Esa tormenta plantea una pregunta: ¿es sostenible el ajuste en las cuentas públicas vía licuación? ¿Qué ocurrirá cuando la caída en la recaudación obligue a nuevas podas del gasto? ¿Qué dificultades puede traerle al Gobierno la eliminación del DNU vigente? Con el Pacto de Mayo, ¿el presidente Milei intenta construir un atajo político para atravesar el período más difícil del ajuste?

FMI, dólar y ajuste

El planteo se revela más importante toda vez que el propio Gobierno viene de agitar que «la lucha contra el déficit fiscal es la madre de todas las batallas». Es por ahí donde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda quieren que se los siga. No por nada, el globo de ensayo que es el Pacto de Mayo propuesto por el presidente pareciera condensar gran parte de su quintaesencia en esas cuestiones.

Por un lado, equilibrio fiscal y reducir el gasto público a nada menos que un 25% del PBI; por otro, una reforma tributaria para bajar la presión impositiva y otra reforma, laboral, para hacer el resto del ajuste. También propone discutir la coparticipación (punto más conflictivo); una reforma previsional (jubilación privada) y la apertura al comercio internacional, entre otras propuestas.

Las dudas también se filtran por ese lado. Si la economía va camino a una recesión brutal y las reformas del Gobierno por ahora sólo apuntan a utilizar más la licuadora que la motosierra, ¿qué tipo de superávit podrá ofrecer en el futuro? ¿Cómo administrar un Estado que será desfinanciado pero cuya estructura persistirá?

El pedido de Georgieva y Yellen

El FMI se dio cuenta rápido. Pidió mayor apoyo institucional a las reformas en marcha. Se lo exigió al Gobierno. También Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Sugirió, a la vez, un cambio de estructura para obtener el superávit: más consistencia social y menos discrecionalidad.

Es el origen del Pacto de Mayo. El Gobierno busca que las provincias lo “ayuden” a recortar el gasto, mientras los sube a una mesa de diálogo con la zanahoria de la Coparticipación y la amenaza del freno a las transferencias directas. Una mesa de diálogo con las provincias que ponga a salvo el DNU.

Los gobernadores ya han avisado que no habrá colaboración para empujar la ley ómnibus. De todas formas, el Gobierno compra tiempo para mantener el DNU vigente. Hay que recordar que el DNU de Milei deroga numerosas leyes para garantizar abastecimiento de alimentos, da de baja regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas, flexibiliza las operaciones en dólares y, aunque por ahora en suspenso, flexibiliza el mercado laboral.

También se derogan leyes que favorecían la promoción industrial en zonas desfavorecidas, impedían la privatización de empresas públicas o regulaban el comercio exterior, entre otras.

Por Julián Guarino