La máxima instancia penal del país dio intervención al órgano que sanciona magistrados, que abordará la conducta de Hornos tras la denuncia que le hizo su expareja por violencia de género. El camarista ya tenía una perimetral en una causa civil y una causa penal abierta en Comodoro Py. El Consejo, que caratuló el expediente interno como “denuncia”, deberá definir si interviene la comisión de Acusación o Disciplina.
La denuncia contra el juez Gustavo Hornos que le hizo su expareja por violencia de género llegó al Consejo de la Magistratura. La novedad es que el caso fue remitido al órgano que sanciona magistrados este jueves por el plenario de la Cámara Federal de Casación Penal, que integra Hornos. La Casación volvió a manifestar su “preocupación institucional” por el tema y tomó la decisión por amplia mayoría, con 8 de 9 votos posibles ya que el acusado no fue parte del encuentro. Solo no acompañó el huemul Carlos Mahiques. Hornos ya tenía una perimetral en una causa civil y una causa penal abierta en Comodoro Py por estos hechos, que incluyen acusaciones de abuso y amenazas. El Consejo, que caratuló el expediente interno como “denuncia”, deberá definir si interviene la comisión de Acusación o la de Disciplina. Qué comisión lo haga dependerá del nivel de sanción que puede llegar a tener el acusado. Por la gravedad de los hechos se espera que sea girada a la primera, donde se puede terminar con un jury.
Ante la escalada del escándalo que involucra a Hornos, el Tribunal de Superintendencia de Casación –es decir, el presidente de la cámara y los presidentes de las 4 salas que tiene la Casación- había resuelto este lunes que se remitieran al tribunal los expedientes abiertos contra el camarista por la denuncia de su expareja y convocó a un plenario este jueves, para abordar el asunto. La decisión que se tomó esta jornada fue contundente e inédita en la historia reciente de la máxima instancia penal del país, por la gravedad de los hechos denunciados.
“En atención a las actuaciones recibidas en esta cámara del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 17 y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 12, de esta ciudad, concerniente al magistrado Gustavo M. Hornos, debido a la preocupación institucional puesta de manifiesto, en las particularidades del caso”, 8 de los 9 colegas de Hornos resolvieron remitir “copias certificadas de las actuaciones recibidas al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, para su conocimiento, con la debida reserva del caso (…)”. En las causas que llegaron a Casación y cuyas copias se remitieron al Consejo constan los hechos que comprometen al acusado y la perimetral que dispuso la justicia civil. Firmaron la resolución: el presidente de la cámara Mariano Borinsky y los camaristas Alejandro Slokar, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma (la única mujer del tribunal), Daniel Petrone, Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani (quien fue denunciado en su momento por violencia de género en el ámbito laboral). Guillermo Yacobucci acordó con el voto mayoritario pero no firmó porque fue parte de la reunión de forma virtual. Y el huemul Carlos Mahiques firmó pero se manifestó en disidencia por eso la decisión no fue unánime. Mahiques aún tiene abierto un expediente en el Consejo por el viaje del lawfare a Lago Escondido. Por su parte, a Hornos se lo “invitó” a no ser parte del plenario. El magistrado pretendió ser parte de la reunión para hacer un descargo.
Tras la resolución del plenario de la Casación se enviaron las actuaciones del caso Hornos al Consejo de la Magistratura, donde al ingresar fueron caratuladas como “denuncia”. En el órgano de selección y sanción de jueces ya se formó el expediente “150/24” que irá al comité de giro donde se deberá determinar si se da intervención a la comisión de Acusación o a la de Disciplina. Si se envía a la primera, la investigación interna puede terminar en jury. En la segunda, solo se avanza con sanciones. Se estima, por los hechos denunciados, que iría a Acusación.
Las denuncias contra Hornos por lesiones y amenazas
La Cámara de Casación decidió tomar cartas en el caso Hornos este lunes luego de que el viernes se diera el traspaso de la causa penal de la justicia nacional a la justicia federal. Ese hecho hizo escalar el escándalo. El viernes el juez Alfredo Godoy, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, se declaró incompetente y giró el expediente a Comodoro Py con una resolución en la que delimitó 6 hechos que describen no solo lesiones sino también amenazas y coacción agravada. De acuerdo al escrito judicial, Hornos habría hecho valer su poder como juez para amedrentar a la víctima.
El juez Godoy declinó la competencia hacia la justicia federal porque “nos encontramos frente a supuestos de ejercicio de violencia de género mediante el aprovechamiento que habría efectuado el imputado de la investidura otorgada por su cargo de Magistrado de Nación, como así también de los recursos estatales a los que, por ese motivo, tenía acceso”.
De acuerdo al juez Godoy, algunos de los hechos denunciados por la víctima “versan sobre un potencial aprovechamiento por parte del imputado, de su calidad de Magistrado de la Nación, tanto para posicionarse en una situación de superioridad respecto de ella en el contexto de las amenazas que le habría proferido, como del acceso a las herramientas del estado y la utilización en su favor personal”. El juez nacional señaló que “incluso tales circunstancias podrían haber influenciado a la víctima a no instar la acción penal por temor”. Al pasar a Comodoro Py la causa quedó radicada en el juzgado federal Nº 8 que subroga el juez Sebastián Ramos. El fiscal en esa causa es Guillermo Marijuan, quien citó a declarar a la víctima el próximo martes.
A su vez, el 2 de septiembre la justicia civil le impuso a Hornos una perimetral como medida cautelar. La jueza civil Paula Marinkovic, quien está a cargo del juzgado civil Nº 12, dispuso: “Ordenar por el plazo de 90 días y en carácter de medida precautoria, la prohibición de acercamiento y contacto de GUSTAVO MARCELO HORNOS, a un radio inferior de 200 metros” de la víctima, cuyo nombre se preserva. La “prohibición de acercamiento” implica “suspender todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique intromisión injustificada con relación a la denunciante”. La decisión precautoria que tomó la jueza se debió a “la entidad de los hechos denunciados, lo que surge del informe interdisciplinario de situación de riesgo, y demás constancias de autos”.