La Fundación Pensar, el centro de estudios identificado con el PRO, publicó un informe con críticas sobre la evolución de la economía y los efectos sociales del modelo impulsado por el gobierno de Milei. El trabajo, titulado «Atrápame si puedes – Parte II», sostiene que la estabilización macroeconómica ya no resulta suficiente para consolidar apoyo social y plantea que el desafío pasa ahora por lograr que el crecimiento económico alcance a la mayoría de la población.

El documento, difundido este lunes, introduce una advertencia que adquiere especial relevancia porque proviene de un espacio político que acompañó buena parte de las reformas económicas impulsadas por la administración nacional. La principal señal de alarma aparece en el nivel de endeudamiento de los hogares. Según el informe, las familias argentinas atraviesan el mayor peso relativo de deuda de las últimas dos décadas, mientras el crédito destinado al consumo comienza a reemplazar ingresos que no logran recuperar el poder adquisitivo perdido durante el ajuste.

La conclusión expone una tensión que distintos informes privados y estadísticas oficiales vienen reflejando desde hace meses. Mientras la inflación desaceleró respecto de los niveles registrados durante 2024 y parte de 2025, la mejora macroeconómica no tuvo un traslado homogéneo hacia los ingresos de todos los sectores sociales. El resultado es un escenario donde conviven algunos indicadores financieros positivos con un consumo todavía debilitado y una creciente utilización del crédito para afrontar gastos corrientes.

«La estabilización económica ya no alcanza; el desafío es que el crecimiento llegue a la mayoría», resume el trabajo elaborado por la Fundación Pensar. Esa definición funciona como eje de un diagnóstico que procura describir cómo perciben distintos sectores sociales la evolución del programa económico. El informe comienza con una caracterización de la realidad social y sostiene que «la Argentina social quedó partida entre quienes ya sienten alivio, los que todavía esperan, aquellos que se adaptan como pueden y los que sienten que el ajuste les cayó directamente encima». A partir de esa descripción, divide a la sociedad en cuatro grandes grupos.

En el primer segmento ubica a los llamados «ganadores tempranos», integrado por quienes poseen activos, capacidad de ahorro o participan de sectores económicos favorecidos por el nuevo contexto. En segundo lugar aparecen los «esperadores», conformados principalmente por sectores de la clase media formal que todavía no registran mejoras importantes pero mantienen expectativas positivas respecto del rumbo económico.

El tercer grupo está integrado por los «ajustados», una categoría en la que el informe ubica especialmente a sectores de clase media baja que perdieron capacidad de consumo sin haber ingresado necesariamente en una situación de pobreza. Finalmente aparecen los «perdedores directos», donde la Fundación Pensar incluye a jubilados que perciben el haber mínimo, trabajadores informales y empleados públicos, tres sectores cuyos ingresos evolucionaron por debajo de la inflación acumulada en distintos momentos del proceso de ajuste.

Uno de los aspectos centrales del trabajo es el crecimiento del endeudamiento familiar. Según el documento, «el récord de endeudamiento familiar muestra una de las principales tensiones del momento económico. La tarjeta y los préstamos personales funcionan cada vez más como un complemento del salario, donde se registra deuda de corto plazo utilizada para financiar consumo, cubrir gastos cotidianos y llegar a fin de mes».

Ese diagnóstico coincide con una tendencia observada durante los últimos meses en el sistema financiero. El crecimiento del crédito al consumo fue presentado por el Gobierno como una señal de recuperación de la actividad. Sin embargo, distintos especialistas vienen señalando que una parte importante de esos préstamos no financia bienes durables ni inversiones familiares, sino gastos habituales que anteriormente podían afrontarse con ingresos corrientes.

En ese contexto, el informe sostiene que el peso de la deuda de los hogares alcanzó su nivel más elevado en veinte años, una situación que introduce nuevos factores de vulnerabilidad para amplios sectores de ingresos medios y bajos. Cuando el crédito deja de cumplir una función de expansión del consumo y comienza a utilizarse para cubrir necesidades básicas, el margen financiero de las familias se reduce y aumenta la dependencia de refinanciaciones permanentes.

El documento incorpora además una columna firmada por Hernán Lacunza bajo el título «Para llegar al destino, el camino importa». Allí el exministro de Economía analiza los costos distributivos del programa económico y presenta una comparación entre distintos sectores sociales. «Entre fines de 2023 y la primera mitad de 2026, los perceptores de asignación universal por hijo vieron duplicado su beneficio, pero los jubilados, con bono complementario, perciben 15 por ciento menos de haberes, los empleados públicos un 17por ciento menos de salario real y los profesores universitarios un 26por ciento. La obra pública se redujo 80 por ciento y se sitúa en mínimos históricos», señala el economista. Lacunza sostiene que los instrumentos elegidos para alcanzar esos objetivos tuvieron impactos muy diferentes según el sector social considerado.

El trabajo también incorpora un análisis elaborado por la consultora Mora Jozami, quien realiza un balance social de la gestión económica. Allí sostiene que «la economía muestra ganadores más claros que hace un año. Pero la Argentina social sigue partida». En la misma línea agrega que «el gobierno logró construir una narrativa de orden. Ahora necesita construir una experiencia de mejora».

Según el estudio, el 49 por ciento de los jóvenes asegura que el salario no alcanza para cubrir sus necesidades. Entre los adultos en actividad, el 46 por ciento manifiesta temor a perder el empleo y el 44 por ciento afirma haber resignado consumos habituales para adaptarse al nuevo contexto económico. Entre los adultos mayores, el 60 por ciento expresa su intención de votar por un cambio de gestión en las elecciones presidenciales de 2027.

El relevamiento también analiza la situación del mercado laboral. La informalidad alcanzó al 44,2 por ciento de los ocupados durante el primer trimestre de 2026, con un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. En el empleo público, el salario aumentó 1,5 por ciento mensual en mayo, por debajo del índice general de salarios y también por debajo del crecimiento registrado por el sector privado no registrado.

El informe agrega que la desocupación se ubicó en 7,8 por ciento durante el primer trimestre del año, mientras la subocupación alcanzó al 11,1 por ciento y los ocupados que buscan otro empleo representaron el 15,8 por ciento del total. Esa combinación describe un mercado laboral donde no sólo preocupa la falta de trabajo, sino también la calidad de los empleos existentes y el deterioro del poder adquisitivo.