A casi un año de la última saga de balaceras contra edificios relacionados al Poder Judicial, anteanoche siete disparos impactaron contra la puerta de vidrio de calle Mitre del Centro de Justicia Penal. Se trata del tercer episodio contra el Tribunal donde se realizan audiencias a diario, aunque en menor cantidad durante la feria judicial. Sobre las hipótesis, se indicó que «no se descarta nada». Por los atentados anteriores ocurridos en agosto y diciembre de 2018 y enero de 2019 ya hay al menos 15 personas imputadas y en condiciones de ser enjuiciadas, incluido personal policial. Para los fiscales, quienes volvieron a exigir garantías para realizar su trabajo, se trata de casos de gravedad institucional que deben ser tratados y atendiso como tales por todos los poderes del Estado.

«Tenemos preocupación por la repetición de un hecho más, pero está en plena investigación y no podemos apresurarnos en relación a las hipótesis. Vine para dar el apoyo de la Corte. Estamos confiados en que la investigación terminará esclareciendo el hecho, como sucedió en los demás casos», dijo el ministro de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta, a Canal 3. También indicó que recibió un llamado del ministro de Seguridad Marcelo Sain, pero no profundizó sobre la charla. «Cuando ocurren estas cosas uno siente impotencia porque son hechos que se dan rápidamente y uno no puede tener una respuesta rápida». Por su parte, Sain dijo : «Hay pistas, pero prefiero reservarlas para ser exitosa la investigación». En tanto, desde el Colegio de Magistrados, que en otras oportunidades tomaron posición para exigir garantías, en esta oportunidad no hicieron declaraciones.

Según la información oficial de la Fiscalía, 15 minutos pasada la medianoche se tomó conocimiento del hecho cuando personal de custodia escuchó los disparos. En las cámaras de seguridad del edificio emplazado en la manzana de Mitre, Rueda, Sarmiento y Virasoro se logró divisar a dos personas que se trasladaban en motocicleta por calle Mitre, ambos con el casco puesto, y al pasar por la puerta ubicada a mitad de cuadra, el que viajaba en la parte trasera realizó múltiples disparos contra la fachada: 4 proyectiles impactaron en el blíndex de la puerta y 3 más en la pared de la explanada. Sin detener la marcha, los agresores se dieron a la fuga.

Entre las medidas que indicó el Ministerio Público de la Acusación, se solicitó intervención del Gabinete Criminalístico para el relevamiento de más cámaras de seguridad y en el levantamiento de rastros se secuestraron 6 vainas de un calibre que podría ser de 9 milímetros, pero que fueron enviadas a peritar para corroborar. También se ordenó la toma de testimonios.

Si bien al principio un testigo habló de un presunto auto de apoyo a la moto, del análisis primario de las cámaras de seguridad «no se observa la intervención de un segundo vehículo en el hecho», con la descripción que hizo el testigo, indicaron desde el MPA, aunque analizan esa cuestión. Si bien señalaron que la Agencia de Gravedad Institucional tomará la investigación del hecho tras la feria judicial que recién empieza, en las primeras medidas interviene la Unidad de Flagrancia.

Ayer, uno de los temas mencionados en el vecindario del Centro de Justicia Penal tuvo que ver con la custodia del lugar, que tiene un control de caminantes en la parte externa y otro grupo en el interior. Vale recordar que, a días de haber asumido en el cargo, el ministro de Seguridad mantuvo un fuerte cruce con el entonces jefe de la Policía de Rosario, Marcelo Gómez, por levantar la custodia del edificio que ya fue blanco de ataques de características similares en dos oportunidades.

Ayer, en un duro comunicado, las Asociación de Fiscales recordó ese hecho y lo hilvanó con otros similares: el ataque al fiscal Balbis de San Lorenzo, un hecho de abuso sexual y robo en un local comercial frente al CJP y la fuga de un preso desde el interior del edificio.

Los fiscales exigieron medidas urgentes al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Colegio de Jueces para priorizar juicios y a la cabeza del Minsiterio Público de la Acusación. Afirman que este nuevo ataque se interpreta como un intento de generar zozobra institucional, un intento de intimidación a quienes trabajan en ese edificio y un ataque a la integridad física de quienes ejercen funciones en el sistema penal.

También indicaron que «no es una opción» seguir «tolerando los riesgos que representa una estructura precaria y no considerar el tema con la debida diligencia».

El primero de los atentados a tiros al CJP ocurrió el sábado 4 de agosto de 2018, durante la madrugada, cuando dispararon al menos siete veces. La modalidad fue la misma: dos hombres en moto abrieron fuego contra los cristales del edificio, en esa oportunidad circulaban a contramano por Rueda y en dirección a Sarmiento.

En los primeros hechos de la seguidilla –que incluyó viviendas o ex viviendas de magistrados– fueron señalados como responsables integrantes de la banda narcocriminal Los Monos.

En tanto, el 10 de diciembre de ese mismo año, y con veinticuatro minutos de diferencia, el Poder Judicial fue víctima de dos atentados a tiros: a las 2.16 de la madrugada, 10 disparos impactaron en los vidrios de Balcarce al 1600, donde funcionan los Tribunales provinciales; y a las 2.40, cinco proyectiles rompieron ventanales de la esquina de Sarmiento y Rueda, en el Centro de Justicia Penal. En ese caso, una mujer fue imputada por fingir una descompensación en la puerta del edificio para que los tiradores supieran cuántos agentes de seguridad había y dónde podrían estar ubicados. Diez minutos después ocurrió la balacera.

Sobre el final de la feria judicial del verano pasado, el 31 de enero de 2019, el último blanco de la saga fue la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación, en barrio Martin.

A mediados de 2019, fue imputado el sindicado narco Esteban Alvarado y cuatro efectivos policiales por haber organizado varias de las balaceras. El jefe de la Policía de Investigaciones Martín Rey y su hermano Marcelo fueron imputados por haber trabajado para Alvarado, al igual que el oficial Pablo Báncora –condenado en juicio abreviado a un año– y Jorgelina Chávez –ambos dentro de la misma fiscalía– sembrando pruebas falsas, según publicó este diario, en junio pasado.

Sin contar a ese grupo, desde el MPA indicaron ayer que de la primera tanda de imputaciones por la seguidilla de hechos, hay más de 15 personas que están en condiciones de llegar a juicio durante este año.

Concejo

Los concejales de Juntos por el Cambio apuntaron a «la unidad de acción». En un proyecto de declaración de los ediles Anita Martínez, Carlos Cardozo, Alejandro Rosselló, Daniela Leon y Germana Figueroa Casas, pidieron que el concejo declare «su más enérgico repudio al ataque sufrido» y que solicite «se extremen los procedimientos para el esclarecimiento del mismo».