La plata de las jubilaciones y del PAMI se desvía a un fondo para pagar indemnizaciones
El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: las empresas aportarán el 1% (grandes) y el 2,5% (pymes) de su masa salarial, pero el dinero se detrae de las contribuciones que hoy financian el SIPA, la obra social de los jubilados y las asignaciones familiares. Podrá invertirse en deuda pública y no estará disponible hasta 2027. Diputados sindicales ya presentaron un proyecto para derogarlo.
El Gobierno le puso fecha al mecanismo que va a financiar los despidos: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) empieza a funcionar el 1° de noviembre. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo reglamentó por la Resolución General 5907/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1° de octubre, y desde ese día cada empleador privado deberá declarar y pagar una contribución mensual obligatoria sobre su masa salarial: el 2,5% para las pymes y entidades sin fines de lucro con certificado vigente, y el 1% para el resto, incluidas las grandes empresas. El aporte se incorpora a la declaración de cargas sociales (el formulario 931), se paga por volante electrónico y se identifica con un “ID FAL” que ata a cada empleador a un vehículo de inversión colectiva administrado por bancos o agentes de bolsa.
Nada de ese dinero es nuevo. La propia resolución de ARCA detalla que la contribución mensual “será detraída” de las contribuciones patronales que hoy se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al INSSJP —el PAMI—, al Fondo Nacional de Empleo y al régimen de asignaciones familiares. Dicho de otro modo: la misma caja con la que se pagan las jubilaciones, la obra social de los jubilados y las asignaciones familiares es la que va a financiar las indemnizaciones que las empresas deban pagar. No hay un aporte adicional que cubra ese agujero: hay un cambio de destino.
La ley 27.802 —la “Ley de Modernización Laboral” de 218 artículos aprobada en marzo— asegura que el FAL “no modifica, sustituye ni altera el régimen indemnizatorio” y que el empleador sigue siendo el único responsable del pago. Pero uno de los objetivos declarados de la reforma fue abaratar el costo de los despidos, y el nuevo andamiaje financiero apunta justamente a eso: anticipar los fondos que después se usarán para indemnizar. Los análisis jurídicos publicados sobre el nuevo régimen remarcan, además, que el articulado deja afuera el agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio previsto en el artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y el dinero no estará disponible enseguida: la norma fija un período de carencia de seis períodos mensuales completos, por lo que ninguna empresa podrá echar mano de los fondos antes de 2027.
El destino financiero de los aportes es el otro punto incómodo. La Comisión Nacional de Valores reglamentó los vehículos del FAL (Resolución General 1167/2026, publicada en el Boletín Oficial el 16 de septiembre) y quedó habilitado invertir las contribuciones obligatorias en títulos de deuda pública del Estado nacional, con hasta un 15% en deuda provincial y un 20% en obligaciones negociables. Si esos bonos se desvalorizan, ARCA queda eximida de toda responsabilidad y es el empleador el que debe poner de su bolsillo la diferencia para pagar la indemnización completa: el riesgo financiero se traslada a las empresas y el cobro de los trabajadores queda atado al valor de la deuda pública. La norma agrega una “asignación de oficio”: si la empresa no elige un fondo antes del 1° de noviembre, el Estado le adjudica uno por orden cronológico y la administradora puede abrirle cuentas bancarias sin su consentimiento. Y el tope de gastos del 1% anual deja afuera las comisiones transaccionales, las tasas de fiscalización y los gastos por litigios. Las estimaciones oficiales hablan de un fondo de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales.
El contexto tampoco acompaña al relato oficial. La reforma laboral se presentó como una herramienta para crear empleo formal, pero los registros del SIPA muestran 143.458 empleos registrados menos en dos años, 36.531 de ellos posteriores a la sanción de la ley de modernización. La informalidad escaló al 45% en el segundo trimestre de 2026 —el nivel más alto desde que el INDEC publica el dato—, con 574.000 ocupados informales más en un año; la industria perdió 51.800 puestos formales y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabiliza 31.342 empresas cerradas desde diciembre de 2023. La consultora LCG lo resumió sin vueltas: “El empleo registrado sigue cayendo y estas medidas no parecen estar siendo suficientes para compensar el impacto de la menor actividad”. En los últimos días bajaron la persiana la cadena de panaderías Pandanés (25 sucursales y 150 trabajadores despedidos por WhatsApp), la planta de la láctea francesa Savencia en El Trébol, Santa Fe (54 operarios), y la autopartista Clapp en Brandsen, entre otras.
La resistencia ya tiene forma de proyecto. Diputados de extracción sindical y del peronismo —entre ellos Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Jorge Taiana y Santiago Cafiero— presentaron una iniciativa para derogar el FAL y restituir esos recursos al sistema previsional, con un argumento central: “Los despidos no se financian con la seguridad social”. En paralelo, la CGT marchará el 8 de octubre frente a la Secretaría de Industria bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, y las dos CTA convocaron a un paro para fin de mes. Mientras tanto, en París, Javier Milei volvió a pedirles “paciencia” a los grandes empresarios y prometió que si es reelecto “2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”.