El borrador de la nueva ley ómnibus pretende un ajuste automático de las jubilaciones en base a la inflación. Sin embargo, de no sumar un nuevo bono extra en abril, convalida una pérdida del poder adquisitivo superior a 30 puntos porcentuales para las mínimas por «comerse» el aumento de precios de enero.
Luego del fracaso del proyecto original en la Cámara de Diputados y de negociar con los gobernadores, el Gobierno comenzó a circular el borrador de un nuevo texto de la Ley Bases, también conocida como «Ley Ómnibus», que hará llegar al Congreso en los próximos días. Según el documento, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria incluida en el megaproyecto convalida una pérdida de poder adquisitivo mayor a 30 puntos para los jubilados que cobran la mínima y un esquema de actualización automática vía inflación sin recuperar todo lo que perdieron desde diciembre. Si el Gobierno no prosigue con el otorgamiento de bonos adicionales, en abril podrían incluso cobrar en términos nominales menos que en marzo.
El artículo 63 del borrador al que accedió El Destape establece: «Los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria«. Mientras tanto, el artículo 64 agrega que, con la actualización de abril con la inflación de febrero, habría un adicional del 10%.
Cómo se construye la trampa contra los jubilados
¿Cómo funcionarían los aumentos mensuales? El Indec publica la inflación a mediados de cada mes, mientras que la Anses paga las jubilaciones y pensiones desde principios de cada mes. El texto explica que el aumento será correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar. Es decir, en abril se pagaría un aumento que replique la inflación de febrero, en mayo se abonaría con los datos de marzo y así sucesivamente. Por una cuestión de difusión de datos, habría un desfasaje de un mes en forma constante.
De avanzar el proyecto, los haberes y el resto de las prestaciones que paga la Anses tendrían un aumento del 23,2%, producto de la suma de la inflación de febrero (13,2%) y una suma del 10% como suma compensatoria correspondiente a enero. Sobre este punto se construye la narrativa del brutal ajuste: la inflación de enero fue del 20,6%, por lo que el incremento adicional que fija la ley convalida un ajuste de 10 puntos porcentuales que los beneficiarios nunca van a recuperar. Pero hay más.
El Gobierno convalidó en marzo un incremento del 27,18%, producto de la aplicación de la ley de movilidad vigente, que se aplicó bajo el parámetro del último trimestre de 2023. En ese lapso (octubre, noviembre y diciembre), la inflación acumulada fue del 53,3%. Al aumento se le agregó un bono de 70 mil pesos que se paga este mes, pero de forma discrecional. De esta manera, la caída en términos reales fue de 26,13 puntos.
En definitiva, la administración de Javier Milei daría vía libre a que las jubilaciones se hundan 36,7 puntos y a partir de allí comience un camino de actualización paralelo a la inflación que nunca permitiría recomponer la pérdida inicial. Aún así, la duda que subyace, y que el Gobierno no despeja en el texto de la ley ómnibus ni en anuncios oficiales, es la mantención del bono en abril y los meses subsiguientes.
Como el bono es discrecional, no forma parte del haber que formalmente cobra el jubilado, y la ley no habla de la incorporación de esta suma adicional de marzo en el ingreso final. Por ende, un jubilado que cobra la mínima recibió en marzo aproximadamente 204 mil pesos (haber de 134.445,30 pesos + bono de 70.000 pesos). Sin confirmaciones para abril y de no continuar con esta política en el nuevo esquema de movilidad, la misma persona cobraría 165.636 pesos, lo cual significaría un recorte del 19,2%.
Según el Centro de Economía Política, de otorgar bonos que persigan la inflación, el camino que recorrerán las jubilaciones en 2024 sería el siguiente:
Comenzado el año fiscal, la consultora LCG reveló que una indexación basada en último IPC disponible, generaría un ahorro fiscal para 2024 de aproximadamente 1,2% del PBI. Esto sin contar el costo adicional que eliminaría el Gobierno si no sigue pagando bonos adicionales.
La respuesta de la oposición que quedó trunca
Justamente, esta semana se cayó la sesión en la Cámara de Diputados que se planteaba como espacio de debate para un proyecto de ley presentado por la Coalición Cívica. La propuesta también se basaba en que los haberes se actualicen por inflación a partir de abril, pero sumando un incremento del 20,6 por ciento que subsane el desfasaje de enero.
Por qué la Ley de Movilidad actual le conviene a los jubilados
Es evidente la vinculación entre la evolución macroeconómica y el sistema previsional. En este sentido, la inestabilidad macroeconómica, la sucesión de crisis y sus consecuencias en la evolución del PBI y la recaudación, el desempleo, la inflación, los salarios y la formalidad, resultan determinantes para el desempeño de una fórmula de actualización de las prestaciones. En una economía que se contrae y con una inflación que se acelera, no existe fórmula de movilidad que resulte airosa.
En un contexto en el que se contrae la economía, los salarios reales caen y se destruyen puestos de empleo registrado, una fórmula que tenga Índice de Precios al Consumidor otorgaría un incremento mayor respecto al que brindaría una que tenga salarios y recaudación; sin embargo, también es cierto que, en un contexto de crecimiento económico y recuperación de los salarios, la única forma de que los jubilados y pensionados participen de esa ganancia es a través de la inclusión de esas variables en la fórmula de actualización.