ATE inició este lunes en la planta de Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán una jornada federal contra el concurso impulsado por el Gobierno nacional para incorporar socios privados a la empresa estatal. El principal cuestionamiento del gremio está puesto en una cláusula del pliego que, según explicó el secretario general adjunto de ATE Rosario, Fernando Peyrano, impediría que el Estado produzca los mismos bienes que queden a cargo de empresas privadas. También cuestionó el abandono de mercados y el impacto sobre el convenio colectivo de los trabajadores, además de la pérdida de soberanía.

El planteo sindical coloca el eje de la discusión más allá de la continuidad de los puestos de trabajo. La preocupación alcanza directamente a la capacidad productiva estatal en áreas vinculadas con la defensa nacional, en particular municiones y otros insumos estratégicos.

“Si un interesado compra un subrenglón de municiones o de algún producto específico, el propio Estado, lo que quede de Fabricaciones Militares, que va a ser un residual, no podría competir con esa línea productiva”, señaló Peyrano durante la asamblea realizada en Fray Luis Beltrán.

Según el dirigente, esa condición tendría consecuencias frente a eventuales necesidades de las Fuerzas Armadas. “Ante un eventual conflicto o frente a las necesidades del Ejército de actualizarse, esa producción quedaría comercialmente en manos de tres operadores privados”, sostuvo.

La planta de Fray Luis Beltrán cuenta con 233 trabajadores y ocupa un predio de 106 hectáreas sobre el cordón industrial del Gran Rosario. Allí se desarrollan distintas actividades vinculadas con la producción para la defensa. Entre otros trabajos, la fábrica participó de la producción de proyectiles para el Tanque Argentino Mediano (TAM), tareas de desmilitarización y fabricación de municiones.

Peyrano recordó además que en períodos anteriores Fabricaciones Militares llegó a entregar 45.000 chalecos antibalas y cuatro millones de municiones calibres 9 milímetros y 7,62. En el caso de los chalecos, sostuvo que actualmente la empresa no llega siquiera a competir en determinadas licitaciones provinciales.

“No es que perdemos la licitación: directamente no nos presentamos”, afirmó. Y agregó que “siempre hay un pliego armado de una manera determinada para que ganen otras empresas”.

Para ATE, el deterioro de la participación de Fabricaciones Militares en esos mercados constituye uno de los elementos que deben analizarse antes de avanzar con cualquier esquema de asociación privada. El gremio sostiene que la empresa cuenta con capacidad instalada y experiencia para recuperar mercados si existe una política estatal orientada a sostener su producción.

La situación laboral es otro de los puntos cuestionados. Los trabajadores consiguieron después de décadas un convenio colectivo sectorial específico, con escalafones industriales y ámbito en la Administración Pública Nacional. Según Peyrano, el esquema previsto para las futuras UTE dejaría a los trabajadores fuera de ese convenio y bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

“Tuvimos 80 años esperando convenio para que hoy nos vengan a sacar de esa figura”, señaló el dirigente.

El concurso se sustenta, según ATE, en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Peyrano remarcó que Fabricaciones Militares no había quedado incluida originalmente entre las empresas alcanzadas por la Ley Bases y la Ley 23.696 de privatizaciones, y cuestionó que el actual proceso avance mediante el mecanismo establecido por el Ejecutivo.

La jornada iniciada en Fray Luis Beltrán continuará este martes en las unidades de Villa María y Río Tercero. El miércoles, en coincidencia con el Día de la Industria, los trabajadores se concentrarán frente a la sede central de Fabricaciones Militares, ubicada en Cabildo 65, en la ciudad de Buenos Aires, donde realizarán una conferencia de prensa.

ATE anunció además que presentará un amparo y un recurso para solicitar la anulación del concurso.

La protesta reunió en Fray Luis Beltrán a trabajadores y representantes de distintos sectores industriales del Cordón. También participaron los diputados Carlos Del Frade y Luciano Orellano, junto con dirigentes gremiales de la región.

El conflicto pone en discusión el futuro de una empresa estatal con capacidad para producir bienes destinados a la defensa y el alcance que tendría el ingreso de operadores privados sobre esas líneas de producción. Para ATE, el punto central está en determinar qué capacidad conservará el Estado para producir, abastecer y competir una vez que determinadas actividades queden bajo control privado.