La Iglesia rosarina volvió a poner en agenda su postura contra la prohibición de los cuidacoches, y planteó a través de una carta a las autoridades de la cámara de Diputados santafesino que se tengan en cuenta alternativas a la problemática, como un registro de trapitos y una política de regulación con inclusión social.

«Penalizar estas prácticas puede implicar una forma de criminalización de la ayuda social», subrayó la Iglesia rosarina, que elevó su propuesta alternativa para que los legisladores «escuchen otra versión, siempre con respeto, sin pelear, sino todo lo contrario», marcó el titular de la Pastoral Social de la Iglesia Fabián Monte. El eje del proyecto regulador de la Iglesia se funda en un concepto: «Situaciones legítimas de trabajo informal en la necesidad, y por otro lado prácticas abusivas que requieren intervención estatal y sanción».

La postura eclesiástica le mete presión a un debate sobre un tema complejo que tiene proyectos en danza desde 1994 en Rosario. Ahora, luego de plantear postura en el Concejo Municipal, la arquidiócesis pone en consideración de los legisladores su opinión y una propuesta alternativa a la prohibición.

Justamente, Senadores le dio media sanción a un proyecto del representante por el departamento Rosario, Ciro Seisas, en el que se declara la prohibición de la actividad en toda la provincia y se establece a la vez una serie de medidas para abordar la problemática social y la salud mental de los cuidacoches.

Ahora es el turno de Diputados, con el ingreso formal del expediente y su tratamiento en varias comisiones. En paralelo, el viernes pasado legisladores del oficialismo visitaron la Mesa de Trabajo de Cuidacoches que se constituyó en el Palacio Vasallo a tal efecto.

La iniciativa establece que será cada municipio el encargado de adherir o no a la futura norma para que se efectivice en cada territorio de la provincia. Esto abre la puerta a que muchas localidades de menor población a la rosarina sostengan otros abordajes.

Una carta a la Legislatura

Ayer, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario reveló el contenido de esta carta girada los diputados, que busca sumar su opinión y propuesta ante los temas que hacen a la convivencia democrática. «Por un lado, tenemos a personas que, en un contexto de necesidad, ofrecen de manera libre un servicio (cuidar, lavar o limpiar un vehículo) a cambio de una contribución voluntaria. Esto no es otra cosa que el ejercicio básico de la libertad de trabajo y de contratación. Penalizar esta conducta implica avanzar sobre prácticas que, en sí mismas, no generan daño. Y por otro lado, existen situaciones completamente diferentes: aquellas en las que hay amenazas, coerción o aprovechamiento de la vulnerabilidad y corresponde la intervención del Estado y la sanción. Pero no todo es lo mismo», puntualizó la Iglesia al advertir que se corre el riesgo de cometer «una injusticia: tratar igual al que trabaja en condiciones precarias y al que extorsiona».

Contención antes que sanción

Las autoridades del Arzobispado también marcan el contexto de desempleo e informalidad. «Frente a eso, la respuesta del Estado no puede ser, en primer lugar, la sanción», remarcaron, al considerar que no existe un problema de orden público. Tal como había señalado el propio titular de la diócesis, Eduardo Martin, «la prohibición por sí sola no resuelve el problema. Lo desplaza. Lo empuja hacia zonas con menor control. Lo vuelve más informal y, muchas veces, más conflictivo».

El planteo volvió a ponerse sobre la mesa de debate. Para la Iglesia católica «no parece razonable responder con una prohibición generalizada. El foco debería estar en otro lado: en las organizaciones que sí generan violencia, en los esquemas que explotan o coaccionan, especialmente en contextos como eventos masivos. Ahí es donde el Estado debe concentrar sus esfuerzos. Y paralelamente, debemos pensar alternativas. La experiencia comparada muestra que es posible regular: registrar, ordenar, identificar, establecer reglas claras. Y, sobre todo, acompañar con políticas de inclusión: capacitación, asistencia, acceso al trabajo».

Otro punto de crítica sobre el avance legislativo desde las autoridades eclesiásticas son los tiempos. «¿Qué van a hacer esas personas al día siguiente de la prohibición? Por eso, si se avanza en algún tipo de restricción, debería hacerse de manera gradual, con un período de transición. Empezar por prohibir y después ver qué hacer es, claramente, empezar al revés». En tal sentido se consideró que existe un debate equivocado. «Esto no es trapitos sí o no. Es sobre cómo el Estado distingue, regula y responde frente a la vulnerabilidad. Si solo prohibimos, somos ineficaces. Y si no acompañamos, somos indiferentes».

Lo que propone la Iglesia: iniciativa privada, libertad de contratación

Sobre el tema cuidacoches, la Iglesia afirma que no debe penalizarse a quien ofrece libremente un servicio de cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución económica. «Se trata del ejercicio legítimo de la iniciativa privada y de la libertad de contratación, siempre que el acuerdo no tenga un objeto ilícito ni sea contrario a la moral». Y una vez más, califica a las amenazas una contravención que debe ser penada.

«Cuando existe un acuerdo libre entre partes, sin violencia, amenazas ni abuso de vulnerabilidad, el Estado no debería prohibir ni penalizar la actividad, aunque sí debe regularla», afirma, para calificar de «cuestionable» que el Estado sancione la entrega voluntaria de una contribución económica. «Penalizar estas prácticas puede implicar una forma de criminalización de la ayuda social», se lee en otro documento emanado por el obispado.

Sobre el proyecto de Seisas, se considera que lo «novedoso» radica en extender la sanción a conductas que «no implican daño, lo que supone una ampliación discutible del poder punitivo».

Yendo a lo concreto, la propuesta alternativa se basa en la regulación con un registro de cuidacoches, asignación de zonas de trabajo, identificación, políticas de inclusión para las personas en situación de vulnerabilidad (asistencia social, acceso a la salud, ayuda alimentaria, programas de capacitación e inserción laboral). «Estas acciones deberían implementarse de manera previa o simultánea a cualquier regulación restrictiva», dice el texto, y exige un periodo de transición gradual de las restricciones, y un censo».

«Estamos disponibles para dialogar siempre con respeto y en un marco de disidencia de opiniones y visiones. Respetamos el proyecto en tratamiento pero tenemos distintas posturas. El tema no es pelear, sino buscar soluciones en conjunto», finalizó Monte.