En los últimos años Argentina experimentó un auge de discursos bélicos por parte del Estado en torno al crimen organizado. Esto redundó en reformas al sistema de seguridad y justicia, como el traslado del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Nacional. Un relevamiento regional demuestra que la forma en que se ejecutan las penas en los casos de mujeres vinculadas a estos delitos no tienen perspectiva de género y de derechos humanos. También constataron violencias durante la detención, el proceso judicial y el encarcelamiento. Se trata de un “castigo extra”, que afecta particularmente a las mujeres y a sus familias.

El estudio fue realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en alianza con otras organizaciones: Dejusticia, CEA Justicia Social, Mujeres Libres, Elementa DDHH, Red Internacional de Mujeres Familiares Privadas de la Libertad (RIMUF) e IDPC, que integran el Grupo de Trabajo Mujeres y Encarcelamiento. “Las mujeres privadas de la libertad en América Latina están recluidas en centros penitenciarios en condiciones deplorables que ponen en riesgo el bienestar e integridad de las personas”, señala el mismo.

El relevamiento, titulado “Castigo extra. Violencias hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado”, se realizó a partir de más de 40 entrevistas a encarceladas, liberadas y familiares de personas privadas de la libertad por delitos asociados al crimen organizado en Argentina, Colombia y México, entre julio y diciembre de 2025. También entrevistaron a operadores judiciales de salud y defensores.

En la región, la cantidad de mujeres en esta situación creció un 212% entre 2000 y 2024. Las organizaciones marcan que la causa es “el despliegue de políticas de drogas punitivas que persiguen, de manera desproporcionada, a mujeres provenientes de contextos caracterizados por la falta de oportunidades, que sufren violencia de género y son discriminadas en el acceso a la justicia”.

“Las políticas de persecución al crimen organizado son ejecutadas de manera sistemática y arbitraria en los tres países. A pesar de ser nombradas como extraordinarias, forman parte del actuar cotidiano de las autoridades judiciales. Muchas no tienen un fundamento normativo, o cuando sí lo tienen, carecen de lineamientos claros o estándares de transparencia”, se lee en el informe.

Castigo extra

Entre las vulneraciones hacia las mujeres se relevaron capturas realizadas con violencia y vulnerando las garantías judiciales; agentes policiales que no se identificaron y/o no presentaron órdenes de detención ni informaron a las mujeres de sus derechos. Además se enumeran: manipulación de evidencia, violencia física, verbal y sexual y amenazas con lastimar a sus familias. Las mujeres detenidas son aisladas durante periodos prolongados y sometidas a una vigilancia constante que les impide cualquier espacio de privacidad, ya sea en el baño, en el encuentro con sus defensores o durante las visitas familiares.

Las entrevistadas, dice el informe, reportaron que sus hijos e hijas fueron amenazados y agredidos por las autoridades. Esto ocurrió especialmente cuando fueron detenidas mientras estaban cuidando niños y niñas en sus hogares. Las agentes estatales entraron con fuerza e, incluso, apuntando armas de fuego en contra de los infantes. Sus pertenencias fueron robadas o destruidas durante los cateos.

Organismos multilaterales y de la sociedad civil advirtieron que estas políticas son un riesgo para la vida e integridad de las personas. En particular, se identificó en las mujeres una degradación alarmante de la salud mental. Varias expresaron sentir soledad y tristeza, atravesar cuadros de depresión y ansiedad y tener pensamientos suicidas.

El estudio marca dos causas principales de la discriminación hacia las mujeres en este contexto. Por un lado, que “la lucha contra el crimen organizado carece de perspectiva de género en su diseño y despliegue”. El Estado “no da respuestas diferenciadas para cada forma de participación dentro de estas estructuras, como si las autoridades concibieran que todas las mujeres tienen el mismo papel” dentro de las estructuras criminales.

La segunda causa, indican, “es que las políticas de persecución al crimen organizado no son mecanismos excepcionales ni limitados a las redes criminales; carecen de fundamento normativo claro, son aplicadas sin criterios específicos y/o son usadas como una sanción disciplinaria dentro de las prisiones”.

Macarena Fernández Hoffmann coordina el Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Cels y coordinó también la investigación. Señala que estos regímenes aíslan a las personas “dentro de su celda, con muy poca salida al espacio común y con ningún contacto con el afuera de la cárcel”.

Agrega: “Esto implica no tener educación ni trabajo y limitaciones en todo contacto con sus familias, tanto en las llamadas telefónicas como en las visitas. Se ve un régimen muy duro donde las mujeres tienen diferentes impactos: en el ejercicio de su maternidad, en los derechos al cuidado y afectaciones específicas por el gran nivel de aislamiento y de violencia que se impone sobre su entorno familiar”. Menciona como ejemplo que las mujeres no pueden abrazar a sus hijos cuando las van a visitar o que no pueden tener a sus bebés junto a ellas.

Las organizaciones que realizaron el estudio recomiendan a los Estados garantizar que las políticas y medidas de persecución del crimen organizado no sean, ni permitan, una suspensión de derechos y garantías durante la investigación judicial y la aplicación de la sanción penal. También, que adopten una perspectiva de género y de derechos humanos, que tengan en cuenta la situación de las mujeres cuidadoras y de las familias de las personas detenidas por delitos ligados al crimen organizado. Aconsejan atender los principios de dignidad, igualdad y no discriminación, legalidad, proporcionalidad y resocialización en los sistemas penitenciarios,

La situación en Argentina

Para el reporte sobre Argentina, se entrevistó a cuatro mujeres privadas de su libertad en Rosario y a nueve familiares (de Rosario y de Buenos Aires). El país endureció los regímenes penitenciarios del SPF. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señaló que estas políticas no respetan los estándares internacionales de derechos humanos. En 2020, había 1.283 mujeres presas por este tipo de delitos. En 2024 (último dato disponible) se contabilizaron 1.909.

Santa Fe aprobó una Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que estableció un régimen para “internos de alto perfil”. La categoría engloba a quienes hayan estado o estén en contacto con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y a quienes sean relacionados con indicios de fuga, violencia hacia particulares, resistencia a la autoridad policial, participación en motines o tumultos. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció el Sistema Integral de Gestión para Personas de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, que abarca además a quienes intimidan a funcionarios penitenciarios y entorpecen investigaciones judiciales.

Según el Sistema Penitenciario Federal, 132 personas están sometidas al régimen de alto riesgo (74 de ellas con condena). Más del 60% están detenidas por delitos relacionados con drogas. La autoridad nacional no aportó información sobre mujeres. Por su parte, el sistema penitenciario de Santa Fe informó 607 personas clasificadas como “alto perfil”, de las cuales 55 son mujeres. Esta autoridad local no brindó información sobre los delitos, dice el estudio.

“Ninguno de los dos regímenes hace públicos los criterios de inclusión” (dentro del régimen de alto riesgo), marca el informe. Y añade que, si bien fueron creados para albergar a quienes están relacionados con el crimen organizado, “es posible encontrar allí a personas acusadas de delitos como homicidio y hurto no relacionados con estructuras delictivas”.

Los regímenes federal y provincial tienen un funcionamiento similar: celdas individuales con vigilancia permanente durante 20 o 22 horas diarias. En el caso de las mujeres en la provincia de Santa Fe, hijos e hijas menores de seis meses pueden permanecer con ellas, pero no tienen acceso a otros espacios del establecimiento penitenciario. Los niños y niñas mayores de seis meses no pueden ser alojados con sus madres.

El estudio indica que “las condiciones materiales de detención son graves, con celdas en mal estado y roedores. Está prohibido tener celulares, libros, radios, cuadernos e, incluso, fotos familiares y elementos lúdicos para las y los niños”.

Detalla que las mujeres “no tienen posibilidad de acudir a actividades (como talleres, trabajos o clases). De las celdas solo pueden salir, en grupos de tres o cinco, durante 2 o 4 horas, único tiempo para ir al baño, ducharse, cocinar, comer y hacer ejercicio. En todo momento son escoltadas por personal encapuchado y sin identificación visible”. También marca deficiencias en el acceso a la salud; por ejemplo el requisito de presentar solicitudes por escrito o la falta de personal de pediatría.

Hoffmann relata el caso de una mujer detenida que estaba embarazada, cuya gestación se complicó y el bebé nació prematuro. “El bebé debe ser hospitalizado junto con la madre, pero luego a la madre no la dejaron quedarse en el hospital con el bebé. Hubo una separación muy temprana del bebé con la mamá. Finalmente, el bebé llega al penal, donde deja de tener los controles y las condiciones adecuadas para estar bien. Su condición termina siendo de bastante gravedad y finalmente sale adelante. Pero no tenía las condiciones para estar allí y finalmente la mamá decidió separarse de su bebé y que se vaya con su familia. Hablamos con un bebé de días”.

El estudio refiere que, en la provincia, el personal penitenciario retira a las niñas y niños sin previo aviso. También, que requisan de forma repetitiva y con violencia en presencia de infantes. En estas requisas les han pedido a las madres que les quiten el pañal a niños o niñas para inspeccionarlos; si se negaban las amenazaban con sanciones, añade.

Siempre según el informe, el contacto con el exterior está restringido: «Las mujeres pueden acceder a 20 minutos semanales de llamada telefónica en un horario rotativo, muchas veces incompatible con las rutinas escolares y de trabajo de sus familiares. Las visitas son de media hora por quincena, están limitadas al núcleo familiar y ocurren a través de vidrios blindados o rejas. Solo les permiten el contacto físico con hijos/as menores de 5 años».

Estas visitas deben ser autorizadas, pero como no hay información clara sobre los requisitos, algunas pasan meses sin recibir a nadie, dice el informe, que agrega: «Otras veces, les suspenden las visitas de forma arbitraria sin previo aviso. Las mujeres no tienen permitido recibir encomiendas, solo hay un sistema de transferencia de dinero que, de acuerdo con defensores y familiares, es poco transparente».

En cuanto al acceso a una defensa, sea de tipo pública o privada, “fue deficiente porque no se les informaba adecuadamente qué sucedía en cada etapa del proceso penal”, dice el estudio, y de inmediato añade:: “La mayoría de los defensores se limitaban a recomendar que aceptaran los cargos para acceder a beneficios y juicios abreviados, y evitar sanciones más graves”.

Las mujeres y el crimen organizado

Las motivaciones para el ingreso y los roles dentro de las estructuras del crimen organizado son diversas. Los motivos documentados en el informe son la coerción por parte de hombres (en su mayoría, parejas), la cercanía a los mercados ilícitos (por lazos familiares o uso de drogas), la falta de oportunidades y la búsqueda de emancipación y mayores ingresos.

En algunos casos se asumen actividades de rango menor o intermedio, como trabajo de limpieza y cuidado, gestión de personal, transporte de mercancía y mensajería. En otros, administración de puntos de venta, manejo de negocios periféricos, espionaje e, incluso, sicariato. Existen casos de mujeres con altos cargos, pero son excepcionales y, en la gran mayoría de los escenarios, el poder fáctico sigue residiendo en los hombres.

“Te encontrás con personas que tienen relaciones con organizaciones criminales, otras que no y otras que tienen algún tipo de relación familiar, pero eso no significa que estén involucradas directamente. Tener alguna relación familiar ya te hace pasible de entrar en estos regímenes. Y esto es bastante discrecional”, dice Hoffmann.

Añade: “Estas medidas ponen en suspenso ciertos derechos y tienen una forma de recaer que es peor para las mujeres. Por eso decimos que configuran un castigo extra”.

—¿Por qué se da esta situación?

—Porque las mujeres, aun aquellas que ocupan un lugar importante o con cierto poder dentro de las organizaciones criminales, suelen tener menos capacidad de defensa, suelen estar en lugares más vulnerables que los hombres y eso hace que, al momento de la defensa y de la seguridad dentro de la cárcel, queden mucho más expuestas y sufran diferentes violencias. Muchas veces se usa a los hijos como forma de extorsión para que se declaren culpables o los mismos hijos sufren violencia directamente en el momento de la detención. Muchas de ellas están en una situación de vulnerabilidad que se acentúa por quedar en esta situación de violencia y luego por vivir ciertas formas de violencia que, en general, se expresan más en mujeres como violencia sexual, las extorsiones, las amenazas.

—¿Qué ocurre con estas formas de ejecución de la pena y los lazos sociales?

—La definición del crimen organizado no es un hecho, sino que tiene que ver con formas de relacionarse para cometer ilícitos y obtener ganancias a partir de ello. Y esto se ve claramente en la aplicación del castigo. Muchas veces son las relaciones las que están criminalizadas, por ejemplo las relaciones familiares. Y muchas veces son las mujeres las que quedan más expuestas porque son las que quizás están sosteniendo ese lazo familiar y los lazos comunitarios. Entonces, en el momento de intervención en los territorios, ellas son las que primero se ven, las que suelen quedar a la vista cuando se perciben las relaciones entre las personas. Y el castigo lo que busca es justamente cortar ese lazo social. Es un castigo de aislamiento total. Muchas veces hay delito, no es que no, lo que marco es el enfoque que tiene esta política criminal. El narcotráfico suele generar muertes y destruir también el tejido social, con lo cual de alguna forma puede ser necesaria la aplicación de medidas excepcionales. El problema es que es un “vale todo”. Respecto al encarcelamiento, hay algunas cuestiones que es muy importante que estén moduladas, como la proporcionalidad y la transparencia. Pero no es lo que pasa.