La organización MuMaLá presentó este jueves un reporte sobre femicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, con foco en la provincia de Santa Fe. Y el recorte permite ahondar en esta característica diferente de la violencia letal contra mujeres y disidencias. No solo desde la perspectiva de género, sino que contribuye a considerar la exclusión social, la pobreza, el sometimiento que padece la mujer en ciertos ámbitos para configurar un contexto especial dentro del abanico de los femicidios. Y el descuido del Estado para con estas víctimas, desde la retirada del territorio hasta el déficit de resolución y justicia en las investigaciones criminales.

El informe del Observatorio Nacional de Mumalá registró entre enero de 2020 y 30 de julio de 2025 unos 219 asesinatos de mujeres, travestis – trans y lesbianas. Un promedio de un homicidio cada 13 días.

De ese total, 128 casos fueron femicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado. Es decir, que las víctimas fueron asesinadas en situaciones relacionadas con esos delitos.

“Definimos feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado como el asesinato de mujeres , adolescentes, niñas, travestis-trans y lesbianas, motivado por su condición de género, en dinámicas violentas relacionadas con narcotráfico, y delitos conexos, donde las relaciones desiguales de poder, la misoginia institucional y la vulnerabilidad estructural operan —ya sea como motor directo del crimen o como factor que amplifica su riesgo— dentro de un entramado de violencia, impunidad y ausencia estatal”, plantea el documento.

Como punto de comparación, vale decir que esta tipología de femicidios en todo el país –en rigor, solo en 12 provincias– sumó 196 casos. Santa Fe, con predominancia de Rosario y su ciudad capital, acaparó el 65% del fenómeno, por delante de Buenos Aires (17,5%) y Córdoba (4%).

El trabajo compilado por Gabriela Sosa, Betiana Cabrera Fasolis, y María José Zochi repasa lo ocurrido en los últimos años y concluye que entre 2021 y 2023 los crímenes de mujeres vinculados a economías delictivas superaron en cantidad a los femicidios directos cometidos en el marco de relaciones íntimas o de pareja. Esto se dio solo en Santa Fe, no en otra provincia.

La tasa santafesina de femicidios en el último lustro supera a la nacional: 2,16 casos cada 100.000 mujeres / travestis/ trans / niñas / adolescentes, contra 1,16. En 2022 la triplicó incluso.

De esos 128 feminicidios, 96% ocurrió en Rosario y su área metropolitana. En la ciudad, 87,5% de los casos, y en el Gran Rosario, Villa Gobernador Gálvez el 2.5 %, Granadero Baigorria, Ibarlucea , Puerto General San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Pérez presentan el 1 % de los casos respectivamente.

Desagregado por distritos municipales: Noroeste 32 feminicidios (29%); Sur 28 (25%); Oeste 25 casos (22%). Sudoeste 13 casos (12%), Norte 7 casos (6%) y Centro 5 (4%).

La mayoría de las víctimas en el marco de narcotráfico y delitos conexos eran muy jóvenes. El 40% tenía entre 19 y 29 años, el 7% entre 16 a 18 y el 3% de 13 a 15 años. Es decir que el 50 % de las víctimas tenía menos de 30 años.

El relevamiento indaga sobre el nivel socioeconómico de las víctimas, siempre sobre el examen de los casos que publicó la prensa. En el 55% no encontró datos en este sentido. “Por las actividades económicas que relatan los medios de comunicación se induce que las víctimas se encontraban bajo la línea de pobreza o indigencia con alguna excepción. Un 22% eran expendedoras de drogas o se dedicaban al narcomenudeo. El 9% trabajaba en la informalidad y precarizada y el 5% tenía trabajo registrado”, consigna el informe.

Por otra parte, apuntan que 51% de las víctimas eran madres (64). No hubo datos sobre el 31% de los casos relevados. Además, el 4% de las víctimas estaban embarazadas al momento de su muerte. En resumen, 125 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin su figura materna como consecuencia de la narcocriminalidad. En cuanto a la presencia de menores en el momento de los hechos, el 23% de las víctimas tenían niños o adolescentes que presenciaron los ataques feminicidas. En el 14% de esos casos, un infante o adolescente resultó herido o muerto.

Si bien no siempre pudieron determinarlo por la información disponible, el Observatorio de Mumalá sí establece que en el 10% de los casos hubo adicciones a sustancias psicoactivas de por medio, también un 2% de personas en situación de calle y prostitución.

El trabajo también observa la relación de las víctimas con personas involucradas en la narcocriminalidad. La hubo en el 52% de los casos, generalmente varones de su grupo familiar, y el 45% de ellos estaba preso al momento del asesinato.

Por lo demás, se apunta que el 98% de los casos fue cometido con armas de fuego. El 77% en modo de balaceras a mansalva, y el 23% disparos precisos a quemarropa. A diferencia de los femicidios no vinculados con el narco, donde el modo más frecuente es el arma blanca (31%), y las de fuego van en segundo lugar (24%).

Cita el documento que el 3% de los casos contó con el descarte u ocultamiento del cadáver.

El 31% de los feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado se perpetraron en la vía pública mientras que fue el 14 % en los femicidios directos. El 7% en el lugar de trabajo de la víctima, el 4,7 % en una propiedad privada, el 8% en un punto de venta de drogas.

Otro rasgo que el estudio pone de relieve confronta con la eficacia del sistema penal judicial: 69% de los femicidas en esta tipología de crimen organizado no ha sido identificado. Muy distinto al 8% de impunidad que registran los femicidios directos.

De aquellos que sí fueron identificados, el 70% está prófugo, una cifra muy superior al 10% de los agresores en femicidios directos.

“El 69 % de los feminicidas se dio a la fuga, de los cuales sólo del 31% tenemos actualización de que fue detenido con posterioridad. Y el 6% sin datos. Sólo el 25% de los agresores de los casos analizados fueron detenidos e imputados. De ellos, el 29% obtuvo una sentencia; el 49% dentro del primer año, mientras que el 51% restante lo hizo en un promedio de dos años y medio”, precisa el reporte de Mumalá.

En el 16% de los casos se detectó un autor intelectual, diferente del autor material. De este grupo la característica relevante es que el 60% se encontraba en prisión al momento del crimen.