Clarin, Manzano y los medios para los verdaderos negocios

¿Para que son los medios de comunicación? ¿Para informar y hacer periodismo? ¿O, más en línea con su denominación, como un medio para otro fin, para otro negocio?

La pregunta no es inocua: esta semana dos grupos empresarios que tienen medios de comunicación entre sus unidades de negocios, el Grupo Clarín y el Grupo Vila-Manzano, confirmaron su apropiación de las telecomunicaciones, la luz, el gas y van por el agua, todos negocios mucho más rentables en términos económicos que los portales, radios y canales de televisión. Y, más allá del negocio, todos derechos humanos básicos que pasan a manos privadas que, a su vez, tienen una importante incidencia en la agenda informativa del país.

 

¿No es rentable, entonces, tener medios de comunicación? No es tan así, ya que los grandes empresarios no pecan de ingenuos. Lo que es evidente es que sus medios son funcionales para una estrategia de negocios por fuera del periodismo, sirven para apuntalar y legitimar la concentración de derechos humanos básicos en manos privadas y para, luego, presionar por sus márgenes de rentabilidad a los funcionarios que definen las tarifas de esos servicios públicos.

Los protagonistas son el Grupo Clarín, que confirmó su maniobra para fusionar Telecom y Telefónica y concentrar las telecomunicaciones; y el Grupo Vila-Manzano, ya dueños de la luz con Edenor, que concretó la compra de Metrogas y cuyo socio, Mauricio Filiberti, se apresta a competir por el agua que provee Aysa, de quien ya es el único proveedor de cloro para su potabilización.

¿Qué impacto puede tener que grupos empresarios que tienen medios acaparen tantos servicios públicos? Consultado por El Destape, el doctor en Derechos Humanos y profesor de Políticas Internacionales de Comunicación en la UBA Luis Lozano plantea: “Las operaciones de Metrogas y Telecom-Telefónica no pueden leerse sólo como negocios privados: expresan una nueva ronda de concentración cruzada entre infraestructura esencial, telecomunicaciones y medios, con efectos directos sobre la competencia, la libertad de expresión y la calidad democrática”.

Robo para la corona 2.0

Uno de los grupos empresarios es conocido como Vila-Manzano aunque hace tiempo que el orden de esos apellidos debería invertirse en función del peso propio de cada uno. El primero es Daniel Vila, uno de los dueños metafórica y literalmente de Mendoza, donde cuenta con un fuerte apuntalamiento en medios y también el agua, tierras, el fútbol y hasta petróleo. El segundo, que debería nombrarse primero hace rato, es José Luis Manzano. También mendocino, su nombre llegó a los diarios como referente del menemismo cuando fue jefe de bloque de diputados y luego ministro del Interior y, en aquellos años con tantas similitudes a estos, quedó inmortalizado junto a la frase “Yo robo para la corona”. Tras ese paso por la política partidaria se volcó a los negocios y se transformó en uno de los empresarios más poderosos del país, con intereses más que diversificados.

El grupo Manzano-Vila (ahora sí, más correcto) tiene el Grupo América de medios junto a titular de Swiss Medical Claudio Belocopitt (otro empresario cuyas ganancias son reguladas por el Estado que autoriza los aumentos de las prepagas), Gustavo Scaglione, con quién también se asociaron en la compra de Telefé, y una participación menor de Eduardo Eurnekián (cuyo negocio aeroportuario también depende de decisiones de funcionarios públicos). El Grupo América incluye 5 canales de televisión (América, A24, canal 10 de Junín y los canales 7 de Mendoza y 8 de San Juan), 8 radios (entre ellos la La Red, Blue y varias FM en Cuyo) y 6 portales web. Y todos sus accionistas tienen intereses económicos en negocios regulados por el Estado. 

Pero ese poderío mediático no es el corazón de sus finanzas sino la catapulta para conseguirlas. En 2020, en plena pandemia, el consorcio Manzano-Vila-Filiberti se quedó con Edenor, una de las principales proveedoras de luz. Ya era privada; se la compraron al Pampa Energía, el grupo comandado por Marcelo Mindlin, que decidió concentrarse en la generación de la energía y soltar la distribución. Si bien la operación fue entre privados había una diferencia entre ambos: el comprador tenía medios de comunicación.

Ahora, ese mismo grupo Manzano-Vila-Filiberti que tiene medios y Edenor compró Metrogas, en este caso a YPF, sociedad mixta de control estatal. Y, de nuevo, un grupo de medios se queda con otro servicio público.

Entre ambas maniobras serán dueños de la electricidad, el gas y, pronto, muy probablemente del agua, todos servicios básicos regulados por el Estado. Su rentabilidad, entonces, dependerá de las tarifas que autoricen los gobierno sobre los cuales publicarán en sus medios. ¿Los que publiquen será información periodística o estará relacionado con el negocio que les da más ganancias? Los medios no dan dinero; los servicios públicos sí.

De hecho, Edenor pagará 780 millones de dólares por Metrogas y desplegó una estrategia financiera a través de Obligaciones Negociables (ON), que es la forma en que las empresas toman deuda para hacer inversiones. ¿Cómo va a pagar su deuda Edenor? Depende de las tarifas. ¿Quién regula las tarifas? El Estado. ¿Qué publicarán entonces los medios del mismo holding que depende del Estado para sus ganancias y sus deudas?

Hecha la ley…

Esta situación respecto a qué publicarán los grupos empresarios cuya rentabilidad depende del Estado no es hipotética: está prevista en la ley. Más que prevista, prohibida. Y ambas operaciones, la de Edenor y la de Metrogas, incumplieron la ley 26.522, conocida como ley de Medios.

Está prohibido que los medios de comunicación tengan empresas de servicios públicos. Lo establece la Ley de Medios Audiovisuales en su artículo 25, que resistió a los guadañazos que le propinó Mauricio Macri por decreto a pedido del Grupo Clarín.

Ese artículo dice que, para mantener una licencia de radio o televisión, tienen que cumplir una serie de condiciones. Una de ellas es: “No ser titular o accionista que posea el DIEZ POR CIENTO (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona jurídica titular o accionista de una persona jurídica a quien el estado nacional, provincial o municipal le haya otorgado una licencia, concesión o permiso para la prestación de un servicio público”.

La ley dice que esta propiedad cruzada de medios y servicios públicos está prohibida. ¿Qué sentido tiene la prohibición? El obvio: hay un conflicto de interés cuando una misma empresas tiene medios y servicios públicos. ¿Publicará algo que moleste a quien regula sus ganancias? ¿Lo hará para presionar por el aumento de tarifas?

Esta propiedad cruzada de medios y servicios públicos está prohibida en muchos países. “Hay un evidente conflicto de interés entre la función informativa y la prestación de servicios públicos” afirma Martín Becerra, profesor e investigador del Conicet y la UBA. Consultado por El Destape, Becerra detalló: “La propiedad cruzada entre empresarios de servicios públicos y medios de comunicación es problemática porque reduce la posibilidad de acceso a la información sobre el funcionamiento de esos servicios públicos en la población, ya que es improbable que los medios que gestionan informen de modo imparcial al respecto y que el resto de empresas de medios suele operar de modo corporativo, evitando molestar a uno de los grandes grupos del propio sector. Es decir que permitir la concentración entre medios y servicios públicos recorta aún más el acceso a la información relevante a nivel público en un país ya muy castigado por los ataques a la libre expresión”.

En la misma línea, Lozano plantea: “La propiedad cruzada entre medios y servicios públicos plantea un riesgo estructural: empresas que dependen de tarifas, licencias, autorizaciones, espectro y decisiones regulatorias del Estado pueden utilizar su poder comunicacional para condicionar el debate público sobre las mismas políticas que afectan sus negocios. Se trata de un conflicto de interés sistémico que exige transparencia de beneficiarios finales, regulación independiente y evaluación de pluralismo, además del análisis económico convencional.”

Muy noventas

¿Cómo llegaron Héctor Magnetto y José Luis Manzano a concentrar tanto poder? Consultado por El Destape, el politólogo e investigador de la UNSAM y el Conicet Iván Schuliaquer explicó: “Los recorridos de Clarín y de Manzano son similares y explican bastante el poder real en la Argentina. Los dos surgen de actores políticos y los dos fueron parte del poder público. Los dos se beneficiaron e hicieron negocios gracias a la privatización de bienes públicos. Los dos, también, utilizaron su influencia comunicacional y mediática para conseguir otros negocios mucho más redituables económicamente. O sea, ambos encontraron formas de ser parte del poder permanente en la Argentina sin necesidad de presentarse a elecciones. Su poder se construyó, y se sigue alimentando, de la captura de recursos estatales vía presiones, amenazas y/o acomodamientos con los gobiernos”.

La forma en que Manzano se quedó con Metrogas remite a la metodología que usó Magnetto para captar Canal 13 en los noventa. Carlos Menem no entregó las empresas públicas y los canales de televisión como los recibió. Primero los saneó, con despidos y reordenamiento de sus cuentas, para entregarlos “limpios” a empresarios circunstancialmente amigos.

Una de las primeras privatizaciones fue justamente Canal 13 para el Grupo Clarín. Pero antes de concretarla Clarín puso a uno de sus coroneles, Abel Malloney, como jefe de noticias del interventor Carlos Tau Anzoategui. El hombre de Clarín en Canal 13 aún del Estado tuvo como tarea lo que hoy se conoce como pasar la motosierra. Lo mismo hizo María Julia Alsogaray en Entel antes de privatizarla en dos partes, hoy reunificadas por el mismo Magnetto de entonces.

Las historias se cruzan, ya que cuando Menem dispuso la privatización de los canales Manzano pesaba como diputado. Hubo una fuerte disputa respecto a la participación de capital extranjero en medios argentinos. En su monumental obra sobre la historia de Clarín, Martín Sivak detalla que Manzano proponía poner un tope del 25%, que finalmente “ganó la posición de no permitir el ingreso al negocio de las empresas extranjeras que defendían las firmas argentinas como Clarín” y cuenta que “no faltaron sobresaltos: en una reunión de Gabinete, Rachid (Jorge, primer secretario de Prensa de Menem) comentó que Manzano le había ofrecido una coima para que Franco Macri se quedara con Canal 11 con capitales italianos que aportaría, entre otros, Silvio Berlusconi”.

El contexto de la privatización de los canales eran los indultos a los genocidas que firmó Menem. Clarín, que quería cerrar el negocio, apoyó la medida. Y finalmente se quedó con Canal 13 saneado.

El propio Magnetto dio su única entrevista en televisión para celebrar. Fue con Bernardo Neustadt en el programa Tiempo Nuevo. La charla incluyó un intercambio muy claro sobre la situación:

– Pensamos que tenemos una alta responsabilidad —dijo Magnetto—. Esta es una disminución del gasto del Estado, es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Realmente, que se esté cediendo espacio a la actividad privada en los medios de comunicación es inédito en la República Argentina, donde hemos estado acostumbrados a gobierno que han querido siempre mantener la influencia y, si es posible, tener algo más.

– Y lo hacen al principio y no al final –sumó Neustadt

– Lo hicieron al principio y no al final. Esto está demostrando un convencimiento de los sectores de poder de que es el camino correcto.

– Clarín, que vende un millón de ejemplares, ¿va a tener la misma libertad para decir esto está bien y esto está mal? –preguntó Neustadt

– Creo que sí…la relación entre los medios de comunicación y el poder es una relación no fácil —contestó Magnetto

– ¿A papá se lo va a decir? —canchereó Neustadt

– La libertad que tenemos es la que sabemos ganar y defender –cerró Magnetto

En 1992, cuando Menem cumplió 3 años en el gobierno le hicieron una entrevista en La Nación. Cuando le preguntaron si se arrepentía de algo dijo que de una sola cosa: haber permitido que Clarín se transformase en un multimedio. Ya era tarde. Milei no llegó aún a los 3 años de gobierno pero Clarín ya es más grande de lo que era cuando comenzó la gestión libertaria. Y controlará otro derecho humano básico, como son las telecomunicaciones.

Así como Menem le entregó a Clarín un canal ya saneado, lo mismo pasa con la entrega de Metrogas de Milei al grupo Manzano-Vila. Justo antes de que la privatizaran Metrogas volvió a repartir ganancias después de 25 años. ¿Cómo se explica? Desde que asumió Milei la tarifa de gas natural en AMBA aumentó un 2.185% según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA-CONICET. La energía eléctrica, el negocio de la empresa que compró Metrogas, subió un 568%. Todo autorizado por Milei.

“Todo su recorrido solo es explicable a partir de la privatización de los recursos públicos”, plantea Schuliaquer, y agrega: “Si el Estado argentino fuera propietario de la electricidad, del gas y de las telecomunicaciones, como pasa en Uruguay por ejemplo, estos dos actores del poder permanente de la Argentina no serían lo poderosos que son. Estos actores corporativos no triunfaron por la ‘libre competencia del mercado’, sino por la apropiación direccionada de bienes públicos. Y ahí está la paradoja: estos actores vienen de la política y hacen política, pero no tienen un poder provisorio como tienen los gobiernos. Mientras el poder estatal se erosionaba, el de ellos crecía. Así, cada vez son más poderosos que aquellos con los que tienen que negociar