Desde el Parlasur advirtieron que no se comprende la demora en la justicia uruguaya para ordenar la extradición del primer prófugo del macrismo.
En ese expediente se investiga «la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción».
En mayo de este año, la jueza Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.
El principal operador judicial del macrismo espera en la capital uruguaya una decisión de la justicia de ese país que determine si tiene que ser extraditado hacia la Argentina, luego de que una comisión ya dictaminara en contra de su petición de ser considerado en Uruguay como refugiado político.
“Lo que hace es lo mismo que hace Macri al negarse a declarar. Todo es una táctica dilatoria”, acusó hoy Laborde y agregó que “siempre que la comisión que analiza los pedidos de refugio político llega a una resolución, la justicia uruguaya lo respeta, y en este caso la comisión falló en contra del pedido para que Rodríguez Simón sea considerado un refugiado político”.
Además del pedido de la justicia argentina para que sea extraditado desde Uruguay, Rodríguez Simón enfrenta en el Parlasur un pedido para ser removido de su cargo.
En este proceso político, en 15 días debería estar preparado el dictamen de la comisión del Parlasur que analizó su situación, requisito previo para que el caso sea tratado por el pleno del cuerpo.

