Civic Cimarron Correctional Facility, una prisión federal de seguridad media ubicada en Oklahoma, luego de haber sido extraditado desde Argentina. Allí pasa sus días vestido con uniforme azul, jugando al fútbol con otros detenidos y manteniendo contacto virtual permanente con familiares mediante dispositivos electrónicos monitoreados por las autoridades penitenciarias estadounidenses.

En su entorno aseguran que el empresario está convencido de que podrá regresar al país antes de lo previsto. La expectativa es que la Justicia norteamericana le compute los años que pasó bajo arresto domiciliario. Si eso ocurre, la defensa cree posible una excarcelación relativamente rápida.

El frente Espert vuelve a oscurecerse

La admisión de culpabilidad de Machado reaviva el frente judicial que involucra al economista liberal José Luis Espert. El exdiputado nacional es investigado en un juzgado federal de San Isidro, donde el fiscal Fernando Domínguez detectó indicios de lavado de dinero y enriquecimiento injustificado.

El disparador fue una transferencia de 200 mil dólares realizada por Machado a Espert en enero de 2020. Durante años, el economista negó cualquier vínculo comercial con el empresario. Cuando el pago salió a la luz, sostuvo que se trataba de una consultoría para auditar una mina en Guatemala, pese a no contar con antecedentes en ese rubro. La investigación determinó que el contrato era por un millón de dólares y que no existen pruebas de que el trabajo se haya realizado.

Con Machado reconociendo haber lavado dinero, esa transferencia podría ser considerada parte del circuito delictivo. Lejos de disipar sospechas, el acuerdo judicial en Texas refuerza la hipótesis que pesa sobre el exdiputado, quien recientemente intentó sin éxito trasladar una de las causas a los tribunales de Comodoro Py.

La preocupación en el universo libertario

En el entorno político libertario el caso generó incomodidad desde el principio. El escándalo terminó erosionando la posición de Espert dentro del oficialismo y detonó tensiones internas que durante meses se intentaron contener. Incluso hubo movimientos judiciales para intentar trasladar expedientes a Comodoro Py y alejar el caso de ciertos juzgados federales bonaerenses. Ninguno prosperó.

Machado tampoco es ajeno a esos vínculos. En Argentina fue defendido por Francisco Oneto, abogado de Javier Milei y dirigente de La Libertad Avanza. En Estados Unidos, en cambio, recurrió a Quinn Emanuel, uno de los estudios jurídicos más poderosos del mundo, conocido por representar a empresarios multimillonarios y figuras como Elon Musk. Formalmente, quien lleva adelante la defensa es el abogado Christopher Clore, especialista en delitos económicos complejos.

La gran incógnita ahora es cuánto habló Machado para conseguir este acuerdo. En los tribunales federales estadounidenses, la reducción de cargos suele ir acompañada de cooperación. Nadie descarta que el empresario haya aportado información sobre mecanismos financieros, nombres de intermediarios o conexiones empresariales y políticas. Ese punto aparece hoy como una de las mayores preocupaciones para quienes compartieron negocios o vínculos con él durante años.

Prisión, fútbol y planes de regreso

Machado se encuentra alojado en el Core Civic Cimarron Correctional Facility, en Oklahoma. Mantiene contacto frecuente con su familia en Argentina, juega al fútbol y sigue de cerca las negociaciones legales que podrían permitirle recuperar la libertad.

En su entorno aseguran que el empresario fantasea con regresar a la Argentina apenas quede en libertad y retomar actividades comerciales. Durante años, fue una figura central del negocio aéreo privado, donde vendió decenas de aviones con relaciones con gobernadores, empresarios y celebridades, y cultivó vínculos políticos que hoy, en su mayoría, guardan silencio.

La causa que lo llevó de los hangares de lujo a una prisión estadounidense parece encaminarse a su capítulo final. Pero sus derivaciones políticas, especialmente en el caso Espert, todavía están lejos de cerrarse.