La Justicia Federal avanzó este jueves con cinco allanamientos en las localidades santafesinas de Acebal y Wheelwright en el marco de una investigación por una millonaria defraudación al Programa de Atención Médica Integral (Pami). La pesquisa apunta al médico cardiólogo Martín Gabriel A., acusado de haber facturado consultas, estudios y prácticas médicas que numerosos afiliados aseguran no haber recibido. El perjuicio económico para la obra social asciende a unos 700 millones de pesos, de los cuales cerca de 580 millones ya fueron abonados al profesional.

Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía Federal de Rosario y ejecutados por personal de la Policía Federal Argentina en consultorios donde atiende el médico investigado y en su domicilio particular. Las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Carlos Vera Barros a pedido de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa.

La investigación está a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal Rosario, conducida por el fiscal Javier Arzubi Calvo, junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. El expediente busca determinar el alcance de una maniobra que se desarrolló entre 2023 y 2025 y que tuvo como eje la carga sistemática de prestaciones médicas en los registros de la obra social.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el cardiólogo declaró haber atendido a más de 5.000 afiliados de Pami y realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas durante ese período. Entre las prestaciones registradas figuraban consultas cardiológicas, electrocardiogramas, estudios Holter y otros procedimientos especializados.

El volumen de prestaciones llamó la atención de los organismos de control por varias razones. Una de ellas fue la cantidad de atenciones cargadas diariamente en el sistema informático de la obra social. La investigación detectó que el profesional registraba decenas de consultas y estudios por jornada de manera reiterada, una situación que encendió las alertas sobre la veracidad de las prestaciones declaradas.

Otro elemento que despertó sospechas fue el origen de los pacientes. De acuerdo con la investigación, una porción significativa de los afiliados que aparecían en los registros del médico residían fuera de la provincia de Santa Fe. Para los fiscales, ese dato resultó incompatible con la dinámica habitual de atención en los consultorios donde se desempeñaba el profesional.

La causa se inició a partir de una actuación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el Ámbito de Actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-Pami), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Durante esa etapa se detectó un grupo de afiliados que desconocían por completo las consultas, estudios y prácticas médicas que figuraban a su nombre en los registros de la obra social.

Las denuncias de esos beneficiarios permitieron abrir una línea de investigación que luego incorporó análisis de bases de datos, auditorías sobre la facturación presentada y cruces de información respecto de las prestaciones informadas. A partir de esos elementos, los fiscales concluyeron que existían indicios suficientes para avanzar con medidas de prueba de mayor alcance.

De acuerdo con los cálculos realizados por los investigadores, la maniobra generó una facturación cercana a los 700 millones de pesos. De ese monto, aproximadamente 580 millones fueron efectivamente pagados por Pami al profesional, mientras que el resto corresponde a prestaciones registradas cuya situación continúa bajo análisis.

Los allanamientos realizados este jueves tuvieron como objetivo secuestrar documentación médica, registros administrativos, dispositivos informáticos y otros elementos que permitan reconstruir el circuito de facturación y determinar si las prestaciones cargadas en el sistema fueron efectivamente realizadas.

La División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal Argentina intervino en los procedimientos. Los fiscales buscan establecer el volumen real de las prácticas efectuadas, identificar posibles responsabilidades adicionales y determinar si existió una estructura destinada a sostener durante años un esquema de facturación irregular contra la principal obra social de jubilados y pensionados del país.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y se centra en establecer el destino de los fondos percibidos y el mecanismo utilizado para incorporar miles de consultas y estudios que, según surge de las primeras evidencias reunidas por la Fiscalía, numerosos afiliados aseguran no haber recibido.