El incumplimiento del Gobierno nacional con el financiamiento de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe abrió un nuevo capítulo en la disputa entre la Provincia y la Casa Rosada. Ante la interrupción de las transferencias comprometidas por la ANSES, el bloque de diputados del justicialismo reclamó que Santa Fe solicite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales en las causas iniciadas contra el Estado nacional por la deuda previsional.

El pedido quedó plasmado en un proyecto de comunicación presentado en la Legislatura por el diputado Marcos Corach y acompañado por los integrantes del interbloque justicialista. La iniciativa sostiene que, al no cumplir la Nación con los compromisos asumidos, dejó de existir el presupuesto que justificaba mantener paralizados los expedientes judiciales.

El conflicto tiene como antecedente el acuerdo firmado en abril entre Santa Fe y el Gobierno nacional y aprobado posteriormente por la Ley provincial 14.398. Ese convenio estableció el pago de 12 cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos destinadas al financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, a cambio de que la Provincia suspendiera los juicios que tramitan ante la Corte por la deuda previsional.

El acuerdo incluía una condición expresa: la suspensión de los procesos quedaba vinculada al cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. Según el planteo del peronismo, el cese de los giros por parte de la Anses habilita ahora a Santa Fe a solicitar que se reanuden las actuaciones judiciales.

Corach había cuestionado desde el comienzo las condiciones del convenio y, en particular, la decisión de suspender las causas judiciales a cambio de un esquema de pagos que consideraba insuficiente frente al monto total reclamado por la Provincia. Ahora, tras el incumplimiento denunciado, sostiene que Santa Fe debe utilizar nuevamente la vía judicial para defender los recursos de su sistema previsional.

“Santa Fe no puede sostener de forma unilateral una concesión tan gravosa mientras Nación incumple sin consecuencias”, afirmó el legislador. Y agregó que mantener congeladas las causas ante la Corte implicaría “desproteger de manera irresponsable el patrimonio de nuestra provincia”.

El diputado también apuntó contra la estrategia política del gobernador Maximiliano Pullaro frente al gobierno de Javier Milei. “Pullaro es fuerte con los débiles y débil con los fuertes”, sostuvo, al cuestionar el ajuste aplicado en la provincia y contrastarlo con lo que considera una postura demasiado moderada frente al incumplimiento de la Nación.

El proyecto lleva las firmas, además de Corach, de los diputados Omar Perotti, Celia Arena, Walter Agosto, Sonia Martorano, Verónica Baró Graf, Lucila De Ponti, Miguel Rabbia y Alejandra Rodenas.

Desde el justicialismo remarcaron que el planteo no supone abandonar ni romper el acuerdo alcanzado con Nación, sino hacer valer una de sus propias cláusulas frente al incumplimiento. En esa interpretación, la posibilidad de retomar los juicios no sería una decisión unilateral para desconocer lo firmado, sino la consecuencia prevista en el mismo convenio para el caso de que alguna de las partes dejara de cumplir sus obligaciones.

La disputa por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones constituye uno de los principales reclamos económicos de Santa Fe frente al Estado nacional. La Provincia sostiene que Nación mantiene una deuda vinculada con el déficit previsional generado por el sistema provincial y reclama recursos para sostener el funcionamiento de su régimen jubilatorio.

Con el corte de las transferencias, el peronismo busca ahora que el gobierno de Santa Fe abandone la suspensión de las acciones judiciales y vuelva a impulsar los reclamos ante la Corte. El objetivo, según el planteo legislativo, es recuperar los recursos previsionales adeudados y evitar que el incumplimiento nacional quede sin respuesta institucional.