Justicia

El abogado de la vicepresidenta solicitó que se realicen varias medidas de prueba

Atentado a Cristina Kirchner: En busca de los contactos políticos de los atacantes

En su primera presentación ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti, la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por José Manuel Ubeira, entregó datos y pidió que se investigue un posible hilo conductor que parte de un mensaje o una llamada de Gabriel Carrizo y que estaría ligado a un referente del PRO. También habría requerido medidas destinadas a rastrear cómo y de quién obtenía financiamiento el grupo que supuestamente vendía copos de azúcar. Carrizo aparece como una figura con liderazgo en el intento de asesinato de la vicepresidenta y, como reveló Página/12, no sólo hablaba del tema con Brenda Uliarte, quien según el juzgado fue la persona que adquirió la pistola Bersa calibre .32 que utilizó Fernando Sabag Montiel, sino que después del ataque seguían tramando planes para matar a CFK. Su abogado había planteado la nulidad como prueba del contenido de su teléfono, pero el pedido fue rechazado por la jueza Capuchetti.

Las cuatro personas detenidas hasta ahora –Sabag Montiel, Uliarte, Carrizo y Agustina Díaz— aparecen comprometidas en distintas dimensiones del intento de magnicidio mismo (la tentativa del homicidio, la planificación, la inteligencia previa en la zona o el encubrimiento), pero todavía es un enigma si estuvieron motivados o convocados por alguna organización o alguien vinculado a alguna agrupación y cuál era su fuente de recursos. La pesquisa trata de reconstruir lazos más allá de ese núcleo.

La información entregada por la querella podría conducir hacia las filas o las cercanías de un sector de Juntos por el Cambio. Por estos días generó suspicacias la coincidencia de que dos de los abogados de Carrizo están vinculados a esa fuerza política: Gastón Marano trabajaba hasta esta semana como asesor de Ignacio Torres, senador por Chubut de esa fuerza y miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia, con acceso a información sensible; Brenda Salva había sido designada en mayo como asesora de la diputada del PRO Karina Ethel Bachey. Ambos fueron desvinculados de esos cargos.

Otro dato llamativo es que los defensores oficiales de Uliarte y Sabag Montiel dejaron vencer el plazo de apelación de sus procesamientos. Capuchetti los procesó por tentativa de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, además de la portación ilegal de armas. Este encuadre excluye la dimensión política del intento de asesinato y lo limita a un delito común. Es decir, no contempla la concepción del hecho como un atentado al orden constitucional y la tranquilidad pública, un acto de terrorismo, o lo dejaría librado a una instancia posterior de juicio oral.

Grupos violentos

Por lo pronto de los detenidos se conocen sus simpatías por agrupaciones de ultraderecha, participaban de grupos de whatsapp de «odiadores» antigobierno y en ciertos casos con expresiones filo nazis. Uliarte en particular estuvo presente en la violenta marcha de las antorchas del 18 de agosto, que tenía entre sus organizadores a la agrupación Revolución Federal. El juez Marcelo Martínez de Giorgi venía investigando incitación al odio y la violencia por parte de esa agrupación, cuyos integrantes pedían «cárcel», «bala», «muerte», entre otras cosas. El viernes a última hora decidió mandarle el expediente a Capuchetti señalando posibles conexiones con el intento de magnicidio y advirtió que no se puede considerar que “el plan delictivo haya finalizado ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la vicepresidenta o de otros funcionarios”. Es posible que la jueza rechace el planteo de conexidad.

Hay otra causa en trámite, también emparentada con Revolución Federal. Está a cargo del juez federal Ariel Lijo y ahora bajo secreto de sumario. Se abrió por la detención por un rato de un referente de la organización, Leonardo Sosa, el 23 de agosto, cuando fueron a hacer una especie de contra movilización para atacar a quienes manifestaban su respaldo a CFK tras el pedido de condena en la causa Vialidad. Sosa rompió una valla y revoleó trozos de madera. Al policía porteño que trataba de detenerlo lo atacó otra persona, Natanael Reinstein Menin, que en su mochila llevaba una bomba molotov, que se peritó y estaba apta para explotar. La pesquisa detectó también por imágenes de la Ciudad de Buenos Aires que ya había arrojado una molotov antes, pero no se logró determinar adónde impactó.

No a la nulidad

En sintonía con el fiscal Carlos Rívolo y con la querella de CFK, la jueza Capuchetti rechazó el planteo de nulidad que había hecho el abogado de Carrizo respecto del uso como prueba del contenido de su celular. El hombre había entregado el teléfono cuando se presentó a declarar como testigo el 5 de septiembre, el día posterior a la detención de Uliarte. Fue junto con el resto del grupo de supuestos vendedores de copos de azúcar. Por la reconstrucción de sus mensajes es evidente que se presenta para intentar despegarse y aprovecha que una mujer, que figura en sus contactos como Mara Desiree, le manda un mensaje donde le cuenta que Uliarte le había confesado que había estado en las inmediaciones del departamento de CFK cuando Sabag intentó matarla y que estaba orgullosa. Carrizo exhibió ese mensaje en el juzgado. Después aceptó dejar el celular sin ningún reparo y proporcionó su clave, igual que el resto.

Para rechazar el planteo la jueza destacó que se había presentado a declarar sin que lo citaran con el argumento de que tenía «elementos de interés para la investigación en razón del vínculo que mantenían con Sabag Montiel y Uliarte». En ese entonces, dijo la magistrada, no había elementos que lo comprometieran, por eso tampoco se interrumpió su declaración. Al hablar no se autoincriminó ni se le hicieron preguntas que dieran pie a eso. En suma, «no se vislumbra afectación alguna a la garantía», concluyó Capuchetti.

Después, en el celular de Carrizo, se hallaron chats de enorme relevancia. Uno de ellos, con su hermanastra, Andrea, da cuenta de que él mismo habría entregado una segunda arma, calibre 22, para cometer el asesinato, que luego no fue utilizada. Tiene numerosas conversaciones con Uliarte, a quien convoca a donde vivía en Barracas, junto con otro hombre del grupo, Sergio Orozco. Todo indica que ella le devolvió ese arma y la descartaron. Según su procesamiento, había sido ella también quien adquirió la pistola Bersa que utilizó Sabag. Carrizo y Uliarte comparten conversaciones donde maldicen porque no salió el disparo y ella dice «la próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sé disparar bien, no me tiembla la mano». Carrizo incluso después comenta a otras personas que tenía pensado «terminar el trabajo».

Agustina Díaz

Díaz, con quien Brenda Uliarte tenía una relación de confidentes (y, se cree, de pareja) está detenida a raíz de mensajes que evidencian que habría estado al tanto del plan de magnicidio. Este miércoles amplió su indagatoria, en esencia, para decir que no había estado en las cercanías de la vivienda de CFK ni el 1 de septiembre ni los días previos. Buscó desligarse de la inteligencia y la preparación del atentado. También, al parecer, contó que Uliarte le decía que Sabag sabía disparar pero lo descalificaba y se jactaba de que ella no habría fallado, algo que aparece en los mensajes con Carrizo. Cuando  la detuvieron, a Díaz le exhibieron mensajes donde Uliarte le anticipaba lo que ocurriría –con frases del estilo «hoy me convierto en San Martín»–, algo que ella en esos intercambios no cuestionaba. Es más, Díaz se quejaba en los mensajes: «¿Por qué mandaste a ese tarado?», en alusión al disparo fallido. Cuando declaró por primera vez dijo que en realidad Uliarte le parecía una fabuladora y que nunca la tomó en serio.

Este jueves habrá una audiencia en la sala I de la Cámara Federal –que integran los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens— por el pedido de excarcelación de Díaz.

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

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