En diciembre de 2015 había 1700 personas detenidas en cárceles. Hoy son 5180. Los lugares de alojamiento son cada vez menos.
Un informe elaborado por el ministerio de Seguridad bonaerense refleja los problemas que arrastra la provincia de Buenos Aires para alojar detenidos por fuera del Servicio Penitenciario.
El trabajo, elaborado por la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, y al que LPO pudo tener acceso muestra el crecimiento en la cantidad de detenidos y, como contraparte, una fuerte caída de los lugares destinados para alojamiento de esas personas. Los números dan cuenta de una situación de extrema gravedad.
En diciembre de 2015 había cupo para 599 detenidos y 1700 personas alojadas. Esta brecha fue creciendo para llegar a julio de 2020 con 106 lugares para 5.180 detenidos.
El problema arrastra años, pero se profundizó notoriamente en los últimos cuatro. Se sabe que las cárceles de la provincia están superpobladas, pero lo que pocos dicen es que también están desbordados los calabozos de las comisarías.
Pero incluso, más allá de los números que muestran un panorama por demás complejo en momentos de pandemia, lo cierto es que los números que reflejan la inseguridad no bajaron durante el gobierno de Vidal. Tampoco el narcotráfico. Eso pone en crisis los resultados de una política agresiva de detenciones en la provincia.
Los conflictos son cada vez más frecuentes aunque muy pocos trasciendan las paredes de las comisarías. En la provincia apuntan al gobierno de María Eugenia Vidal. Puntualmente al ex ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y al procurador Julio Conte Grand.
Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de personas detenidas tiene en relación a su población: 254 cada 100 mil habitantes, una proporción muy superior a la media del país, que es de 186 presos cada 100 mil personas.
Durante el gobierno de Vidal -en particular desde el desembarco de Conte Grand en la Procuración- la cantidad de detenidos creció rápidamente, pero sin sumar lugares para detención.
Hubo algunos intentos de ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, pero el fracaso de los contratos de PPP hizo naufragar los proyectos en danza.
Al asumir frente a la gobernación provincial, Kicillof debió afrontar una huelga de hambre de más de 10 mil internos, que en el último tramo de la gestión de Cambiemos reclamaban por la falta de comida en las penitenciarías.
Días después de la jura, el mandatario creó una «mesa interinstitucional de diálogo» con el objetivo de reunir a todos los actores institucionales del área y evaluar soluciones comunes.
En marzo, en el primer tramo del aislamiento obligatorio, en la provincia ocurrieron una serie de motines en diferentes cárceles de la provincia en el marco de los pedidos de excarcelaciones por el avance de la pandemia del coronavirus.
Los dos más resonantes ocurrieron en Melchor Romero (La Plata) y Florencio Varela, pero también hubo conflictos menos visibles en otras unidades penitenciarias.
Lo ocurrido en el penal de Florencio Varela dejó al Servicio Penitenciario en el centro de la polémica toda vez que en esa revuelta falleció un interno y la autopsia reveló que la causa de su fallecimiento fue el impacto de balas de plomo.