Y lo hizo con un método tan previsible como polémico, trasladar el problema a las provincias amigas y, de paso, habilitar un nuevo negocio. Porque eso es lo que hay detrás del esquema de concesiones con peajes, un sistema donde el usuario paga dos veces y el Estado nacional se borra.

Durante más de dos años, el ministro Luis Caputo sostuvo el relato del “superávit fiscal” mientras vaciaba, en los hechos, el destino específico del impuesto a los combustibles líquidos. Un tributo que históricamente debía ir a infraestructura vial, pero que terminó siendo una caja para maquillar números.

Hoy, ese mismo gobierno reconoce implícitamente que no invirtió lo necesario en rutas. ¿La solución? Pasarle la factura a otros.

EL DOBLE COBRO COMO POLÍTICA

El esquema es tan sencillo como cuestionable: los argentinos siguen pagando el impuesto a los combustibles, pero ahora además deberán afrontar peajes para circular por rutas que ya financiaron.

No es eficiencia. No es modernización. Es doble imposición disfrazada de gestión.

Y lo más llamativo es que varios gobernadores no solo aceptaron el trato, sino que lo celebraron.

Entre ellos, Maximiliano Pullaro, quien incluso empujó públicamente la posibilidad de hacerse cargo de rutas nacionales. También Martín Llaryora, otro de los beneficiarios del esquema.

La pregunta es inevitable, ¿qué están celebrando?

FEDERALISMO A CONVENIENCIA

Lo que se presenta como un avance del federalismo es, en realidad, un corrimiento de responsabilidades. La Nación recauda, no invierte y luego descentraliza el problema.

Las provincias, mientras tanto, quedan atrapadas en una lógica perversa: hacerse cargo del deterioro o aceptar que sus ciudadanos sigan transitando rutas destruidas.

Pero además, el sistema de concesiones abre otra discusión: ¿quién controla? ¿quién fija tarifas? ¿qué garantías hay de obras reales y no de negocios a costa del usuario?

Porque en la Argentina, la historia de las concesiones viales no es precisamente sinónimo de transparencia ni de eficiencia.

CUANDO LA GESTIÓN ES RELATO

Intentar vender esta medida como un logro de gestión es, como mínimo, un ejercicio de cinismo político.

No hay logro en aceptar que la Nación se retire. No hay mérito en trasladar costos a la gente. Y mucho menos en presentar como solución lo que en realidad es la consecuencia de años de desinversión deliberada.

El Decreto 253 no inaugura una nueva etapa: blanquea una práctica. La de usar recursos específicos para otros fines, deteriorar servicios esenciales y luego privatizar el problema.

Y en ese esquema, los únicos que pierden, una vez más, son los mismos de siempre, los que manejan todos los días por rutas rotas, los que pagan impuestos que no vuelven y los que ahora también deberán pagar peaje para circular por el abandono.