Un conjunto de organizaciones y referentes hicieron público su “más enérgico repudio a la campaña de hostigamiento, desinformación y ataques públicos desatada contra el diputado provincial Fabián Palo Oliver, a partir del pedido de juicio político (jury) contra el tribunal que intervino en la causa conocida como ‘Trigatti’”. También expresaron su “solidaridad y acompañamiento a profesionales y entidades comprometidas en la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias”.

El caso “Trigatti” refiere a denuncias de abuso sexual contra un docente en la ciudad de Santa Fe, en las que varias niñas señalaron haber sido víctimas. El primer tribunal interviniente dictó la absolución, al desestimar los testimonios de las infancias y sostener interpretaciones luego fuertemente cuestionadas. “Esa decisión fue revisada por instancias superiores que revocaron el fallo, señalando graves inconsistencias en su fundamentación y finalmente confirmaron la condena, remarcando la importancia de escuchar y valorar adecuadamente la palabra de niñas, niños y adolescentes”, expresan desde diferentes sectores.

El planteo realizado por el diputado no persigue declarar culpabilidades ni inocencias, sino poner en discusión la gravedad institucional de un fallo que fue posteriormente revisado y revertido por instancias superiores. Dos tribunales distintos, por unanimidad, confirmaron la responsabilidad penal del acusado, dejando en evidencia las serias irregularidades del fallo original.

Frente a la medida solicitada por Palo Oliver, prevista por la ley, se ha desplegado una ofensiva agresiva que incluye denuncias infundadas, ataques personales y operaciones mediáticas que buscan instalar una narrativa falsa: la de una supuesta persecución contra un inocente.

Esta estrategia no es aislada, se inscribe en un clima más amplio donde sectores antiderechos intentan instalar la idea de las “falsas denuncias” como eje del debate públicos, presentando la senadora nacional Carolina Losada un proyecto de ley en ese sentido. Diversas organizaciones y referentes en materia de derechos humanos del país hemos señalado que la propuesta de Losada carece de sustento empírico y tiene consecuencias profundamente regresivas: desalienta las denuncias, revictimiza y debilita el acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Los datos son contundentes: la violencia de género sigue siendo una emergencia. En el país, en lo que va del año se registraron, desde el Observatorio MuMaLá, 81 feminicidios y 309 intentos. En Santa Fe se perpetraron 11 y fueron 30 los intentos de feminicidios. Una proporción significativa de las víctimas había denunciado previamente a su agresor sin recibir protección efectiva. “El problema no son las denuncias falsas, sino la falta de respuesta estatal frente a las denuncias reales”, dice el documento que lleva decenas de firmas.