La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves 1° de octubre un proyecto del radical Martín Rosua para que la Corte Suprema de Justicia remita “la información y documentación pública” de la resolución firmada por la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarrochena, que declaró la nulidad de un allanamiento en el que fue detenido un adolescente de 17 años. El procedimiento se basó en una investigación desarrollada mediante el sistema de Videovigilancia e Inteligencia Artificial LINCE.

La oposición votó en contra de la resolución. “Es una decisión de un comisario político y estamos absolutamente en contra”, dijo el diputado del Frente Amplio por la Soberanía Carlos del Frade, mientras Lucila De Ponti, del interbloque peronista, apuntó: “Entendemos que el Poder Judicial tiene sus propios mecanismos de control de fallos, esto ha sido revertido por la instancia superior”.

También el bloque Somos Vida manifestó su oposición. La legisladora Silvia Malfesi argumentó que el pedido iba en contra de la división de poderes.

Aguirre Guarrochena declaró nulo un allanamiento realizado en una vivienda de España al 7000, en Rosario, durante la investigación de una balacera ocurrida el 19 de junio contra una casa de Entre Ríos al 6200.

La resolución de la jueza de menores no anuló la investigación ni la imputación del adolescente detenido. Se limitó a examinar la legalidad del ingreso policial al domicilio.

Como habían pasado más de doce horas desde la comisión del hecho, ya no existía una situación de urgencia o flagrancia —en este caso, virtual— que habilitara el ingreso sin autorización judicial.

El procedimiento había sido realizado a partir de un seguimiento efectuado por el sistema Lince, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para reconstruir recorridos mediante cámaras de videovigilancia.

Por este fallo —luego revocado por el camarista Tomás Orso—, la magistrada fue cuestionada por la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes. “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”, dijo la funcionaria de Maximiliano Pullaro.

Ante las críticas que generó el proyecto, Rosua pidió la palabra. “Entendamos lo que estamos defendiendo de fondo”, planteó, y sostuvo que la oposición defendía la liberación de una persona cuya participación en una balacera había sido fehacientemente comprobada mediante registros digitales y de video.

Sin embargo, también aclaró que no se trataba de un ataque a la independencia de poderes. “Como nosotros estamos tratando de combatir esta situación, presentamos un proyecto para que regule la figura del LINCE, para regular este vacío jurídico necesitamos información y qué mejor que pedirla a la Corte Suprema”, argumentó Rosua.

Así lo sostuvo en el proyecto. “La Cámara de Diputados posee competencia para requerir información a los restantes poderes del Estado cuando ello resulte necesario para el ejercicio de sus funciones constitucionales de control”, dice el texto de la iniciativa presentada en julio por Rosua.

También aclara que el pedido “no procura revisar decisiones jurisdiccionales, sustituir la función de los jueces ni interferir en procesos judiciales en trámite, sino únicamente acceder a información institucional que permita evaluar el funcionamiento del Sistema LINCE”.

La explicación no convenció a Del Frade ni a Malfesi, que volvieron a pedir la palabra. “No tenemos la más mínima competencia para revisar sentencias judiciales”, dijo la diputada de Somos Vida.

“Para nosotros tiene algo preocupante, que es la idea del Ejecutivo de avanzar sobre el Poder Judicial y el Legislativo, ya habíamos dicho que la sumatoria de los votos no sea considerada la sumatoria del poder público”, expresó Del Frade.