El poroteo le da favorable al grupo de Paolo Rocca, pero hasta ahora no está dicha la última palabra. La resolución iba a darse a conocer hoy, pero no sucedió.
En la Corte Suprema de Justicia nadie atina a explicar qué sucedió, pero hay un hecho incontrastable: el máximo tribunal tenía desde febrero en agenda para sacar hoy un fallo sobre la posible responsabilidad de Techint en el secuestro de un trabajador durante la última dictadura, pero la resolución no salió. En la Corte, algunos le apuntan al presidente Carlos Rosenkrantz por la demora. Los más optimistas dicen que saldría mañana. El poroteo le da favorable al grupo de Paolo Rocca, pero hasta ahora no está dicha la última palabra.
La Corte tiene para resolver una demanda que presentó la hija de un trabajador desaparecido de Techint, Enrique Roberto Ingegnieros. La joven María Gimena Ingegnieros le reclama a la empresa que pague una indemnización en base a la ley de accidentes de trabajo. La Cámara del Trabajo le dio la razón a María Gimena y ordenó a Techint que pagara. La empresa fue en queja a la Corte con dos argumentos centrales. Uno, que la posibilidad de presentar acciones prescribió. Dos, la empresa sostiene que no está probado que Enrique haya sido secuestrado el 5 de mayo de 1977 de la misma planta, como declaró su madre ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y como dio por probado la Cámara del Trabajo.
El expediente está para resolver desde marzo de 2017, cuando llegó el dictamen de Víctor Abramovich pidiéndole a la Corte que confirmara el fallo de la Cámara contra Techint. Desde fines del año pasado y con la llegada de Carlos Rosenkrantz a la presidencia, la Corte estableció un calendario con los fallos que va a sacar. En febrero, hizo un listado de casos hasta la feria de julio. Ahí se estableció que el fallo Ingegnieros saldría hoy. Pero no ocurrió.
¿Qué pasó? Acá arranca la comedia de enredos. Según fuentes de la Corte, los cinco ministros llegaron con sus votos. Dos, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, hicieron un voto conjunto que sería en línea con lo planteado por la Cámara del Trabajo y en sintonía con lo que ellos mismos habían votado en el caso Villlamil en 2017. Los otros tres, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco también se mantendrían firmes a lo que votaron en ese caso: que las acciones civiles por el terrorismo de Estado prescriben.
Lo raro fue que los votos ya habían pasado los chequeos para ser firmados por los ministros, pero el fallo nunca apareció. Algunos lo atribuyen al presidente del cuerpo, Rosenkrantz, que habría pedido su voto para hacerle unos agregados. Otros dicen que la mayoría – o sea, Rosenkrantz, Lorenzetti y Highton – quería contestar a los argumentos de Maqueda y Rosatti y que no habían tenido tiempo para hacerlo porque el voto de los dos ministros llegó tarde. En las vocalías de los jueces, desmienten esa versión y dicen que la última versión de su voto conjunto se entregó el lunes 6 a las 15. También en la Corte algunos sostienen que la mayoría no tiene por qué contestar a la minoría.
Lo que es claro es que alguien pidió el voto y no se cumplió, por primera vez desde que se implantó, con la agenda del tribunal. Y esto sucedió casualmente con un caso muy sensible que involucra al grupo económico más importante del país en crímenes contra la humanidad. Lo que no logran explicar es por qué sucedió porque el poroteo daba justamente a favor de la mayoría que retiró su voto.
Los más optimistas en el Palacio de Talcahuano dicen que mañana sale sí o sí el voto, aunque lo más probable sea que ocurra una nueva ronda de reclamos entre los ministros y especialmente para con el presidente del cuerpo.
Desde que asumió como presidente de la Corte, Rosenkrantz tuvo varios encontronazos con sus colegas, especialmente con su antecesor, Lorenzetti y con la dupla Maqueda – Rosatti. Le recortaron facultades como disponer nombramientos y otorgar licencias. En abril, después de una apertura del año judicial con el faltazo de los jueces más poderosos de Comodoro Py, le sacaron el manejo del Centro de Información Judicial (CIJ). Al tiempo que empezaron a emerger denuncias sobre el manejo irregular de casos en los que están involucrados exclientes de su estudio jurídico, como La Nación y Esso, entre otros, como publicó Horacio Verbitsky en El Cohete a la luna.
Las causas de lesa humanidad son un parteaguas en la Corte en la era Mauricio Macri. Después del fallo que con las firmas de Rosenkrantz, Rosatti y Highton le habilitó el beneficio del 2×1 a un represor del Hospital Posadas y que derivó en una marcha multitudinaria y en una crisis con los tribunales inferiores, los supremos han tratado de andar con pie de plomo en lo que a estos casos se refiere. Desde el fallo Muiña, Rosenkrantz no volvió a ser mayoría en los casos de lesa, mostrando una tendencia cambiante que el caso Ingegnieros podría modificar. En diciembre del año pasado, los supremos dieron vuelta la jurisprudencia del 2×1 y este año sólo incorporaron el caso Ingegnieros dentro de los temas a ser tratados. Por ahora, el fallo tiene pronóstico negativo para el reclamo de las víctimas del terrorismo de Estado. Aunque, al no estar firmado el fallo, las posibilidades quedan abiertas para que el expediente siga moviéndose.